"Ustedes hagan la Ley, que yo haré el reglamento", decía Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, y esta frase es de plena actualidad para explicar lo que ha sucedido en la Asamblea de Madrid. Se ha aprobado la
Ley Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones del Servicio Madrileño de Salud. Una ley importante, fundamental y
primer paso para un posible cambio en la gestión de los centros sanitarios. Pero, dando la razón a Romanones, ahora viene la hora de los reglamentos, y con ello la verdad.
Lo primero que hay que decir es que ya era hora. Que los políticos, en este caso todos, se pongan de acuerdo en la elaboración de una ley, es ya un verdadero acontecimiento. Que se ceda por todos para llegar a un consenso, parece mentira, pero ha sido real. Que la votación reúna en torno al sí a los diputados de tres partidos es ya algo increíble. Que nadie vote no, parece ciencia ficción. Solo los diputados del partido Podemos, por eso de ser diferentes, se abstienen de forma constructiva, a pesar de haber sido partícipes de la elaboración de la Ley. Un gran paso, sin duda.
Ahora hay que desarrollar la ley, dotarla de su verdadero contenido,
"reglamentar" muchos aspectos de la misma. Y este es el momento en el que deben quedar plasmados, de forma inequívoca, todos los aspectos novedosos que contiene. Y son muchos.
La creación de Juntas de Gobierno es una buena iniciativa, incluso una necesidad ampliamente percibida. Abrir el "control" de los centros a personal externo, rendir cuentas, ser trasparente, la fiscalización de la gestión, la participación profesional en los órganos de gobierno, etc. son aspectos muy interesantes y que deben tener un reflejo reglamentario que permita que se puedan ejercer de forma inequívoca. Poner plazo a la elección de los miembros de estas Juntas de Gobierno y a la elaboración de reglamentos es algo prioritario.
Dilatar sine día esto sería vaciar de contenido la ley.
La Ley abre la posibilidad de configurar los hospitales, centros de atención primaria y urgencias, con una modificación sustancial en la configuración de los órganos de gestión. Dependiendo del desarrollo de dicho reglamento, podría ser (o no) el fin del RD 521/87, y eso da miedo. ¿Cómo se configuran los órganos de dirección? ¿Quién lo hará? ¿Será consensuado por los que han elaborado la ley?
No quiero extenderme mucho más. Pero si decir que
la ley también contempla una demanda histórica, la de "profesionalización de la gestión". Decir esto me produce cierto malestar, pues
en general entiendo que los gestores sí son profesionales, aunque no actúen como tales en muchos casos, y sí lo hagan bajo los criterios políticos de quién les nombra.
Nombramiento por concurso limpio y trasparente y dependencia de las Juntas de Gobierno, son dos aspectos novedosos que deben ser "reglamentados" de forma clara y sin recovecos que desvirtúen el fin que se busca. Aunque después de todo, me conformo con
que al menos desaparezca la arbitrariedad, el nepotismo, el criterio de afinidad política,
y prevalezcan los de trasparencia, capacitación y rendición de cuentas.
Se ha dado un pequeño paso, grande en cuanto a idea, y ahora hay que iniciar la carrera de fondo que culmine en un plazo de tiempo breve, sin encontrar obstáculos y piedras en el camino, y sin que se produzca un desfallecimiento irrecuperable antes de cruzar la meta. De no ser así habremos vuelto al habitual engaño al que ya estamos acostumbrados.
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