Algunos se empeñan en
convertir la salud en un negocio. Al menos así lo parece y cada vez más. Las necesidades sanitarias y de cuidados no siempre resueltas de manera satisfactoria por el SNS de una población cada vez más envejecida, dependiente y con problemas de salud crónicos son el perfecto caldo de cultivo para que nazcan, crezcan y se reproduzcan intereses empresariales de todo tipo.
Es el caso de los empresarios farmacéuticos que, en un mercado tan competitivo como el actual, llevan desde hace años abriendo nuevos nichos de mercado. La actual oficina de farmacia española ya no es una botica en la que solo se dispensan medicamentos sino que es un establecimiento comercial que vende todo tipo de productos (cremas, fajas, geles, gafas, champús…).
En su legítimo interés por aumentar sus beneficios, ahora pretenden realizar determinadas actuaciones asistenciales, como el
seguimiento de los pacientes crónicos y polimedicados o la administración de vacunas, y cobrar por ellas a la misma administración sanitaria que ya las realiza a través de sus profesionales sanitarios (enfermeras y médicos) de Atención Primaria.
La pelota está en el tejado de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. De ellas depende que esta
privatización de servicios asistenciales se implante. Por ello, a la hora de buscar responsables, hay que tener claro que no lo son los que promueven ésta como cualquier otra iniciativa sino los que la hacen realidad.
Responsable sería, por ejemplo, el actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, si se aprueba finalmente el proyecto de Ley actualmente en tramitación en la Asamblea que da alas a la ‘farmacia comunitaria’.
Son los gobiernos, en definitiva, los que tienen en su mano propiciar que la empresa privada haga
más o menos negocio con la salud de todos los españoles.
Todos sabemos que la sanidad privada vive una etapa dorada en nuestro país. Es indiferente el estudio o informe que analicemos porque la conclusión es la misma. Los ingresos de las empresas sanitarias y aseguradoras de salud han experimentado un notable crecimiento en los últimos años.
Y lo han hecho porque el sistema sanitario público de nuestro país ha experimentado un creciente deterioro en los años de crisis motivado porque la inversión pública en sanidad ha ido descendido progresivamente hasta llegar al 6 por ciento del Producto Interior Bruto.
En Satse entendemos la sanidad privada siempre
desde la colaboración con la pública, nunca desde la sustitución de la una por la otra, y es una realidad la amenaza de que la sanidad privada pase de ser complementaria a sustitutiva de la sanidad pública. Una amenaza casi invisible porque se extiende con sigilo, de manera silenciosa, sin querer llamar la atención.
Los que creemos firmemente en la necesidad de
mantener y mejorar un sistema sanitario público, universal y de calidad que atienda las necesidades sanitarias y de cuidados de todos los ciudadanos vemos con gran preocupación que se sigan dando pasos en esa dirección. Sea en el caso de la ‘farmacia comunitaria’ o en otro muchos que constituyen una grieta más en uno de los pilares fundamentales de nuestro actual Estado del Bienestar.
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