Llevamos unos días pendientes de Cádiz, a raíz de las noticias sobre el futuro del Hospital Militar San Carlos, por cuyo uso civil están luchando los habitantes de la zona. Hoy encontramos en la prensa un dato que explica el fundamento de la demanda ciudadana y vuelve a sembrar de dudas uno de los grandes males del Sistema Nacional de Salud: la deficiente planificación sanitaria en no pocas provincias y servicios de salud.
El 60% de los pacientes que el SAS deriva a la concertada son de Cádiz, titula a toda plana La Voz de Cádiz. Y añade en el subtítulo: La provincia es la que mayor número de enfermos trata en centros conveniados de toda Andalucía. Parece evidente que Cádiz tiene una notable carencia de infraestructuras públicas y el Servicio Andaluz de Salud debe ingeniárselas para que sus ciudadanos sigan recibiendo la atención sanitaria mediante el apoyo de la sanidad privada. De ahí que el traspaso del hospital militar a la red pública, como se ha hecho en otros lugares, sea una buena oportunidad de reequilibrar los recursos.
¿Y quién cubre la asistencia sanitaria en la zona? Hay cinco clínicas repartidas por la capital, El Puerto, Jerez, Sanlúcar y Villamartín, propiedad del grupo Pascual, que como afirma el periódico “asume un pilar muy importante de la asistencia gaditana”. En efecto, Pascual es uno de los nombres más controvertidos de la sanidad privada española, por su tendencia a buscar espacios donde el sistema público no llega con suficiencia para construir y desarrollar su oferta sanitaria. Esa dinámica, perfectamente legal, ha disgustado en ocasiones a algunas administraciones sanitarias, que han tenido que ir a rebufo de la iniciativa del grupo privado en la planificación de los recursos.
Un caso muy conocido hace años fue el de Zafra, en Extremadura, una localidad con una histórica reivindicación para disponer de hospital propio, nunca del todo atendida por la Administración. Hasta que irrumpió en la escena Pascual. Pero esta es otra historia…