El beneficio fiscal es un concepto amplio y sometido a enormes variaciones a lo largo del tiempo, influenciado por los avatares económicos, sociales y políticos de cada momento.
Los denominados beneficios fiscales incluyen, fundamentalmente, la exención fiscal, las bonificaciones y las deducciones tributarias. Este tipo de beneficios, junto con otros de diferente índole,
permiten aplicar determinadas deducciones en la base imponible para aquellos aspectos que el Gobierno desea fomentar, utilizando para ello el resorte de la recaudación tributaria como, por ejemplo,
el caso de los sistemas privados de pensiones, mediante los cuales, el Gobierno pretende impulsar la contratación de estos productos,
una vez que la caja única de la Seguridad Social se encuentra con dificultades de sostenibilidad, especialmente de cara a un futuro próximo marcado por el progresivo envejecimiento de la población, la baja natalidad y el problema del desempleo.
Es cuando menos llamativo apreciar cómo
los diferentes gobiernos se empeñan en impulsar este tipo de ahorro cuando presume y es consciente de las dificultades de solvencia y sostenibilidad que nuestro sistema de pensiones va a tener que afrontar y para ello, y de una forma acertada, según apuntan todos los expertos,
promueve campañas de comunicación dirigidas a la sociedad contemplando este aspecto.
En el caso de la sanidad no es que se intuyan “cumbres borrascosas” en el futuro en relación con la solvencia y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud dentro de un sistema sanitario con doble aseguramiento y provisión; sino que
la borrasca ya está descargando con toda su contundencia en forma de graves dificultades en los principios fundamentales de la Ley General de Sanidad, en concreto, en el caso de la
suficiencia financiera, la equidad, la cohesión e incluso la gratuidad y la universalidad, que se encuentran ya en entredicho en mayor o menor medida, según afirman legos y profanos.
El debate sobre la conveniencia o no de reinstaurar la desgravación fiscal sanitaria es como el río Guadiana, que aparece y desaparece de tanto en tanto, y siempre que aflora aparecen voces en contra y a favor de volver a implantar esta medida que, sin duda,
contribuiría a descargar al sistema público de salud de una carga asistencial y financiera que, en este momento, y con los problemas derivados del envejecimiento, la cronicidad, el acceso a la innovación tecnológica y farmacéutica y el afloramiento de nuevas patologías, entre otros, se hace cada vez más agobiante.
Llegados a este punto, es bueno recordar que hasta la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otras Normas Tributarias, los servicios médicos y los seguros privados de asistencia sanitaria, que el contribuyente individual y voluntariamente decidía suscribir,
disfrutaban en el IRPF de una desgravación del 15 por ciento sobre la base imponible. De este modo, el Estado subvencionaba, de alguna forma, estos servicios, pero la citada Ley 40/1998 vino a suprimir la deducción anteriormente vigente sobre la cuota íntegra, aduciendo que este tipo de gastos estaban ya incluidos dentro del denominado mínimo personal.
En estos días hemos visto aflorar
una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentada por PP y CiU por la cual, en el caso de
trabajadores autónomos con discapacidad o con algún miembro de su familia que la padezca, se permite aumentar la
deducción de las primas de los seguros por enfermedad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) existente
de 500 euros hasta un importe de 1.500 euros, aspecto este que
es absolutamente encomiable, aunque no suficiente, y que ayudará a mitigar, sin duda, los gastos que estas personas han de acometer a lo largo de todo su proceso asistencial.
Algunas comunidades autónomas, como
Baleares, Cantabria y Aragón, plantearon en 2014 algunos supuestos de desgravación fiscal sanitaria en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, hechos estos que, por puntuales, no dejan de tener un mérito tan relevante como puede tenerlo el caso anterior.
Aunque creemos que
se ha perdido de nuevo una oportunidad para generalizar y ampliar este beneficio, lo que sí está en este momento en boca y en el pensamiento de todos es
¿cómo podemos hacer nuestro Sistema Nacional de Salud más solvente, eficiente, efectivo y sostenible en el futuro?
El informe de la Fundación IDIS sobre desgravación fiscal sanitaria aportaba datos suficientes sobre este asunto como para ser valorado y tenido en cuenta. Sabemos que no es la panacea, pero si que puede ser parte de la solución, porque los problemas de nuestro SNS son mucho más amplios y de calado, pero no cabe ninguna duda que, como apunta también la CEOE,
las medidas de impulso a la contratación de seguros de salud supondrían no sólo un revulsivo para el sector privado provisor y asegurador, sino que redundarían en una descarga muy relevante a un sector, el de la sanidad de financiación pública, que está necesitado de toda la colaboración que podamos aportarle, con el fin de conseguir mantener a flote, en medio de la tormenta de insuficiencia presupuestaria e incremento progresivo de gasto, ese sistema sanitario en el que todos participamos, global y accesible, y que tan reconocido es por los pacientes en nuestro país.
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