IVA reducido a los productos sanitarios: una oportunidad histórica

A lo largo de estos dos últimos años, son numerosos los ejemplos que han evidenciado la importancia de aumentar la resiliencia de nuestro Sistema Nacional de Salud para hacer frente con solvencia a situaciones sobrevenidas como la pandemia por la Covid-19 o la crisis global de suministros que venimos afrontando, no sin grandes dificultades, desde el año pasado.

Estamos pues más necesitados que nunca de remar en la misma dirección para lograr conjugar avances, acceso y sostenibilidad a partes iguales. Algo que, en un escenario realista, en el que no es posible un aumento ilimitado de los presupuestos sanitarios, pasa por aprovechar todas las oportunidades que se nos brinden para lograr mejorar las capacidades de compra de nuestros servicios de salud con las actuales dotaciones presupuestarias. Y eso es justo lo que tenemos ante nosotros: una oportunidad histórica para reducir el IVA de los productos sanitarios y con ello disminuir notablemente la carga impositiva que los hospitales y centros sanitarios de nuestro país asumen hoy día.

Actualmente, en España aproximadamente el 85% de los productos sanitarios tienen un IVA del 21% —el tramo impositivo más alto—, lo que convierte a nuestro país en uno de los estados europeos que aplica una mayor tasa de IVA a bienes que, tal y como ha demostrado la pandemia, son imprescindibles para la salud de los ciudadanos. Este es uno de los motivos por los que, desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, venimos históricamente reclamando la aplicación de un IVA reducido a los productos sanitarios. Bien es cierto que el Gobierno está siendo sensible a lo largo de esta pandemia —aplicando el 0% de IVA a productos vinculados al abordaje del Covid-19—, pero, más allá de medidas temporales, estaremos de acuerdo en que el tema bien merece políticas estables y mantenidas en el tiempo.

Aunque en el pasado esta decisión no era una competencia a nivel nacional, ahora sí es posible gracias al acuerdo del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), —que el pasado 6 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la UE—, dando forma a la nueva Directiva (UE) 2022/542 de reforma del IVA. Gracias a este acuerdo, los Estados miembros pueden ya —sin necesidad de contar con autorización de Bruselas, como hasta ahora— aplicar modificaciones de los tipos de IVA a determinados productos que satisfacen necesidades básicas y “con vistas a reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios”, como es el caso de “los equipos, aparatos, dispositivos y artículos médicos, así como el material auxiliar y los equipos de protección”.

El texto legislativo no deja pues margen de duda de cara a la reducción del IVA de los productos sanitarios. Una medida necesaria y urgente a ojos de Fenin que, según nuestras estimaciones, podría traducirse en un ahorro de más de 1.000 millones de euros para el SNS, que podrían ser reinvertidos en el propio sistema en el momento en el que precisamente más lo necesita.

He aquí la oportunidad histórica que, como decía al comienzo de estas líneas, deberíamos aprovechar. Reducir el IVA de los productos sanitarios permitiría a los servicios de salud de las comunidades autónomas acometer, por ejemplo, inversiones para renovar el equipamiento de hospitales y centros de salud o bien incorporar innovaciones tecnológicas, minimizando así el actual nivel de obsolescencia del parque tecnológico de nuestro país. Este ahorro también podría utilizarse para invertir en una nueva conceptualización de la Sanidad basada en la economía del dato, en el abordaje de las patologías crónicas, en campañas de prevención o detección precoz de enfermedades... y en un largo etcétera de prioridades sanitarias.

Y todo ello sin olvidarnos de que una bajada impositiva de este alcance reportaría grandes beneficios también a los propios ciudadanos, como usuarios finales de los productos sanitarios, al tiempo que mejoraría el acceso de la población a artículos para la mejora de su salud, particularmente en el caso de aquellos con rentas más reducidas.

Se cumplen ya casi tres meses desde la publicación de la Directiva en el Boletín Oficial de la UE que ha abierto la puerta a este importante cambio normativo y, en el actual contexto sociosanitario, ni los ciudadanos, ni los profesionales, ni los gestores entenderían que se continúe aplicando el mismo IVA a un producto imprescindible para la salud que, por ejemplo, a un bien de consumo.

Confiamos en que el Ejecutivo sea favorable a la reducción impositiva de los productos sanitarios por ser indiscutiblemente “esenciales” para la salud de millones de españoles, y para lograr este fin continuaremos fomentando el diálogo y prestando nuestra total cooperación a las distintas administraciones.

Ahora que por primera vez en la historia se puede, debe hacerse… porque con ello demostraremos con hechos, también desde un punto de vista impositivo, que la salud es el bien más preciado de todos.