La larga marcha del donante vivo

¿Conseguirá por fin el gobierno aprobar en esta legislatura una normativa que proteja a los donantes vivos de órganos, algo que lleva ya rodando de despacho en despacho más de 7 años? Veamos cómo está el asunto.

Situación actual de los trasplantes de órganos en España

Cuando hablamos de trasplantes de vivo lo hacemos básicamente del riñón y de fragmentos de hígado, ya que aunque pulmón, páncreas o intestino son teóricamente posibles, nunca se han hecho en España, están considerados como experimentales y tienen un uso muy limitado o están en claro desuso.

Mientras que en donantes fallecidos España ostenta el liderato mundial desde el lejano año olímpico de 1992, el trasplante de vivo se mantuvo en cifras bajas durante muchos años, en gran medida condicionado por el boom del trasplante de cadáver que siguió a la creación de la ONT. De hecho, en el año 2000 se hicieron tan solo 19 trasplantes de riñón y 10 de hígado de donante vivo, unos porcentajes ínfimos en relación con el total de intervenciones realizadas. Sin embargo, en lo que va de siglo las tendencias han cambiado por completo, En el caso del hígado, las cifras subieron hasta alrededor de 25 al año, casi todos de padres a niños pequeños, con buenos resultados, pero la terapia anti-virus C en la última década lo cambió todo. La lista de espera general disminuyó drásticamente, pasando de una media de 1.000 a tan solo 400 pacientes, lo que ha permitido una reducción muy significativa de los tiempos de espera y de la necesidad de recurrir al donante vivo, ante la mayor disponibilidad de hígados, de manera que el pasado año tan solo se hicieron 2 trasplantes de este tipo.

Evolución del trasplante renal y sus ventajas

El riñón en cambio ha evolucionado en dirección opuesta. Hoy sabemos que el trasplante de vivo es la mejor opción que le podemos ofrecer a un enfermo con insuficiencia renal, con una expectativa media de funcionamiento sensiblemente superior (19,2 años) a la que ofrece el de riñón de persona fallecida (11,7 años). Además, el trasplante representa en costes para el sistema, un ahorro de unos 150.000€ por enfermo durante sus cinco primeros años de funcionamiento si se le compara con la diálisis y siempre con una supervivencia mayor que aquella. Por otra parte, tanto en el caso del hígado como en el del riñón, el trasplante de vivo obvia la necesidad de encontrar un donante fallecido, acelera los tiempos y ahorra un órgano para otros enfermos.

Con todas estas ventajas en mente, la decidida acción conjunta de ONT, profesionales del trasplante y asociaciones de enfermos consiguió desde principios de siglo, dar la vuelta a la situación, de manera que ya en 2014 se pasó de las 400 intervenciones anuales y el pasado año se hicieron 435 trasplantes renales de donante vivo, cifra máxima hasta ahora y que ya representa cerca de un 12% respecto al total lo que nos acerca a las cifras de los países más experimentados en este tema y lo que es más importante, mientras continúa el ascenso del trasplante de persona fallecida.

Desafíos y problemas de la donación en vivo

Pero ventajas aparte, la donación en vivo plantea también algunos problemas que es necesario solucionar si de verdad la queremos potenciar. Los donantes son personas sanas, pero que precisan de exploraciones analíticas y radiológicas a veces prolongadas, seguidas de los trámites legales y el ingreso hospitalario para la cirugía con un postoperatorio que sobre todo en el caso del hígado puede complicarse y alargarse. Este proceso produce indefectiblemente ausencias laborales que en el caso de empleados públicos no suelen generar excesivos desajustes pero que en las empresas privadas y ya no digamos entre los autónomos, los originan con frecuencia.

