Precariedad en el SNS, un problema no temporal

Dicen que la memoria es corta y aún más en los actuales momentos en los que sufrimos una persistente saturación informativa que nos lleva de unos problemas a otros a una velocidad de vértigo. Lo que hoy acapara los titulares de los medios de comunicación en unos días será archivado en un cajón de nuestros recuerdos que irremediablemente caerá en el olvido.

Una realidad a la que nadie es ajeno y que beneficia a todas aquellas personas que desde distintos puestos de responsabilidad administrativa o política se comprometen a dar solución a un problema desde el convencimiento, en muchas ocasiones, de que éste se diluirá pasado un tiempo y serán otros a los que tocará enfrentarse al mismo cuando vuelva a situarse en el foco del interés mediático y social.

Un claro ejemplo lo encontramos en la penosa situación que sufren millones de trabajadores públicos de nuestro país al verse obligados a encadenar contratos temporales y precarios durante muchos años. Una grave lacra de nuestro mercado laboral que afecta con mayor virulencia a los profesionales sanitarios y, muy especialmente, a las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas.

En este caso es la Unión Europea la que, a través de diversos pronunciamientos judiciales o políticos, viene denunciando de manera cíclica en los últimos años que nuestro país abusa de la contratación temporal en el sector público de manera alarmante, con tasas de entre el 25 y el 30 por ciento. En el sector sanitario, hay comunidades autónomas que incluso sufren una temporalidad de en torno al 45 por ciento.

Fue en 2017 cuando el Gobierno de aquel entonces, y tras la presión suscitada por las denuncias europeas, se comprometió a rebajar la temporalidad hasta el ocho por ciento en el sector público. Cuatro años después, y de nuevo tras el requerimiento de Bruselas al constatar que seguimos en una situación lamentable, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que dará solución a este problema antes de que finalice el año.

Después de años de compromisos imcumplidos, resulta muy difícil de creer que ahora sí se acometerán los cambios normativos y administrativos necesarios

Después de tantos años de compromisos incumplidos resulta muy difícil de creer que ahora sí se acometerán los cambios normativos y administrativos necesarios para que una enfermera o enfermero no siga pendiente de su teléfono para poder trabajar durante unos días, semanas o meses a lo sumo.

Muy difícil de creer, sin duda, si recordamos que nueve de cada diez empleos creados en la Administración pública desde el inicio de la recuperación económica, en 2014, son temporales, o que uno de cada cuatro trabajadores con contrato temporal pertenece a las administraciones públicas.

No debemos olvidar que cuando el dirigente de turno asegura haber creado x puestos de trabajo en el servicio de salud correspondiente la mayoría de ellos son precarios y temporales. Contratos que conllevan una elevada rotación de profesionales y un trasiego permanente de centros y servicios que redundan finalmente en una atención sanitaria y cuidados menos seguros y de peor calidad.
Con este tipo de contratación temporal perdemos los profesionales, los pacientes y la ciudadanía en su conjunto y solo ganan aquellos que, de manera cortoplacista, buscan una mayor rentabilidad económica que nunca es tal a largo plazo.

Aunque solo sea por el hecho de que Bruselas dice condicionar el reparto de los fondos que corresponden a España para paliar los efectos de la pandemia, confiemos en que, en esta ocasión y de una vez por todas, se acometan las reformas estructurales necesarias para que nuestras enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas, y el conjunto del personal sanitario, puedan seguir atendiendo y cuidando a los demás en unas condiciones laborales justas y dignas.