Sensibilización social en el uso de los recursos sanitarios

Los servicios públicos en general y sanitarios en particular, ofrecen un panorama de “sobreutilización cultural” que hace imprescindible la actuación coordinada de las administraciones competentes (hablamos de una planificación conjunta entre Consejerías de CCAA y Ministerios) para diseñar e implementar actuaciones de sensibilización a la población acerca de la importancia de racionalizar la demanda y optimizar su uso, lo que contribuiría a mejorar la calidad en los servicios, fomentando buenas prácticas de sostenibilidad económica y social, además de observar un adecuado nivel de civismo en el respeto a los profesionales sanitarios y a los recursos materiales e instalaciones públicas, para conservar así una adecuada imagen reputacional del Sistema Nacional de Salud en España.

Vaya por delante que, desde nuestro punto de vista, la mayor parte de los ciudadanos mantienen un comportamiento equilibrado, si bien se ha llegado a un exceso de tolerancia social frente a la justificación del mal uso, generando una demanda impropia de los servicios con conductas impropias, aprendidas o impostadas, como vía de salida para otros problemas ajenos a la salud, fundamentalmente sociales y laborales, de forma que quienes hacen uso inadecuado pueden “no llegar a tener conciencia de lo irregular de su actitud”, equivocándolo con “su derecho” a recibir una prestación fundamentalmente pública, pero también privada, como y cuando se quiera, independientemente de su necesidad sanitaria objetiva.

Obviamente, no se puede ni se debe cargar la responsabilidad principal en los usuarios, pues la administración pública ha ido asumiendo históricamente algunas actitudes como válvulas de escape en una malentendida pretensión de enjugar otros asuntos no adecuadamente resueltos (básicamente de carácter organizativo, como demoras en primeras consultas de primaria y hospitales, listas de espera en pruebas diagnósticas y cirugías, circuitos de pacientes no adecuadamente resueltos, etc.). Ello provoca desmotivación retroalimentada entre los ciudadanos afectados y los profesionales implicados.

Sólo abordando el origen del problema se podrán diseñar y aplicar medidas que lo corrijan a largo plazo y de forma sostenible, todo ello sin dejar de articular acciones a corto y medio plazo que vayan corrigiendo o matizando situaciones presentes hasta que ambas vías converjan en un futuro más o menos cercano.

Y aunque protagonismo e iniciativa corresponden sin duda a la administración pública, el ecosistema sanitario que nos hemos dado hace necesaria la colaboración público-privada en la implementación para no cargar las espaldas públicas (con un diseño estructural rígido y desproporcionado tanto desde los prismas financiero como prestacional), frente a demandas sean estructurales o coyunturales no siempre programables o asumibles.

Las propuestas concretas de actuación deben concretarse en planes de formación y divulgación sobre situaciones cotidianas para el usuario.

Urgencias (que los propios pacientes y su entorno sepan cuándo usarlas, cuándo acudir presencialmente y cuándo llamar al 112, no cuestionamos que siempre mejor por exceso, pero no como atajo de otras alternativas asistenciales), pacientes crónicos pluripatológicos y polimedicados (autocuidado, uso racional de medicamentos), atención domiciliaria telemática y/o presencial (programas de teleasistencia), respeto a las necesidades de otros pacientes y acompañantes (impacto de conductas inadecuadas en otros usuarios), respeto a profesionales (stop agresiones), buen uso de las instalaciones y productos consumibles (vandalismo, hurtos, material ortopédico, fungibles, etc.).

¿Cómo concretar los enunciados anteriores?

Enseñanza Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Educando sobre el uso responsable de cualquier tipo de servicio o comportamiento público (seguridad vial, patrimonio cultural, respeto a la diversidad social, de género, orientación sexual, étnica, cultural y religiosa…), en nuestro caso con especial atención los derechos y las obligaciones de utilizar el Sistema Público de Salud, así como el reconocimiento de las instituciones privadas del sector (farmacias, profesionales libres, empresas sanitarias, industria relacionada, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro), sea en su papel colaboración y complemento a los recursos públicos, sea en su ejercicio estrictamente privado.

Conviene no olvidar, por las repercusiones directas sobre nuestro foco, fomentar el desempeño del trabajo como una responsabilidad propia, hacia el empleador (público o privado) y hacia los demás, considerándolo un patrimonio a conservar, sin buscar refugio en las bajas médicas como solución paliativa a otros problemas relacionados con el entorno sociolaboral.

