La convivencia público-privada en trasplantes

La clave del crecimiento continuo de nuestro sistema de trasplantes ha radicado en gran medida en su capacidad de innovación sobradamente demostrada a lo largo de los años. Valga como ejemplo que el muy importante crecimiento conseguido en los últimos 4 años, el mayor en la historia de la ONT, tuvo sus raíces en dos decisiones adoptadas en 2008 y que supusieron un giro copernicano en la donación de órganos: la asistolia (más o menos la cuarta parte de los donantes actuales) y la participación de los urgenciólogos en la detección de donantes potenciales (otra cuarta parte). La frase de Einstein: “Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes”, resulta aquí paradigmática: si siguiéramos actuando como en los noventa tendríamos la mitad de los donantes que hay en la actualidad.

Por ello, una de las medidas más relevantes y positivas de la nueva dirección de la ONT es el planteamiento del 'Plan Estratégico 50 x 22', así denominado por pretender llegar a los 50 donantes por millón de habitantes en el 2022, algo que en mi opinión se alcanzará mucho antes y que ya han logrado bastantes CCAA en 2018.

Una de las medidas innovadoras emprendidas es el acuerdo institucional con la sanidad privada para que ésta contribuya en una mayor medida a la donación de órganos en sus hospitales. El tema no es nuevo porque los centros privados han venido contribuyendo de una forma irregular, pero a veces importante al número de donantes de algunas comunidades. Por ejemplo, Baleares donde el peso de la sanidad privada es muy considerable ha tenido en algunos años más del 25 por ciento de sus donantes detectados en las clínicas privadas, aunque la donación se haya producido finalmente en un hospital público al acceder la familia a su traslado.

Lo que si es realmente innovador de esta iniciativa es la institucionalización de esta relación, extendiéndola a todo el estado, y con la posibilidad de acreditar para donación a aquellos hospitales privados que así lo soliciten, bien con sus propios medios o tutelados por centros públicos de referencia.

La implicación de la sanidad privada en la donación puede y debe contemplarse desde una doble vertiente. Por una parte, debe considerarse como un deber de la población que recurre a la misma puesto que si necesitan un trasplante lo van a conseguir en igualdad de condiciones en la sanidad pública. La máxima de la ONT de que todo el mundo debe donar porque todos lo podemos necesitar adquiere aquí una vivencia ejemplificadora. El hecho de que haya habido comunidades con un peso importante de la privada como Madrid y Cataluña, donde la colaboración no ha sido especialmente brillante, lo que ha hecho de facto es amputar un porcentaje nada desdeñable de la población al sistema de donación y ello ha contribuido a que, pese a liderar ambas la actividad trasplantadora española gracias al balance positivo del intercambio de órganos, sus índices de donación hayan estado a una distancia muy significativa de las comunidades líderes en este campo.

Pero, por otro lado, los ciudadanos tienen el derecho a ser donantes siempre que ello sea posible, con independencia de donde fallezcan y el sistema debe hacer todo lo posible para que puedan ejercitar esa última voluntad. A su vez, el enorme prestigio nacional e internacional de nuestro sistema de trasplantes puede y debe hacerse extensivo a los hospitales privados y éstos deben considerar su acceso al sistema de donación y la acreditación para la misma como un plus de calidad de indudable valor a la hora de calificar un centro hospitalario.

Como era de esperar, no han faltado las críticas en redes sociales a esta medida por quienes hacen notar que si la ONT ha llegado donde ha llegado ha sido precisamente por permanecer inmune a los intereses crematísticos de la medicina privada (lo cual es muy cierto), o los que yendo un paso más allá, auguran que con esta medida se da pie a una privatización del sistema. Debe quedar muy claro es que estamos hablando de la contribución de los hospitales privados al número total de órganos donados, pero nunca de que en ellos se vayan a realizar trasplantes que deben seguirse realizando íntegramente en el sector público y ser controlados por el mismo.

Es fundamental recalcar que todos los trasplantes de órganos se realizan en hospitales públicos salvo tres en Madrid, Barcelona y Navarra con actividad anterior a la creación de la ONT y que en todo caso, están sometidos a las mismas normas de distribución de órganos y demás controles y por tanto actúan a todos los efectos como públicos.

No existe en España el trasplante privado de órganos por estar sometidos éstos a una dinámica de escasez que hace que por elevadas que sean las donaciones, la demanda va a ser siempre superior. Otra cosa son los trasplantes de tejidos o de progenitores hemopoyéticos en los que al no existir esta desproporción oferta/demanda, no hay ninguna razón para que el sector privado no tenga un papel y en ocasiones muy relevante en muchas zonas de España.

En suma, la implicación del sector privado en la donación constituye una medida positiva y necesaria para el sistema y desde luego no implica ningún riesgo de privatización del mismo.