En el discurso del entonces candidato a la Presidencia del Gobierno de España,
Pedro Sánchez Pérez- Castejón, del pasado 28 de mayo, eché en falta una referencia a la
necesidad de estudiar un marco legal más equitativo de las atribuciones profesionales de los titulados universitarios, con la finalidad de mejorar su contribución al bienestar general.
Este asunto merecía alguna mención, aunque fuera tan genérica, ya que:
-
Afecta personalmente a centenares de miles de titulados universitarios, de los que una buena parte desempeñan su actividad profesional en el amplio marco de la Salud, incluida la Sanidad española.
- Además, el mencionado asunto concierne a la
economía española, atendida la pérdida de capital humano que representa la insatisfactoria inserción laboral de quienes adquieren determinados conocimientos científico-técnicos, que no pueden desarrollar debido a regulaciones que impiden o dificultan la competitividad entre distintas tipologías de profesiones.
El presidente del Gobierno de España ha reiterado su compromiso de diálogo con los agentes sociales. Doy la bienvenida a su predisposición al análisis y el debate de los problemas que se planteen, sin que ello presuponga la obligada aceptación de los planteamientos que hagamos los agentes sociales.
Sé que cuando se publique esta nota en
Redacción Médica, aquella intervención habrá perdido actualidad informativa: los ciudadanos estaremos ante la “pantalla” de los
ministros de su gobierno y de sus más estrechos colaboradores; no obstante, esta situación se justifica por el hecho de dar valor coral a las opiniones vertidas en esta columna, a través de someter mis escritos al criterio del resto de miembros de la Junta de Gobierno del COB. La importancia del momento político que estamos viviendo en España me ha llevado a
expresar públicamente mi decepción al respecto y
mi esperanza de afrontar el problema aquí planteado.
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