La Generalitat negocia con un grupo japonés privatizar el Hospital Clinic, el segundo más grande del sistema sanitario catalán. Esta es la noticia que abre el diario El Economista, que titula: Mas busca ceder la gestión del Hospital Clinic a un grupo japonés. Y subtitula: Contacta también con un hólding sueco para privatizar en régimen de concesión. La operación, diseñada por la Administración catalana, contempla la separación de la propiedad del inmueble y de los terrenos, que seguirán siendo públicos, de la gestión de las instalaciones, que sería privatizada mediante un régimen de concesión.
Según el rotativo económico, fuentes sanitarias ha afirmado que las negociaciones entre el Departamento de Sanidad y el grupo inversor se encuentran en fase avanzada, aunque han aparecido algunos obstáculos. Al parecer, la Administración pretende privatizar la gestión del hospital en bloque, mientras que los inversores pretenden quedarse sólo con aquellos servicios sanitarios que son rentables o que tienen recorrido para serlo con una gestión privada. Dentro de este grupo se encontrarían los especialistas, los laboratorios del centro, los servicios de diagnóstico por la imagen o los quirófanos. Por el contrario, el comprador estaría menos interesado en los servicios hospitalarios más asistenciales como los relacionados con geriatría.
Por otro lado, el copago sigue dando de qué hablar. El País titula en su portada: El copago ahoga a los jubilados, y subtitula: Los pensionistas pagan 384 millones en fármacos. Las comunidades autónomas ahorraron el año pasado 552 millones de euros con los nuevos tramos del copago farmacéutico que entraron en vigor en julio. La mayor parte, 384,22 millones, recayó en el bolsillo de los pensionistas.
Según el diario nacional, asociaciones de mayores y médicos de familia han denunciado en los últimos meses que muchos pensionistas están renunciando a tratamientos ante la imposibilidad de afrontar el copago, que para la mayoría de los nueve millones de pensionistas es del 10 por ciento del coste de los fármacos (con un tope de ocho o 18 euros al mes, en función de la renta). Solo quedan exentos los 500.000 que cobran pensiones no contributivas, mientras que los 361.000 pensionistas con ingresos superiores a 100.000 euros al año pagan el 60 por ciento de sus medicamentos.