Prosiguen las dificultades de la investigación en España, debido a la crisis, los recortes y las dificultades financieras de los centros. El País lleva el tema a su portada con el titular El Gobierno adelantará pagos para salvar al CSIC del colapso. Y La Vanguardia también se fija en el tema en páginas interiores: El CNIO plantea echar a más de 60 empleados.
El diario de Prisa cuenta que el Ministerio de Economía y Competitividad planea adelantar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dinero de los proyectos de investigación ya asignados para salvar la institución del colapso. La idea, que la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha expuesto a los directores de los institutos del CSIC, es dotar de liquidez a dicho organismo, que necesita un rescate de 100 millones de euros y de los que ha recibido hasta ahora 25. El adelanto de la financiación de los proyectos científicos supondrá unos 44 millones de euros, según informó ayer el portavoz de los directores, Juan Lerma. Se trata, explicó, de hacer en agosto o septiembre, en lugar de diciembre, los pagos de los plazos correspondientes de proyectos trienales de investigación del Plan Nacional de I+D+i obtenidos por los científicos (en las convocatorias 2010, 2011 y 2012). Tan mal está la cosa que cuatro meses deben suponer un alivio.
Pero esta medida de emergencia desplaza a 2014 el problema, ya que se trata de dinero necesario para desarrollar la labor investigadora comprometida en los proyectos científicos, por lo que debe de ir unida a un compromiso financiero de cara a 2014. La situación es crítica en los centros. El problema del CSIC, la mayor institución científica de España radica en el recorte continuado que viene sufriendo en las transferencias que recibe del Estado, sumando ya unos 500 millones de euros desde 2009 (30% de su presupuesto). A finales de 2012, el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, advirtió de que, aun con un plan de austeridad riguroso, el organismo necesitaba 100 millones de euros para mantener su funcionamiento. El pasado 28 de junio, el Gobierno aprobó los primeros 25 millones, sin concretar fechas para el resto del dinero y limitando la financiación extraordinaria a 75 millones en total. Así que las cuentas no salen y Lora-Tamayo define la situación de “cataclismo”, concluye El País.