Los médicos contra el tráfico de órganos

Sumidos en la barahúnda crónica inducida desde hace más de un año por la Covid 19, pasan casi desapercibidas determinadas noticias o tomas de postura sobre aspectos importantes de la práctica médica, que en condiciones normales habrían merecido una mayor atención.

Una de ellas fue la celebración telemática de la 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), con sede nominal en la ciudad española de Córdoba, a finales del pasado año. El hecho de ejercer de anfitrión y la posición dominante de nuestro país en el tema de los trasplantes de órganos indujo hace ya tiempo a la Organización Médica Colegial (OMC), siempre en íntima conexión con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), a poner encima de la mesa un tema como el del tráfico de órganos y el ineludible papel que en el mismo juegan algunos médicos por acción u omisión. El resultado ha sido la aprobación de una "Declaración de la AMM sobre las medidas para la prevención y la lucha contra los delitos relacionados con los trasplantes".

El problema del tráfico de órganos o su más políticamente correcta denominación: el turismo de trasplantes es el resultado de la enorme desproporción oferta-demanda en la disponibilidad de órganos en relación con el número de enfermos que podrían beneficiarse de ellos. Las cifras, aunque bastante cabalísticas por ausencia de datos fiables respecto a la necesidad de trasplante en gran parte del mundo, hablan por si solas: unos dos millones de personas podrían beneficiarse anualmente de estas terapéuticas en el mundo, mientras que la actividad global no supera los 150.000, de acuerdo con los datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante (GODT), desarrollado por la ONT por delegación de la OMS. O lo que es lo mismo, de cada 100 enfermos que pueden necesitar un trasplante, al final lo reciben siete. Por el contrario, el liderazgo mantenido de España durante 28 años se traduce en que de cada 100 enfermos que entran en lista de espera en nuestro país, lo reciban más de un 90%.

"En el mundo, de cada 100 enfermos que pueden necesitar un trasplante, lo reciben 7. En España, de cada 100 que entran en lista de espera, lo reciben más de un 90%"

Todo un clásico del desequilibrio Norte-Sur. Esta disparidad entre oferta y demanda ha llevado a la emergencia de delitos relacionados con los trasplantes tales como la trata de personas con fines de extracción de órganos y el tráfico de órganos humanos. En suma, ciudadanos ricos o de países ricos que necesitan un órgano para vivir y ciudadanos pobres o de países pobres dispuestos a vender ese órgano de forma más o menos voluntaria o bien tras clara coacción, para poder comer. Todo ello aderezado por la globalización, la fácil conexión vía internet y las fáciles comunicaciones, al menos hasta que apareció la Covid (hasta esto está cambiando). Se desconoce el verdadero alcance de los delitos relacionados con los trasplantes por razones obvias en una actividad delictiva, pero se estima que entre el 5 y el 10% de los trasplantes a nivel mundial tienen lugar en el contexto del comercio internacional de órganos.

Errores médicos en el tráfico de órganos

Una característica distintiva de los delitos relacionados con los trasplantes es la necesaria participación de los profesionales de la salud, lo cual ofrece una oportunidad única para prevenir y combatir estos delitos. Desde luego sin el equipo médico-quirúrgico que lleve a cabo la intervención fraudulenta, ésta no es posible, pero además son clave en la evaluación de potenciales parejas de donantes vivos y receptor y en general en todo el proceso. Un sentimiento paternalista y de buenismo malentendido con “su” enfermo hace que no pocos médicos a lo largo del mundo contemplen con indulgencia que alguien decida comprar un órgano para trasplantarse, sin importarle a quien ni como, e incluso hacen todo lo posible por ayudarle (lo he podido observar en varias zonas del mundo). Además, debido a que los pacientes que reciben un trasplante requieren atención especializada a largo plazo, los médicos deben enfrentarse al desafío que supone prestar asistencia a los pacientes que han recibido un órgano en otro país, a través de medios ilícitos.

La AMM enfatiza en la Resolución aprobada en Córdoba a lo largo de 18 Recomendaciones, la responsabilidad de los médicos en la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos y el importante papel que desempeñan, junto con otros profesionales de la salud en ayudar a las organizaciones internacionales, asociaciones médicas y los legisladores a luchar contra estas actividades delictivas.

Establece claramente la obligación de no realizar intervención alguna en los casos en que el origen del órgano no esté establecido o bien sea claramente delictivo, además de ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias. De igual manera cuando se trate de un paciente tratado de forma ilegal en otro país, se le deberá prestar siempre la oportuna atención médica, pero notificándolo igualmente a las autoridades sanitarias tal como se hace con una intervención realizada legalmente. Establece además cuando se trate de una donación de vivo, la necesidad de descartar el pago o la coacción al potencial donante, negándose a llevarlo a cabo en caso de no poder verificarlo.

A todo ello se une la recomendación de instar a los distintos países a suscribir cuantos convenios internacionales están ya en vigor para luchar contra el tráfico de órganos y a colaborar para promover la donación altruista y por tanto aspirar a la autosuficiencia.

Se trata en suma de un reconocimiento explícito de que esta lacra no sería posible sin la complicidad o la tolerancia de determinados médicos y que solo un acuerdo generalizado de todos los profesionales puede ponerle cerco y acabar de una vez con esta forma macabra de explotación del ser humano. Así de simple, pero muy importante si conseguimos entre todos que se cumpla.