Estas situaciones se bandean hoy día mediante la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común, algo no muy coherente pues el donante, por definición, no padece enfermedad alguna y que además deja algunos aspectos por cubrir. Mientras que la donación de vivo era casi testimonial en España, el problema estuvo latente, pero el crecimiento de actividad experimentado en el presente siglo junto con las dificultades que trajo consigo la crisis económica del 2008 lo hizo aflorar. Tanto la ONT como las asociaciones de enfermos comenzaron a mover el tema a mediados de la década pasada mientras que el caso de un despido laboral y diversos conflictos entre empresas y trabajadores donantes pusieron de manifiesto que se trataba de un problema real que había que afrontar, sobre todo si realmente se apostaba por impulsar la donación de vivo.

Planteado formalmente el problema en 2017 a la entonces ministra de sanidad Dolors Montserrat, se generó una proposición no de ley en el Congreso que no llegó a cristalizar en nada concreto por el cambio de gobierno. Han pasado 7 años y 7 ministros/as de sanidad y el problema sigue sin solucionar aunque el tema ha salido a la luz en diversas ocasiones, siempre como si estuviera a punto de resolverse. Aparte la escasa duración de los mandatos ministeriales y la inanidad de los sucesivos inquilinos del Paseo del Prado, lo cierto es que, para solucionar un problema en apariencia nimio, son necesarias reformas legales de cierto calado que afectan a varios ministerios y departamentos de un peso específico bastante superior al de sanidad y con pocas ganas por parte de su equipo funcionarial de que nadie les ponga tareas (seguridad social, trabajo, defensa, función pública y justicia). La falta de voluntad gubernamental para solucionar el problema se pone de manifiesto si pensamos que en la pasada legislatura, que no completó los 4 años, se aprobaron en las Cortes 215 textos legales, a más de uno por semana, sin que se encontrara un hueco a tiempo para este tema.

"¿Cómo es posible que, existiendo un amplísimo consenso legal y parlamentario, la solución de los problemas de los donantes en vivo, cuya existencia todo el mundo reconoce desde hace ya bastantes años, siga demorándose sine die?"

Lo cierto es que tras varias iniciativas frustradas, el pasado 28 de mayo, se producía la aprobación por unanimidad (algo ciertamente insólito) de una proposición de ley impulsada por el PSOE con el fin de mejorar la protección de los donantes vivos de órganos para trasplantes. Ya el pasado año se votó la misma proposición con análogo resultado, pero todo quedó en nada por el adelanto electoral. No es extraño que uno de los diputados calificara la votación como “el día de la marmota” al tiempo que señalaba lo obvio: ¿Cómo es posible que, existiendo un amplísimo consenso legal y parlamentario, la solución de un problema cuya existencia todo el mundo reconoce desde hace ya bastantes años, siga demorándose sine die?

La proposición de ley prevé una cobertura legal, laboral y económica a las ausencias laborales necesarias para la fase previa al trasplante y el periodo de realización del mismo junto con el postoperatorio y posibles complicaciones, proporcionando una incapacidad temporal especial que garantice la percepción del 100% de su sueldo, sin que para todo ello sea exigible un periodo mínimo de cotización previa, lo que sin duda solventaría la situación. Para llevarla a cabo se prevé la modificación de cinco artículos de la Ley General de la Seguridad Social, así como de uno del Estatuto de los Trabajadores, aparte la renovación de otros reglamentos de cobertura social que afectan de manera particular a empleados públicos, militares, mutualistas, funcionarios civiles del Estado o de la Administración de Justicia (maravillas de la burocracia administrativa).

Desde el punto de vista cuantitativo es un tema muy pequeño. Aunque en principio se consideró la posibilidad de incluir la donación de médula y progenitores hemopoyéticos, bastante más numerosos, pero con procesos mucho más livianos que los órganos, finalmente se decidió limitarla a éstos últimos. Ello quiere decir que el año pasado fueron 437 casos y no es probable que estas cifras crezcan en proporciones significativas. Desde luego no es un problema económico y las ventajas para este colectivo serían evidentes.
La propuesta está en la mesa, aunque aún le queda un largo camino de trabajo parlamentario, siempre con la espada de Damocles de la convocatoria de elecciones y la vuelta a la casilla de salida. Esperemos que la parálisis legislativa actual no haga que de nuevo en el limbo de los justos.