Por Raquel Puerta Ardiz, médico de Cuidados Paliativos del Hospital Centro de Cuidados Laguna, de Madrid
Los avances científicos de la medicina y de la sanidad han propiciado un aumento de la longevidad, y una mejora considerable de las condiciones generales del envejecimiento. La Unión Europea presenta una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con cerca de 79,4 años de vida media. Esta situación es fruto del avance de la comunidad médica europea y de la sociedad en general, capaz de cuidar y atender a sus mayores con más éxito, beneficiándose así de su experiencia, conocimientos y vivencias. De este modo, partimos de un fundamento ontológico y antropológico esencial: la defensa de la vida como un bien, dedicando especial énfasis al bien que supone la vida humana. Este concepto es esencial en las disciplinas médicas y sanitarias, que se dedican esencialmente a buscar lo que es óptimo para la vida humana.
En este contexto, son especialmente llamativas las últimas resoluciones legislativas en esta materia en el continente americano y europeo: la victoria de la ley, denominada End of Life Choice Bill, en el Estado de Vermont, y el fallo del Tribunal de Estrasburgo, al solicitar a Suiza que “defina con claridad en qué casos una persona, en plena posesión de sus facultades, puede exigir la prescripción de una sustancia que le ayude a morir”, independientemente de que la persona en cuestión que concurría a la consulta del Tribunal no padeciera ninguna enfermedad, más allá de superar la edad de 80 años. En este caso, la argumentación expuesta por el Tribunal ha sido que “no se debe forzar a prolongar la vejez o a vivir en estados de decrepitud física o mental, que entran en conflicto con las nociones dominantes de la autonomía y la identidad personal".
Ante esta situación, deberíamos reflexionar acerca del papel de las instituciones políticas y sanitarias: si su función no es, precisamente, promover avances que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, en vez de plantearse el suicidio como la salida más garantista, y en ocasiones la única salida, en momentos en los que sus habitantes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como en el proceso de envejecimiento o enfermedad. Debemos considerar en este aspecto que la naturaleza de la persona no queda mermada por el deterioro de su estado físico, psíquico o emocional. Independientemente de esto, toda vida humana es siempre digna, y por tanto, el deber de las instituciones es garantizar que sus ciudadanos cuentan con todos los medios técnicos, humanos y profesionales, especialmente si se encuentran necesitados de por su situación física o emocional.
Habría que plantearse qué temor impulsa a una persona a hacer esta reivindicación, esgrimiendo como argumento que tiene 82 años; y si la promoción de mejores políticas sociales, o recursos adecuados, no contribuirían a evitarlo. A este respecto es también muy reciente la resolución de Irlanda sobre la misma materia, aunque con un resultado radicalmente opuesto: hace apenas un mes, se ratificaba el veto al suicidio asistido, asegurando que el suicidio es un 'problema social' con 'terribles consecuencias' para las familias y la sociedad. Los magistrados irlandeses consideraron que la decisión de ratificar el veto estaba 'justificada desde el punto de vista del interés público', pues contribuye a proteger a los 'más vulnerables'.
Ese tribunal aseguró que existe un "riesgo real" de que, incluso con las más "estrictas salvaguardas", la legalización del suicidio asistido impidiera proteger adecuadamente a los más vulnerables, como "los ancianos y los pobres", quienes "podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad". Este tipo de planteamientos no es falaz. De hecho, se ha constatado que el 78 por ciento de las personas que solicitaron la muerte asistida en Bélgica tenían edades comprendidas entre los 60 y los 85 años, según la Belga News Agency. Entre 2011 y 2012 el número de casos de muerte asistida que se declararon en ese país se incrementó en más del 25 por ciento, según ha hecho pública la Comisión Federal de Control y de Evaluación de la Eutanasia en febrero de 2013. Sin embargo, el último estudio publicado al respecto certificaba que los equipos de Cuidados Paliativos sólo se consultaban en un 9 por ciento de los casos necesarios (Pereira J., Current Oncology, 2011).
Por ello, las instituciones deberían convertirse en adalides de los derechos fundamentales, entendiendo como el más fundamental de todos el derecho a la vida, y promoviendo políticas de acceso a los servicios sociosanitarios básicos y especializados. Y es que, como decía Ann Landers, “el grado de civilización de una sociedad y una cultura se mide por los medios con que protege a sus ciudadanos”