I+D+ i en el Sistema Nacional de Salud: construir la soberanía estratégica

La Ley 14/1986 de 25 de abril, la Ley General de Sanidad, no se limitó a universalizar la asistencia. Su artículo 18.15 inscribió como actuación fundamental del Sistema Nacional de Salud "el fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de salud, atendiendo a las diferencias entre hombres y mujeres". El artículo 68 obligó a los hospitales a desarrollar funciones de investigación y docencia junto a las estrictamente asistenciales. Aquella decisión convirtió al SNS en una infraestructura productora de conocimiento, no solo distribuidora de cuidados. Cuarenta años después, ¿dónde nos encontramos?

Escribo desde una trayectoria personal que lo atraviesa de principio a fin, desde becario del Fondo de Investigaciones Sanitarias en los años 90 a director científico de un instituto de investigación sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. Esa cadena no es excepcional. Es el itinerario que el SNS supo abrir en los años ochenta y noventa, y que debemos no sólo proteger, sino más bien transformar.

"La soberanía sanitaria no se decreta. Se construye con personas dedicadas a la investigación y la innovación en salud, usando recursos estables y dirigidas por reglas sensatas"

En la actualidad, los datos describen una posición ambigua. España invirtió en 2024 el 1,50 % del PIB en I+D, récord histórico. La Unión Europea-27 invierte el 2,25 %. La brecha es de 0,76 puntos porcentuales. Por habitante, España destina 470 euros al año frente a los 862 de la media europea. Sin embargo, lideramos Europa en ensayos clínicos iniciados en 2023, 2024 y 2025. Otro ejemplo es que los institutos de investigación sanitaria acreditados por el ISCIII agrupan a más de 31.000 investigadores y cerca de 400 instituciones agregadas. Tenemos talento científico y clínico, masa crítica investigadora y posición europea, pero necesitamos robustecer la arquitectura del sistema.

Por eso conviene devolver al término su valor estratégico. La I+D+i en salud no es una actividad accesoria del clínico generoso, ni el sacrificio de un investigador inestable, ni una métrica de prestigio académico. Es la condición de posibilidad de la calidad asistencial, de la equidad territorial y de la soberanía sanitaria. Cuando un país no produce conocimiento propio y ni lo transfiere al sistema productivo, lo importa. Y quien importa conocimiento importa precios, criterios y dependencias. La pandemia nos mostró ese coste con crudeza. La nueva geopolítica de la inteligencia artificial, la genómica y los datos lo agudiza cada trimestre.

Europa lo está entendiendo. El Reglamento (UE) 2025/327 del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, al que España contribuyó notablemente, obliga a los Estados miembros a poner los datos asistenciales al servicio de la investigación, la innovación y las políticas públicas. La oportunidad existe. La pregunta es si el SNS llegará a la cita con capacidades propias o como mero proveedor de pacientes y datos para consorcios ajenos, para aquellos que tienen el músculo financiero necesario para competir con ventaja.

Para evitar lo segundo hay tres tareas inaplazables.

• Construir una carrera profesional dual real para el personal estatutario que investiga. La Ley 14/2011 lo prometió. El Estatuto Marco lo ignora. El resultado es una fuga silenciosa de talento clínico-investigador.
• Robustecer la financiación competitiva en salud más allá del ciclo Next Generation EU, que se cierra en 2026. Sin sostenibilidad presupuestaria plurianual no hay programa de investigación viable.
• Interiorizar que los institutos de investigación sanitaria son una infraestructura crítica y un valor estratégico del SNS, con gobernanza estable, acceso bien gobernado y seguro a los datos del sistema y plena interlocución con la industria, las universidades y los organismos públicos de investigación.

La Ley General de Sanidad concibió en 1986 un sistema sanitario público que era a la vez instrumento de equidad y palanca de transformación social. Esa transformación no se sostiene sin conocimiento producido en casa. Porque la soberanía sanitaria no se decreta. Se construye con personas dedicadas a la investigación y la innovación en salud, usando recursos estables y dirigidas por reglas sensatas.