Un nuevo modelo del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es uno de los pilares del Estado del Bienestar pero, desde que la Ley General de Sanidad acogió su nacimiento en 1986, se ha mantenido sin grandes cambios significativos y con variaciones muy pequeñas.

La Ley General de Sanidad es la base de todo el SNS y posibilita que los ciudadanos españoles tengamos derecho a la salud o, al menos, al acceso a una asistencia sanitaria pública.

La creación del SNS, recogida en este texto, fue clave en apuntalar el Estado del Bienestar que ya se perfilaba en 1986 mas, desde entonces, distintos gobiernos de signos políticos variados han cuestionado o apostado por la universalidad de nuestra Sanidad pública, teniendo en cuenta –en exclusiva- aspectos económicos a pesar de que una Sanidad universal es la mayor protección de las personas frente a sus problemas de salud.

El SNS no funciona actualmente como un todo. Con la Sanidad transferida a las Comunidades Autónomas, nos encontramos con 17 servicios de salud diferentes, con normativas y funcionamientos distintos. Es decir, que el personal estatutario (los sanitarios que dependen de estos servicios de salud, a excepción de la Comunidad de Navarra, en la que son funcionarios) se rigen por normas distintas dependiendo de la Comunidad en la que desarrollen su trabajo. De igual modo, sus salarios también son distintos según el servicio de salud al que pertenezcan.

Esta división del SNS no solo afecta a los profesionales, sino que las prestaciones, las ratios de médicos y personal sanitario por habitante, el gasto en Sanidad por cada ciudadano y la financiación también varían en función de cada servicio regional de salud.

Estamos, por tanto, ante un SNS sin cohesión más allá de la suma de los distintos servicios de salud.

"El margen del Ministerio de Sanidad para actuar por encima de las Comunidades Autónomas es nulo en muchos aspectos. Recordemos, como dato muy importante, que en plena crisis COVID la máxima autoridad sanitaria, es decir, el ministro de Sanidad, era filófoso, un perfil totalmente ajeno al mundo sanitario y sus particularidades".

El Ministerio de Sanidad, al que poco a poco se ha ido vaciando de contenido, prácticamente carece de competencias, ejerce más como árbitro que como líder y sus ministros desconocen la materia sobre la que deben legislar. En este contexto y para hacer frente a la pandemia en sus momentos más álgidos, se planteó la cogobernanza, puesto que el margen del Ministerio de Sanidad para actuar por encima de las Comunidades Autónomas es nulo en muchos aspectos. Recordemos, como dato muy importante, que en plena crisis COVID la máxima autoridad sanitaria, es decir, el ministro de Sanidad, era filófoso, un perfil totalmente ajeno al mundo sanitario y sus particularidades.

¿Es esto lo que necesitan los pacientes y los profesionales?

No parece tener mucho sentido que los sanitarios perciban remuneraciones distintas por un mismo trabajo y les afecten normativas distintas según su Comunidad Autónoma dentro de un mismo Sistema.

Deberíamos tener una norma nacional, mucho más rica que la actual, que obligue al desarrollo de bolsas de trabajo, de ofertas de empleo público con exámenes cada dos años y concursos de traslados previos.

Puesto que las funciones de los sanitarios son compartidas, deberíamos contar con baremos nacionales comunes, conocidos por todos y en los cuales se basen los requisitos para los aspirantes a la hora de acceder a bolsas de trabajo o participar en ofertas públicas de empleo. Las normativas elaboradas y aplicadas por las comunidades autónomas deberían quedar restringidas y con márgenes bien delimitados dentro de un texto estatal.

"Puesto que las funciones de los sanitarios son compartidas [...] el salario debería ser equivalente por un mismo trabajo desarrollado dentro del Sistema Nacional de Salud y homologados al alza, con una productividad variable".

Por otra parte, el salario debería ser equivalente por un mismo trabajo desarrollado dentro del Sistema Nacional de Salud y homologados al alza, con una productividad variable o conceptos complementarios que permitieran a las comunidades autónomas premiar determinados esfuerzos.

Carecen de sentido las diferencias actuales entre comunidades autónomas en la retribución de la hora de guardia, en la carrera profesional o el cobro del prorrateo de guardia en caso de enfermedad del médico, ya que todos los profesionales son empleados públicos con las mismas funciones.

Nos encontramos en una situación similar cuando hablamos de las carteras de servicios sanitarios. Es ilógico que varíen entre regiones y que, de este modo, se cree una desigualdad entre las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos de un mismo país, los cuales deberíamos tener iguales derechos en salud y recibir un gasto sanitario idéntico por habitante.

Por tanto, debemos tener un Sistema Nacional de Salud que sea un elemento estabilizador de la Sanidad española, con un Ministerio de Sanidad que debe ser un instrumento dinamizador para que los servicios de salud sean más equitativos para los pacientes y los profesionales. A la cabeza de este organismo, debe encontrarse un ministro o una ministra que sean referentes profesionales, que conozcan la materia sobre la que deben tomar decisiones –muchas de ellas muy complicadas- y que escuchen a los profesionales sanitarios para la elaboración de normativas nacionales que determinen el claro camino que deben seguir las comunidades autónomas con la aplicación de estas normas.

Por tanto, es necesaria una revisión urgente del Sistema Nacional de Salud.

Y esto no debemos hacerlo por cuestiones políticas o ideológicas, sino por el bien de nuestros conciudadanos, porque las soluciones en materia sanitaria no pasan por encarar 17 soluciones distintas.

Esta reconstrucción del sistema se debe abordar cuanto antes, sin esperar a la llegada de otra pandemia que nos evidencie que lo que no funciona no se puede perpetuar, sino que debe ser reemplazado.