Hace tres años la Unión Europea aprobó las nuevas directivas de
contratación pública con el objetivo de modernizar las normas que regulan la contratación en el sector público. En España, el
Proyecto de Ley de Contratos en el Sector Público, que traspone dicha norma, fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de
julio, acordando su remisión al Senado, para continuar con la tramitación legislativa.
No lo vamos a ocultar, desde el
Sector de Tecnología Sanitaria teníamos esperanzas de que el legislador tuviera una especial sensibilidad por la sanidad en el nuevo Proyecto de Ley, e incorporara algunas disposiciones específicas que impidieran comprar tecnología sanitaria teniendo en cuenta únicamente o en gran medida el precio. Cuando se trata de contratar productos o servicios sanitarios, además del precio, deben valorarse la calidad, los mejores resultados en salud, la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de las personas con discapacidad o dependencia.
El sector sanitario
representa en torno al 40% del presupuesto de las Comunidades Autónomas, y la contratación de productos y servicios tiene unas particularidades que deberían tener reflejo en esta disposición legislativa.
La Directiva 2014/24/UE que ahora se transpone, en su artículo 67, recoge que los Estados miembros pueden limitar los tipos de contratos o poderes adjudicadores que pueden utilizar el precio como único criterio de adjudicación.
Por el contrario, el legislador nacional no ha tenido la sensibilidad de dejar claro que la sanidad no puede estar sujeta a políticas de compra economicistas. Por esta razón, hemos perdido una gran oportunidad. La nueva legislación
debería haber protegido el acceso a la innovación y la calidad y excelencia del Sistema para que continúe siendo referencia internacional.
Desde hace varios años la necesidad de llevar a cabo ajustes presupuestarios debido a la crisis, ha tenido un impacto severo en nuestro Sistema Sanitario y, por consiguiente, en las políticas de compras de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas.
Se han explorado nuevas fórmulas de adquisición de productos y contratación de servicios, muchas de las cuales han permitido encontrar mejores y más eficientes soluciones para nuestro sistema sanitario.
No obstante, la crisis ha obligado a las Administraciones a buscar nuevas estrategias y a aplicar criterios economicistas y cortoplacistas a la hora de adquirir productos y servicios sanitarios, cuyo impacto asistencial ha sido negativo, ya que han comprometido la calidad asistencial de los pacientes, aparte de no resultar eficientes en el medio y largo plazo.
Es incuestionable que
los recursos son limitados y que todos los agentes del sistema debemos trabajar para encontrar eficiencias que permitan seguir contando con un sistema sostenible. Un sistema que cuenta con excelentes profesionales sanitarios y que debe tener las mejores infraestructuras y tecnologías sanitarias que permitan diagnosticar y tratar a los pacientes con las técnicas y terapias más avanzadas.
Dada la fase tan avanzada en la que se encuentra el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, y ante la situación en la que queda la Sanidad Pública sería lógico que, al menos, hubiese un compromiso político de modificar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud a fin de dar acogida a un sistema de contratación más acorde con el modelo europeo y con la racionalidad de los nuevos tiempos.
Desde Fenin seguiremos trabajando para
defender la calidad de nuestro Sistema Sanitario de Salud haciendo propuestas e iniciativas que permitan dar las mejores soluciones a los pacientes.
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