Con
el acceso de los ciudadanos a los medicamentos no se puede jugar, ni tampoco caben las medias tintas.
Es un derecho que, en primer lugar, deben garantizar las administraciones públicas por encima de cualquier otra consideración y, en segundo lugar,
es una prioridad y una obligación que hemos contraído toda la cadena del medicamento: laboratorios, distribuidores y, por supuesto, farmacéuticos.
Diferentes situaciones están poniendo hoy en peligro este abastecimiento y conviene por ello extremar la vigilancia.
Medidas como las subastas están haciendo un flaco favor a los ciudadanos andaluces. Desde la primera convocatoria, y ya van seis, el sector está aportando datos sobre desabastecimientos.
Este modelo andaluz no funciona y están siendo los laboratorios excluidos de estos concursos públicos los que, al final, con la ayuda de la distribución farmacéutica, tienen que salir al rescate y salvar la cara ante ofertas casi a precio de derribo difíciles de sacar adelante.
Es una medida adoptada unilateralmente por una región que está en los tribunales pero cuyos efectos se están prolongando demasiado en el tiempo de una forma irresponsable.
Otra circunstancia que se ha abierto paso en los últimos años y que
está teniendo un impacto en el suministro de medicamentos son los impagos de las recetas. Algunos gobiernos autonómicos siguen sin entender que el abono puntual de los medicamentos de los ciudadanos es una prioridad política ineludible.
Si hasta ahora las farmacias han seguido cumpliendo y dispensando recetas ha sido por la extraordinaria responsabilidad de sus profesionales y también por la magnífica distribución cooperativa que disfrutamos en España. Sin este sistema solidario, que de nuevo se está cuestionando de forma totalmente gratuita por el órgano de Competencia, muchas farmacias tendrían que haber cerrado sus persianas hace mucho tiempo.
Por último, estamos asistiendo durante los últimos meses a una serie de actuaciones de extraordinaria gravedad que nos deben poner en máxima alerta.
Me estoy refiriendo al comercio ilegal de medicamentos por parte de almacenes ‘pantalla’ que se han beneficiado de su fácil acceso a licencias de distribución para traficar y desviar del canal farmacéutico legal con la connivencia de una minoría -hay que subrayarlo- de malos profesionales de la farmacia.
Las operaciones abiertas por la Guardia Civil en distintas comunidades autónomas que han derivado en un buen número de imputaciones revelan que son prácticas que se han extendido y que debemos atajar de raíz.
La red madrileña de farmacias también se ha visto salpicada por este fraude. Desde el primer momento, lo hemos condenado y nos hemos puesto a disposición de las autoridades judiciales, sanitarias y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para descubrir a sus autores, con el fin de que sean sancionados debidamente. Para ello
se ha reformado el Código Penal para endurecer los castigos con penas de prisión. Hemos apoyado esta reforma porque este tipo de actuaciones manchan el prestigio de toda una profesión y eso no lo vamos a permitir.
La farmacia española está reaccionando y una de las iniciativas que hemos puestos en marcha de forma conjunta a través del Consejo General de Colegios Farmacéuticos es el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (Cismed).
El Colegio ya viene colaborando con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid desde hace años comunicando cada mes datos sobre las faltas de suministro detectadas en las farmacias madrileñas. Ahora se trata de dar un paso más a través de la plataforma Cismed para detectar en tiempo real cualquier tipo de irregularidad o falta en la cadena de suministro de medicamentos. Estaremos así en condiciones de reaccionar ante cualquier alerta para buscar soluciones para nuestros pacientes y averiguar las causas de las faltas, ya se trate de problemas en la fabricación del medicamentos, en la distribución o bien sean consecuencia del comercio paralelo o inverso.
El Colegio de Madrid cree en Cismed y está siendo activo a la hora de apoyar el sistema nacional de alertas con la organización de distintas sesiones técnicas e informativas sobre el funcionamiento de este instrumento que cualquier farmacéutico puede configurar de forma sencilla en su programa de gestión a través de la página web del Colegio.
Nos hemos marcado como objetivo alcanzar un mínimo de 500 farmacias integradas en esta plataforma para el mes de marzo. Dispondremos así de una información significativa en tiempo real de cualquier falta en la Comunidad de Madrid que nos permitirá anticiparnos para garantizar la continuidad de los tratamientos a nuestros pacientes.
Los farmacéuticos tenemos claras cuáles son nuestras obligaciones y no podemos permitirnos ninguna aventura, y mucho menos fuera de la legalidad, por difíciles que puedan ser las circunstancias personales.
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