La judicialización de la sanidad

Recientemente el BOJA (Boletín Oficial de Junta de Andalucía) ha publicado el Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se da cumplimiento a la Sentencia de 3 de junio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia, Sala de Sevilla, relativa a jornada para el personal de centros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. Es decir, a instancias del TSJA, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido que “mojarse” y definir con 3 años de retraso la forma de aplicación del aumento de jornada a 37,5 horas semanales.

Todas las fuerzas sociales llevamos años pidiendo que esto ocurra y la Administración nos ha ignorado sistemáticamente. Han hecho falta centenares de sentencias de los distintos juzgados de primera instancia y decenas de sentencias del TSJA para hacerles rectificar. No sabría calcular cual es el coste real de todos estos procesos pero el hecho (sea cual sea el montante total) es que se ha “despilfarrado” el dinero público para mantener un empecinamiento irracional. A estos gobernantes nuestros este aspecto no les afecta en absoluto, al fin y al cabo, ellos no han de sufragar estos costes, ya lo hacemos los contribuyentes (los mismos a los que ignoran).

El acuerdo publicado en el BOJA no tiene desperdicio. Viene a decir que lo han hecho todo bien, que se ha negociado y se sigue negociando correctamente, que no entienden el por qué de estas sentencias pero que no tienen más remedio que respetarla y, por este motivo, publican este acuerdo. O dicho de otra forma: acatan “a regañadientes” la sentencia y siguen manteniendo que ellos están en posesión de la verdad y son los tribunales quiénes se equivocan.

Pero lo más grave es que el hecho de que la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía se vea obligada a cambiar su posicionamiento debido a pronunciamientos del TSJA o Tribunal Supremo no es, desgraciadamente, un hecho aislado. Recordemos, por ejemplo, como después de la STS 1751/2012, el SAS tuvo que rectificar su política en cuanto a la carrera profesional o como otros aspectos importantes de la política y gestión sanitaria en Andalucía han sido anulados, matizados o considerados no ajustados a derecho por la judicatura (unificación de órganos directivos hospitalarios, sistemas de libre designación para cargos intermedios, imposición de la jubilación, concesión de determinados días de libre disposición, etc.).

La situación de la política sanitaria en Andalucía ha llegado al absurdo, hasta el punto que en temas trascendentales, son los tribunales los que están reconduciendo el rumbo de un Ejecutivo a la deriva, más preocupado de sus guerras internas que de proporcionar una sanidad de calidad respetuosa con los ciudadanos, los profesionales y, por supuesto, con la legislación vigente.

Estamos hartos de escuchar a nuestra presidenta, la señora Susana Díaz, decir que las soluciones a los problemas de gobierno deben ser políticas y no judiciales (cuando se refiere por ejemplo a la cuestión catalana), que recurrir a los tribunales no es síntoma más que del fracaso en la gestión de un gobierno sin recursos; y sin embargo en su comunidad permite que sea la justicia quien una y otra vez ponga orden y rumbo a una gestión tan orientada al personalismo como ineficiente.

La sanidad pública que todos defendemos no puede ser sostenible ni eficiente si no surge de un gran consenso, si no crece de la mano de los acuerdos, si no avanza gracias a la sinergia de las aportaciones de los distintos colectivos y fuerzas sociales, si no se orienta al ciudadano y, sobre todo, si no es respetuosa con el marco legal.

Las leyes están para cumplirlas y los gobernantes tienen además la obligación de conocerlas y respetarlas a priori. Y si no les parecen adecuadas siempre tienen la posibilidad de cambiarlas en el marco de la Constitución. No olvidemos que en esta comunidad andaluza llevan decenios gobernando y controlando el parlamento.

Aunque quizás sea ese el problema, se han acostumbrado a elevar sus caprichos endogámicos a rango de ley y ni siquiera se plantean ya que el hecho de legislar debe preceder a la aplicación de lo legislado. Llevan años usando el camino inverso: toman decisiones, las aplican sin comprobar su legalidad y hacen caso omiso a cualquier crítica, sugerencia reclamación legal. Luego, años más tarde, si los tribunales les quitan la razón no tienen más que recurrir a instancias superiores (con el dinero de todos, claro) para dilatar durante años la ejecución de las sentencias o sacar adelante por la vía de urgencia un nuevo decreto que dé sustento legal a lo que antes no lo tenía.

Y hasta aquí llegamos, se cerró el círculo. Las decisiones de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía son adecuadas y legales sí o sí. Si se ajustan a la ley actual no hay problema y si no se ajustan tampoco, las cambiamos y ya está. Es lo que tiene eso de estar en posesión de la verdad absoluta y seguir “a rajatabla” lo que parece ser el lema principal de esta consejería: “Lo que es bueno para los que gobernamos tiene necesariamente que ser bueno para los ciudadanos; lo que es bueno para los ciudadanos no sirve si no es bueno para los que gobernamos”. Y luego la Justicia dirá lo que quiera decir, que de poco valdrá ya.