Transporte sanitario en Cataluña. ¿Asignatura pendiente o suspenso?

La adjudicación del nuevo modelo de Transporte Sanitario fue el concurso público más grande de la pasada legislatura en Cataluña no sólo por su importe (más de 2.000 millones de euros) o por la duración de la adjudicación (diez años) sino, también, por la gran cantidad de problemas que suscitó y que, dos años después, siguen sin resolverse.
 
La apertura de las ofertas económicas en enero de 2015 supuso un varapalo para muchas pequeñas empresas que llevaban años ofreciendo estos servicios, y que vieron con sorpresa que la mayor parte del contrato se repartía entre tres empresas: la multinacional danesa Falck, Transportes Sanitarios de Cataluña (adquirida por un fondo de inversión italiano), y la UTE Egara-Lafuente. El aluvión de alegaciones obligó a algunas correcciones, aunque estas tres empresas seguían consiguiendo la mayoría de los lotes en la adjudicación final contra la que se presentaron siete recursos, que fueron desestimados (Julio 2015) por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.
 
Además de que tres semanas después de la fecha prevista para el despliegue del nuevo sistema (30 de septiembre) aún no se había puesto en marcha ningún lote, las primeras auditorías realizadas por el SEM detectaron graves problemas como no disponibilidad de vehículos (especialmente de los denominados vehículos de intervención rápida, y de vehículos de transporte sanitario no urgente), y falta de bases desde las que operar.
 
En la sesión plenaria del Parlament de Catalunya del 16 de marzo de 2016, contestando al Dr. Jorge Soler, portavoz de Sanidad de Ciutadans, el conseller Toni Comín dijo: “La teoría (del nuevo modelo) es correcta, así lo entiendo yo, pero la situación ha dado problemas”. El incumplimiento de plazos y de las normas concursales, la mala planificación y la improvisación eran más que evidentes, pero seguían aferrándose a “la teoría”.
 
A finales de mayo del 2016 se presentó el informe realizado por CatSalut y AQuAS que refleja grandes diferencias territoriales en todos los indicadores, y que el número de reclamaciones de los usuarios se había incrementado en un 78 por ciento respecto al año anterior. El Departament de Salut y el SEM pasaban de puntillas por todos estos problemas, incluso teniendo el mandato del Parlament, que en el pleno del 7 de abril de 2016 aprobó una moción presentada por Ciudadanos que instaba a corregir estas situaciones.
 
Eso sí, cuando a primeros de mayo de 2016 la Fiscalía anunció que había encargado una investigación a la Policía Nacional para averiguar si se cometió alguna irregularidad en la adjudicación del servicio de ambulancias, bastaron 24 horas para que se produjera el cese fulminante del director del SEM. Más de un año con problemas continuos sin tomar medidas y ahora había prisa. Bueno, en realidad no había tanta prisa ya que, a pesar de la rapidez en el cese, pasaron casi seis meses antes de nombrar a su sucesor.
 
Se convocó una huelga en octubre de 2016 en la zona de Terres de L’Ebre. Los sindicatos denunciaban: que la mayoría (80 por ciento) de las bases para las ambulancias de esta zona seguían sin estar acondicionadas, reducción del número de vehículos respecto a los ofertados con incremento de tiempo de espera para los usuarios, y malas condiciones laborales entre ellas la mala calidad (muy inferior a la ofertada en los pliegos concursales) de las prendas de trabajo. Aunque finalmente la huelga fue desconvocada, las soluciones aportadas por la empresa fueron insuficientes y se volvió a convocar una nueva huelga en la semana santa de 2017.
 
Tanto el CatSalut como el SEM son conocedores de estos problemas. En la información entregada en la Taula Nacional de Seguiment del Desplegament del Transport Sanitari TS/14 celebrada el 1 de marzo de 2017 consta que del total de 118 expedientes abiertos a las empresas adjudicatarias sólo se habían resuelto 54. Terres del Ebre, zona de las dos convocatorias de huelga, ostentaba el record de 43 expedientes abiertos (36%), de los cuales sólo se había resuelto uno. En resumen, los problemas detectados al inicio de la puesta en marcha del nuevo sistema seguían vigentes 16 meses después.
 
Para guinda del ‘pastel’, los trabajadores del servicio de emergencias pudieron oír al Conseller Comín en el programa Els Matins de TV3 del pasado 25 de mayo, diciendo: “el 061 tiene una parte que son los teleoperadores y eso no es una actividad sanitaria, y esa actividad que no es sanitaria, como hacemos también con el transporte de las ambulancias, por ejemplo, y con otras cosas que no son sanitarias, éstas sí que se externalizan”. Ante las recriminaciones de sindicatos y trabajadores, el Sr. Comín hizo un intento de rectificación a través de su cuenta de twitter, que no satisfizo a nadie.
 
Otras improvisaciones atañen al propio SEM. Dentro de la oferta de empleo público de la Generalitat para 2017, se anunciaron 2.500 plazas para reducir el número de interinos del Instituto Catalán de la Salud. Finalmente, la oferta publicada se reduce a 2.400 para así poder cubrir 100 plazas para el SEM que, en realidad, tiene 243 vacantes.
 
La gestión es tan nefasta que al día siguiente de los trágicos atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, uno de los VIR que debe cubrir la zona de Alcanar, con base en Mora de Ebre, no pudo operar en horario nocturno por falta de médico, al igual que tres unidades de Barcelona (dos en horario diurno y otra en horario nocturno).
 
Esta es la historia reciente del transporte sanitario en Cataluña, dos años de improvisaciones, incumplimientos, falta de rigor en el control de las adjudicatarias y dejación de funciones en la aplicación de las sanciones que procedan. A nadie puede sorprender la nueva convocatoria de huelga en la zona de Gerona. Más que una asignatura pendiente para la Conselleria del Sr. Comín, es un suspenso en toda regla por su mala gestión.