El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Valencia ha desestimado la demanda interpuesta por una paciente frente a un médico cirujano, solicitando el abono de 2.000 euros e intereses tras la implantación de unas prótesis mamarias PIP en el año 2008.
La reclamante expuso que el 7 de octubre de 2008 se le practicó una intervención quirúrgica consistente en "implantación de prótesis mamarias PIP". Tras aparecer noticias referentes a que dichas prótesis eran de un gel carente de garantías, la paciente acudió a la Clínica donde había sido intervenida, la cual le informó que no se hacía cargo de la extracción gratuita de las prótesis, confeccionándole un presupuesto por importe de 2.100 euros.
Tras ello, la paciente acudió a otra clínica, donde se le extrajo la prótesis y se implantó unas nuevas en fecha 29 de marzo de 2012, con un coste total de 2.143,37 €. La paciente reclama en la demanda 2.000 €, intereses y costas y renuncia al excedente de 143,37 euros.
La parte demandada se opuso íntegramente a la demanda alegando que no se incurrió en mala praxis alguna, ni hubo un consentimiento informado incompleto, y lo fundamento de la siguiente manera:
- Respecto a la mala praxis, en el año 2008 las citadas prótesis PIP, elegidas por la paciente según consejo del cirujano, contaban con homologación europea y autorización en España para su implantación. No fue hasta el 31 de marzo de 2010 cuando el Ministerio de Sanidad emitió una primera nota en la que se indicó que se cesaba en su implantación y las pacientes portadoras tenían que planificara seguimiento con sus centros. En febrero de 2012 el Ministerio de Sanidad emitió una segunda nota en la se indicó su extracción si constaba rotura, y si no control cada 6 meses.
En enero de 2011, a petición de la parte demandada, la paciente se sometió a control ecográfico el cual evidenció que las prótesis se hallaban íntegras. Por otro lado en el presupuesto realizado a la paciente para su extracción el cirujano renunciaba a sus honorarios.
- Respecto al consentimiento informado emitido a la paciente el 1 de octubre de 2008 consta expresamente el riesgo de rotura.
El Juzgador, sobre el consentimiento Informado, ha considerado acreditado que se cumplió con las exigencias descritas respecto del consentimiento informado. Fue emitido por la parte actora el 1 de octubre de 2008, seis días antes de la intervención, y consta en el mismo expresamente el riesgo de rotura de las prótesis. No considera que, a dicha fecha, le fuera exigible al cirujano demandado haber informado de lo que sólo se evidenció, respecto de las prótesis PIP, a partir de marzo de 2010.
Por último, respecto al acto médico, la Sala considera que no ha quedado probado que a la fecha de la intervención, octubre de 2008, la recomendación e implantación de prótesis PIP pudiera considerarse negligente. Además, de la historia médica, se deriva que la paciente fue sometida a control ecográfico por la Clínica donde consta que no se observaba patologías y que las prótesis se hallaban íntegras sin evidencia de extravasación de gel.
Por último, consta acreditado que el cirujano demandado emitió presupuesto de sustitución de las prótesis en febrero de 2012 en el que se evidencia, por comparación con el emitido antes de la intervención que sí ejecutó, que excluyó sus honorarios.
Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Valencia, Proc. Ordinario 96/2013, de 12 de junio de 2013.