El absentismo laboral injustificado, especialmente por bajas médicas derivadas de contingencias comunes o profesionales, es otro de esos problemas cuya complejidad, calado social y económico le hace resistente a soluciones coyunturales o de compromiso. Es primordial incluir el concepto de incapacidad temporal como derecho a disfrutar honestamente dentro de la "cultura de uso responsable de recursos públicos" que estamos proponiendo, además de establecer mecanismos que desincentiven el uso de la prestación económica, por IT o por invalidez permanente, con fines diferentes a los que están destinados. Se requiere el firme compromiso de los médicos en general, de entidades gestoras y colaboradoras, de servicios de prevención propios, mancomunados y ajenos, trabajadores autónomos y por cuenta ajena, sin olvidar los trabajadores sociales, graduados sociales y abogados (como profesionales que gestionan o asesoran empresas y trabajadores en el plano laboral y de seguridad social), así como magistraturas e interlocutores sociales por excelencia (organizaciones patronales y sindicales).

Formación en los Grados de Ciencias de la Salud. Debería existir alguna asignatura o revisar contenidos asimilados en alguna de las existentes sobre "sistemas de salud y economía sanitaria" que creasen conciencia, entre otras muchas cosas, del gasto farmacéutico, el coste de los medios diagnósticos y terapéuticos, la eficiencia en el uso de los recursos, sistemas de asistencia o aseguramiento públicos y privados, etc., sobre el impacto social y económico que cada prescripción de estos servicios.

Hay que destacar la gran dosis de responsabilidad que cada administración deposita en facultativos y otros profesionales de la sanidad en general, a la hora decidir y gestionar sobre las prestaciones asistenciales u otras económicas como incapacidades permanentes o transitorias.

Había que elaborar guías técnicas sencillas, acompañadas de un programa de divulgación entre los profesionales, que establecieran criterios de actuación homogéneos e informaran sobre los costes para el sistema y el impacto objetivo de cada ejemplo concreto en su uso correcto e incorrecto.

Radiotelevisiones Públicas y otros medios de comunicación. Las acciones anteriormente descritas generarían un impacto que podría y, de hecho, sería matizado o absorbido en un clima social dominado por la opinión difundida desde medios y redes.

La importancia de los medios de comunicación para el asunto que nos ocupa es capital y con potencial influencia, de una parte, a corto y medio plazo (adolescentes y jóvenes, población activa, pensionistas…) y, de otra, a medio y largo (programación infantil complementaria a la educación familiar y escolar).

Insertar noticias en los informativos, cuñas de divulgación en los espacios publicitarios, introducir programas monográficos en horarios prime o insertar contenidos relacionados en otros espacios o retransisiones de gran audiencia, producir series de ficción que reflejen comportamientos tanto ejemplares como reprochables a propósito del uso de los servicios sanitarios (no necesariamente series “de médicos”, pues propondríamos centrar las historias en enfermeras, auxiliares, celadores, administrativos… y por supuesto usuarios, sean pacientes y/o acompañantes).

Redes sociales (RRSS): Como colofón, destacar este entorno que puede marcar, modular y moldear, la evolución de lo anteriormente expuesto en la tarea de sensibilizar a la población con impactos más inmediato… En las RRSS apenas existe el pasado y en absoluto se mira al futuro, pues impone su dictadura el presente rabioso de una manera implacable, además del amparo que el anonimato concede a quienes actúan intoxicando e insultando impunemente.

En toda esta construcción de formación y promoción, deben participar todos los actores relacionados: Administración, Colegios profesionales, Sociedades científicas, Universidades (médicos, farmacéuticos, enfermeras, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y sanitarios en general -que nadie se dé por excluido-), junto con Asociaciones de Pacientes y otros colectivos relacionados.

Para la colaboración de empresas privadas, como apoyo a estas buenas prácticas de tipo social, convendría rediseñar el marco legislativo del “mecenazgo”.

Deberían concretarse amplios pactos que obliguen a todos los niveles de la administración y trasciendan a varias legislaturas, hay que despolitizar la sanidad de la manera más racional posible.

En resumen y como conclusión de lo expuesto, consideramos que sería de una ayuda inestimable el establecimiento de planes y medidas a corto, medio y largo plazo que fomenten un uso racional de los servicios públicos, especialmente los sanitarios, con consenso político real y utilizando todos los recursos que puedan derivarse de los medios de comunicación en general, además de una gestión adecuada en RRSS y la cooperación transversal e integradora indispensable de Ministerios y Consejerías (especialmente las competentes en Educación/Universidades, Empleo, Salud y Seguridad Social) para generar dinámicas de acción coordinadas como “política de estado”.