La Sanidad como servicio, no como botín: una llamada a la despolitización

“La salud es un derecho, no un trofeo político; es el bien común que exige ser protegido de las batallas partidistas.” Esta máxima, pronunciada por la filósofa y política Victoria Camps, resuena con especial urgencia en el debate sobre el futuro de la sanidad española. Durante décadas, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido rehén de los vaivenes ideológicos. La gestión sanitaria, que debería ser un ejercicio de excelencia técnica y profesional, se ha convertido con demasiada frecuencia en un campo de batalla político donde cada autonomía traza su propio camino, y los acuerdos de Estado se antojan un espejismo. Superar esta crisis de confianza exige un cambio de paradigma radical: despolitizar la sanidad para devolverla a sus auténticos protagonistas, los ciudadanos y los profesionales, y dotarla de un modelo de gestión profesional, estable y desligado de los ciclos electorales.

El principal obstáculo para esta despolitización es el diseño mismo del Estado de las Autonomías. Como señala José Manuel Freire Campo, el proceso de descentralización sanitaria ha sido impulsado más por la dinámica política de construcción del Estado compuesto que por criterios de eficiencia o equidad. Esta tensión constante entre el gobierno central y las comunidades autónomas ha generado un sistema fragmentado en 17 sistemas de salud que operan con total independencia, fruto de una pulsión de diferenciación que genera desigualdades y dificulta la coordinación. La convergencia de intereses políticos y sanitarios ha creado un escenario donde cada partido utiliza la gestión de los servicios de salud como un instrumento de poder, perpetuando una lógica clientelar en detrimento del interés general. Romper este ciclo requiere un pacto de Estado que trascienda los colores políticos y sitúe la salud como un valor estratégico por encima de cualquier disputa partidista.

Hacia una gobernanza inteligente y profesionalizada

La solución no es la centralización, sino una gobernanza inteligente que separe de manera nítida las funciones de financiación, aseguramiento y provisión de servicios. El Estado debe garantizar la equidad y la cohesión, asegurando que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a una cartera de servicios común y de calidad. Las comunidades autónomas, por su parte, planificarían y controlarían la provisión en su territorio, pero sin la tentación de manipular la gestión por fines políticos. El verdadero salto cualitativo reside en la profesionalización de la gestión hospitalaria. Durante los últimos años, la dirección de los centros ha oscilado entre médicos sin formación directiva, administradores sin experiencia clínica y, en el peor de los casos, gestores ajenos al mundo sanitario designados por afinidad político. Este improvisado modelo ha demostrado ser ineficiente. Es imperativo establecer un sistema de selección de directivos basado en la meritocracia, la experiencia acreditada y la formación especializada, tal como propugna la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) con sus sistemas de certificación de competencias profesionales. Un gerente de hospital debe ser un profesional de la gestión, con un profundo conocimiento del entorno sanitario y una visión estratégica, cuyo nombramiento y continuidad dependan únicamente de los resultados en salud y la eficiencia.

"La solución no es la centralización, sino una gobernanza inteligente que separe de manera nítida las funciones de financiación, aseguramiento y provisión de servicios"

La despolitización no implica, sin embargo, que la gestión pública desaparezca. El debate recurrente entre gestión pública directa y concesión a privados es, en sí mismo, una trampa ideológica. La clave no está en el modelo de propiedad, sino en la profesionalización y la rendición de cuentas. Como se ha señalado recientemente, la gestión directa debe ser el pilar fundamental, garantizando el control democrático y la prioridad del interés general. No obstante, cualquier modelo, ya sea público o privado, debe someterse a los mismos estándares de transparencia, evaluación de resultados e independencia política. Se trata de huir de los extremos: ni una gestión pública burocratizada y politizada, ni una externalización que convierta la sanidad en un negocio y fomente la "parasitación" del sistema. La eficiencia se logra con profesionales capacitados, gestión por objetivos, evaluación de tecnologías y la creación de un sistema de "benchmarking" o competencia interna que permita comparar resultados y aprender de las mejores prácticas.

Un pacto ineludible para el futuro del sistema

En conclusión, la despolitización de la sanidad española no es una utopía, sino una necesidad ineludible para su supervivencia. Es el camino para superar la falta de acuerdos, dejar atrás el "derecho al pataleo" de los políticos y construir un sistema sostenible, equitativo y de calidad. El camino pasa por un gran pacto de Estado que establezca las bases de un modelo de gobernanza estable, donde la coordinación y la cohesión sean la norma. Requiere, sobre todo, la profesionalización absoluta de la gestión sanitaria, poniendo a los mejores profesionales al frente de nuestras organizaciones, con autonomía de gestión y responsabilidad por resultados. Solo así la sanidad dejará de ser un campo de batalla política para convertirse en el servicio público excelente que los ciudadanos merecen, donde la salud, como reclamaba Victoria Camps, sea un derecho real y no un trofeo de los que ostentan el poder.