Para un sistema público de cobertura universal como el español, y además crónicamente infrafinanciado, las
listas de espera son un fenómeno obligado. El ciudadano contribuye a la sostenibilidad de este sistema, además de con sus impuestos económicos con otro más sutil, pero a veces mucho más doloroso: el tiempo de espera hasta recibir un diagnóstico o un tratamiento, que en ocasiones puede ser hasta de años. Es una desproporción oferta-demanda que se puede gestionar mejor o peor por parte de los responsables, pero que al final siempre tiene su raíz en una
insuficiencia de recursos humanos y/o materiales.
En los trasplantes de órganos, el factor determinante fundamental es la disponibilidad de los mismos, pero tanto en este caso como en las esperas quirúrgicas, médicas o de pruebas diagnósticas es necesario tener y aplicar unos criterios claros, establecidos con el concurso de expertos y con el mayor consenso posible con pacientes y sociedades científicas. La gravedad del caso (no siempre fácil de establecer a priori) y la antigüedad en lista suelen combinarse de distintas formas, aunque es evidente que no hay una forma única ni universal porque de existir, sería adoptada en todo el mundo sin discusión, cosa que desde luego no ocurre.
Sin embargo, hay dos cosas que siempre deben ser exigibles a la autoridad sanitaria so pena de mala gestión en el manejo de los tiempos de espera con inevitables perjudicados en favor de otros más afortunados: los
criterios que se utilicen, cualesquiera que fueren
deberán siempre poder ser explicados por quien los decida y a la vez poder ser
verificados por terceros.
Vacuna del herpes zoster en España
Viene todo esto a colación con motivo de un
documento sobre el herpes zoster elaborado por un grupo de expertos y emitido por el Ministerio de Sanidad y después trasladado a las distintas comunidades
entre ellas a la de Madrid que es la que me toca. El documento es muy correcto y detallado y
describe perfectamente lo que significa el herpes zoster en España, su incidencia y morbilidad medida en hospitalizaciones, crecientes ambas de una forma muy clara y prácticamente lineal a partir de los 50 años, así como los claros beneficios que se derivan de la administración de la
vacuna recombinante.
Si nos vamos a lo que dicen los CDC las recomendaciones son la administración de dos dosis de la vacuna recombinante contra el herpes zóster (
RZV, Shingrix) para prevenir el mismo y las complicaciones relacionadas en los adultos de 50 años o más. También se recomienda esta vacuna para los adultos de 19 años o más que tengan el sistema inmunitario debilitado a causa de una enfermedad o terapia.
Pero claro, aquí llega el
encontronazo entre la ciencia y la realidad. Las dos dosis necesarias de la vacuna recombinante tienen en España un
PVP de 435€, aparte de que la disponibilidad internacional de ningún medicamento nuevo es ilimitada. De aquí que la
edad de corte elegida por el Ministerio fuera en el momento de elaboración del documento (2021 para comenzar a vacunar en 2022) los
65 años, lo que en principio parece razonable. En todo caso representa un desafío económico significativo porque de los 48 millones de habitantes censados a principios de 2023, el 20,74% (9.955.000 personas) tenían más de esta edad, lo que representaría que en el improbable caso de que todo el mundo se vacunase,
el coste superaría los 4.000 millones de euros para toda España.
"Los responsables sanitarios estatales y autonómicos se inventan un calendario de vacunación frente al herpes zoster en el que en lugar de priorizar a los de mayor edad [...] se comienza por los de 80 y 65 años dejando por una parte a los mayores de 80 y por otra a un numeroso grupo entre los 67 y los 74 años en tierra de nadie y que ven como se está vacunando gente más joven y con menos riesgo mientras a ellos se les deniega"
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Los responsables sanitarios estatales y autonómicos coinciden esta vez en que
no se puede vacunar a todo el mundo de golpe por motivos económicos y de disponibilidad de vacunas, pero aquí llega lo incomprensible del asunto: se inventan un calendario de vacunación en el que en lugar de priorizar a quienes según su propio documento y toda la evidencia científica tienen mayor riesgo (los de mayor edad), y
establecen unos criterios cabalísticos que desde luego no están argumentados en el documento y para los que nadie ha ofrecido una explicación razonable. Las indicaciones recogidas en el protocolo son, aparte por supuesto de priorizar a los pacientes inmunodeprimidos por cualquier causa:
“Incorporar la vacunación sistemática frente a HZ con la vacuna HZ/su en la población general en la cohorte de 65 años en el año 2022, tras confirmación de disponibilidad de dosis. En función de la disponibilidad de dosis se captará y vacunará al menos una cohorte por año comenzando por la cohorte que cumple 80 años y descendiendo en edad hasta alcanzar a la primera cohorte que se vacunó a los 65 años”.
Es decir, se comienza por los de 80 y 65 años dejando por una parte a los mayores de 80 y por otra a un numeroso grupo que en 2023 se situó entre los 67 y los 74 años en tierra de nadie y que
ven como se está vacunando gente más joven y con menos riesgo mientras a ellos se les deniega. Si piden explicaciones le aclaran cargados de razón, que son las instrucciones de la consejería (me ocurrió tanto en mi centro de salud como en el Colegio de Médicos de Madrid y conozco casos similares).
En la línea de lo irracional de la situación, me atrevo a sugerir a los responsables sanitarios ministeriales y autonómicos, por una vez en este tema muy coordinados, que valoren la
posibilidad de distribuir las vacunas por sorteo, atendiendo por ejemplo en el rango de edad considerado, a que el reintegro del gordo de Navidad coincida con la tarjeta sanitaria o el DNI.
Sería igual de absurdo, pero al menos le daría más emoción y resultaría mucho más entretenido.
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