Opinión

El coste de un Gobierno interino


Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes
Una mirada crítica

09 julio 2019. 14.15H
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A la hora de escribir estas líneas, aún no se sabe si en España vamos a tener un gobierno acorde con el resultado de las últimas elecciones generales, o si por el contrario habrá que repetirlas (serían las cuartas en cinco años) y continuar en funciones hasta por lo menos el año que viene. Se cumpliría así un periodo de alrededor de 4 años trufado de gobiernos en funciones o en el mejor de los casos sin mayoría parlamentaria para acometer ningún proyecto relevante, con múltiples elecciones, sesiones de investidura, mociones de censura y todo tipo de espectáculos parlamentarios que han servido, aparte de para gozo de tertulianos, para vestir una realidad difícilmente discutible: nuestra clase política ha sido manifiestamente incapaz de ponerse de acuerdo para gobernar de una forma estable en al ámbito estatal. No en vano los políticos han pasado a ocupar el segundo lugar en las preocupaciones de los ciudadanos en la última encuesta del CIS, alcanzando las máximas cotas en este negativo ranking, desde el año 1985, y ya desde Bruselas se emiten de nuevo señales de inquietud a la vista del panorama.

"Tuve que esperar más de un año desde que anuncié mi deseo de jubilarme como director de la ONT hasta que lo pude llevar a cabo por la falta de un gobierno medianamente estable"

Y sin embargo, en los distintos aspectos del día a día y por supuesto en sanidad, la vida pasa, los hospitales funcionan, los empleados cobran su sueldo…y eso nos puede hacer pensar que el gobierno estatal es claramente prescindible. Pero no es así. He tenido ocasión de vivir desde la ONT varios de estos periodos de interinidad al frente de un organismo, que obviamente no puede parar ni alterar su funcionamiento diario por estas u otras frivolidades, pero que al mismo tiempo sufre en múltiples aspectos la ausencia de un gobierno “regular”. Como anécdota, tuve que esperar más de un año desde que anuncié mi deseo de jubilarme hasta que lo pude llevar a cabo, no porque administrativamente fuera imposible hacerlo sino ante la necesidad de garantizar una sucesión adecuada, algo inviable sin un gobierno medianamente estable.

Pero obviamente estas cuitas son lo de menos. La interinidad supone de entrada mirar solo el día a día, aunque esto sea ya mucho. Nada importante se puede afrontar a medio o largo plazo porque los presupuestos vienen prorrogados del año anterior y no hay capacidad legislativa para hacer leyes o decretos salvo el recurso de los Real Decreto Ley que, aunque se hayan puesto de moda en los últimos meses, se reservan o deberían reservarse a circunstancias de urgencia que no cuadran con la labor legislativa habitual.

La Administración en piloto automático


Así las cosas, la administración se ve impelida a moverse en plan piloto automático, resolviendo el día a día, pero incapaz de afrontar ningún proyecto nuevo que precise un soporte presupuestario (o sea casi todo, recuérdese que estamos con los presupuestos de 2017 que igual nos tienen que servir otro añito más), o bien requiera un soporte legal. Aunque determinadas normativas de bajo rango pueden aprobarse en estas situaciones, lo cierto es que las puertas de quienes pueden hacerlo tienden a cerrarse por una mala entendida prudencia que les hace entrar en una especie de parálisis general progresiva en espera de mejores tiempos.

"Los altos cargos tienen tendencia a pegarse al sillón y no arriesgar lo más mínimo, no vaya a ser que se signifiquen y queden mal colocados para la próxima"

Los altos cargos tienen tendencia a pegarse al sillón y no arriesgar lo más mínimo, no vaya a ser que se signifiquen y queden mal colocados para la próxima. Queda eso sí, la labor de representación, la presencia en actos varios, la atención a la prensa y otras actividades más o menos intrascendentes que dan la impresión de que las cosas funcionan normalmente, aunque sea metafísicamente imposible que así ocurra. Cualquier promesa o proyecto emitido en estas condiciones debe mirarse con todos los interrogantes del mundo. De las reformas de calado necesarias para avanzar o al menos evitar el deterioro del sistema, casi mejor ni hablamos.

Si la sanidad no se para es en gran medida porque las competencias asistenciales están en las comunidades y éstas en su mayoría si van sucediendo gobiernos estables gracias no a una mayor capacidad de entendimiento sino a unas legislaciones menos barrocas que la estatal. Sin embargo, esa diferencia de velocidades que como hemos visto ha pasado de coyuntural a habitual contribuye muy poco al buen gobierno y a la estabilidad del sistema.

La falta de liderazgo de la administración central con respecto a las autonómicas en materia sanitaria, una de las cosas que se le echan en cara y casi siempre con razón, se acrecienta en estas situaciones y crea un movimiento centrífugo que tiende a desestructurar aún más nuestro ya fragmentado sistema nacional de salud.

En suma, nada bueno se deriva de la inestabilidad política que vivimos y a la que parece que ya nos hemos acostumbrado. Es hora por tanto de exigir a los políticos que hemos votado (cualesquiera que sean) que se pongan de acuerdo para hacer aquello por lo que les pagamos: gobernar.

Y por cierto, en estas situaciones creo que se puede apreciar un poco más lo que hemos conseguido en materia de donación y trasplantes: 17 comunidades a lo largo de 30 años, caminando en una sola dirección acordada por todos y coordinadas por un organismo del ministerio: la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES.

Así de sencillo, así de insólito.
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