¿Por qué hablan de gestión cuando solo quieren decir política?

A lo largo de mi trayectoria como médico hospitalario o como gestor sanitario, no creo haber dado muestra alguna de ser favorable a la privatización de la sanidad. Haber mantenido el sector de la donación y el trasplante de órganos en el plano estrictamente público durante las últimas tres décadas (no sin intentos en contra) o por ejemplo preservar un sector tan sensible como la donación de médula frente a las acometidas privatizadoras de multinacionales y pese a fuertes presiones a derecha e izquierda, creo que deja bien clara mi postura, por encima de cualquier proclama, a la que algunos son tan aficionados en este tema.

El pasado 14 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el llamado “Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Se trata de una ley ómnibus, que tendrá que ser debatida aún en el parlamento, en el que se incluyen medidas tan dispares como una discreta extensión de la atención bucodental, la eliminación de determinadas contribuciones en prestaciones ortoprotésicas, la participación de los pacientes, el anuncio de una serie de inversiones o el reconocimiento de la asistencia sanitaria a cualquier persona con independencia de su situación legal o a españoles en el extranjero. No voy a entrar en la idoneidad o no de estas medidas cuya implementación es a fin de cuentas una cuestión económica y puestos a gastar dinero, mejor en sanidad que en algún que otro desvarío.

Pero lo que Moncloa, a través de la ministra de Sanidad, resaltó al anunciar este proyecto es que “blinda la sanidad pública y la gestión directa como el modelo a seguir en el Sistema Nacional de Salud. Esta gestión es la que realizan las Administraciones Públicas -estatal, autonómica y local-, las entidades que constituyen el sector público institucional o consorcios de titularidad exclusivamente pública”, y que "la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta… siempre motivada objetivamente y solo cuando no sea posible la gestión directa", Será el Consejo Interterritorial el órgano encargado de establecer los criterios de acuerdo con los que se evaluarán estas motivaciones.

Hasta aquí hacia donde apunta el centro de la ley, con todo su prolijo envoltorio. De entrada su viabilidad parece dudosa porque son muchos los grupos parlamentarios que no es probable que la apoyen, y no solo los de la oposición sino dentro de la coalición gubernamental y adyacentes, algunos por considerarla insuficiente, los catalanes por manifiesta incompatibilidad con su sistema de salud donde la gestión directa que tanto se idolatra en la norma no alcanza más allá de la tercera parte de sus recursos (salvo que se abogue por alguna “excepción catalana”) y veremos si al PNV le convence la idea. Además, la manifiesta intrusión en competencias autonómicas más que consolidadas, dejando el arbitraje y la decisión al Consejo Interterritorial (?) pronostican recursos de inconstitucionalidad como de hecho ya ha anunciado la Comunidad de Madrid (se supone que si la aprueban).

"Cualquiera que haya tenido la responsabilidad de gestionar asistencia sanitaria 'directa' en España (no es el caso de Darias ni creo que de la gran mayoría de su equipo o de su grupo parlamentario), es muy consciente de la insuficiencia de las reglas de juego que nos hemos agenciado, del grado de esclerosis de las mismas y de la manifiesta inferioridad en que al menos en agilidad de gestión nos encontramos frente al sector privado"

Cualquiera que haya tenido la responsabilidad de gestionar asistencia sanitaria “directa” en España (no es el caso de Darias ni creo que de la gran mayoría de su equipo o de su grupo parlamentario), es muy consciente de la insuficiencia de las reglas de juego que nos hemos agenciado, del grado de esclerosis de las mismas y de la manifiesta inferioridad en que al menos en agilidad de gestión nos encontramos frente al sector privado. Por contra, el sector público posee el sello de oficialidad, los medios y los boletines estatales o autonómicos, lo que sin duda es mucho, pero eso no evita que en no pocas situaciones, sea más sensata (y económica) la colaboración con el sector privado que su estrangulamiento que parece ser lo que persigue esta ley.

Gestión directa vs gestión indirecta

No hablo de oídas. Como responsable durante cuatro años de la asistencia sanitaria de 14 millones de personas en 10 CCAA durante la etapa final del antiguo INSALUD, dirigí un equipo que tuvo que gestionar aparte la primaria y la especializada (y comprobar las evidentes dificultades derivadas de las rigideces del sistema), una subdirección de conciertos que suponía alrededor de un 15% del presupuesto asistencial. De ella dependían aspectos tan poco relacionados con lo que se entiende por privatización como financiar los conciertos sustitutorios de hospitales que cubrían un área sanitaria como el Gregorio Marañón (entonces único hospital importante dependiente de la Comunidad de Madrid) o la Fundación Jiménez Diaz entre otros muchos de casi todas las comunidades: pura gestión indirecta.

Pero además, los conciertos eran y siguen siendo la mejor solución para una serie de necesidades que muy difícilmente se pueden afrontar mediante gestión directa (transporte sanitario, hemodiálisis, ventiloterapia, muchas pruebas diagnósticas…). El objetivo social de un servicio de salud es garantizar una buena asistencia, y no precisamente comprar, mantener y renovar vehículos, aparatos de ventiloterapia o cualquier otro tipo de asistencia domiciliaria, o establecer unidades de diálisis en lugares apartados donde se tengan que desplazar diariamente médicos y enfermeras desde el hospital matriz: si se pone a ello lo hará peor y más caro. De igual manera la demanda creciente de pruebas diagnósticas, sobre todo radiológicas, no pueden suponer la hipertrofia sin límite de los servicios hospitalarios y los conciertos son la solución más rápida, económica y racional para muchas indicaciones. Lo mismo podría decirse de las intervenciones no urgentes incluibles dentro de la “lista de espera quirúrgica”. Se debe potenciar al máximo la capacidad quirúrgica hospitalaria, pero siempre vamos a ir por detrás de la demanda y en muchos casos la asistencia concertada es la solución más idónea.

Mantener a capa y espada el control público del sistema nacional de salud es algo con lo que me identifico plenamente, pero ello no puede ni debe impedir una colaboración con el sector privado en una serie de aspectos en los que tanto el pragmatismo como el simple sentido común aconsejan hacerlo así. Lo demás es mera política ideologizada, no muy bien informada y, debo decir que un tanto rancia.