Hacia un debate abierto para refundar la sanidad española

“La verdad surge más fácilmente del error que de la confusión" (Francis Bacon).

Con esta máxima inicio una reflexión necesaria sobre el estado de la sanidad española en el siglo XXI.

Bacon nos advierte de que equivocarnos al proponer soluciones es menos dañino que permanecer en la nebulosa de la falta de diálogo. En España, nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), antaño orgullo y modelo internacional, navega hoy entre la inercia de un diseño pensado para el siglo pasado y los desafíos de un presente que exige respuestas ágiles, inclusivas y sostenibles. Sin embargo, el principal obstáculo no es solo la falta de recursos, sino la ausencia de un debate abierto, plural y valiente que permita canalizar las discrepancias hacia un consenso viable. Sin ese debate, la confusión reina y paraliza; con él, incluso del error podremos extraer la verdad que necesitamos.

La sanidad española vive una paradoja: goza de una elevada satisfacción ciudadana y de excelentes indicadores de salud, pero sufre listas de espera cronificadas, déficit crónico de profesionales, infrafinanciación relativa y una fragmentación competencial que multiplica desigualdades. El modelo de 1986 —ley general de sanidad y traspasos a las comunidades autónomas— fue un prodigio de consenso en su momento.

Pero el siglo XXI ha traído el envejecimiento poblacional, la cronicidad, la innovación tecnológica de coste creciente, la pandemia como acelerador de fragilidades y, sobre todo, una nueva exigencia ciudadana de transparencia y participación. Frente a esto, la reacción institucional ha sido la de parches sucesivos: recortes postcrisis, leyes de estabilidad presupuestaria que asfixian la inversión, y una gestión a menudo secuestrada por el cortoplacismo electoral.

La confusión a la que alude Bacon se manifiesta en dos fenómenos. Primero, la polarización estéril: cada partido o gobierno autonómico propone su propia reforma sin escuchar, al contrario, generando un ruido de fondo que impide distinguir los problemas reales. Segundo, la tecnocratización silenciosa: las decisiones clave —sobre cartera de servicios, gestión de recursos humanos, digitalización— se toman en despachos de expertos o consejerías, sin abrirse a la ciudadanía ni a los profesionales de base. El resultado es que el sistema se percibe como una máquina incomprensible que se resiste al cambio. No hay verdad porque no hay confrontación ordenada de ideas; solo hay fragmentos de opinión que chocan sin sintetizarse.

"El cambio ya es inevitable; lo que está en juego es si llegará ordenadamente, por consenso, o caóticamente, por el desgaste de un modelo que ya no da más de sí"

Por eso, generar un debate abierto de opinión no es un lujo democrático, sino una necesidad funcional. ¿De qué debate hablamos? De uno que incluya a todos los actores: pacientes, profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, gestores), sindicatos, patronales de farmacia y tecnología, comunidades autónomas de distinto signo político, y también a los ciudadanos de a pie. Un debate que no tema abordar los temas tabúes: la posible financiación mixta o el copago moderado, la reorganización de la atención primaria como eje frente a la saturación hospitalaria, la armonización de las carteras de servicios entre regiones, la evaluación del desempeño profesional, y el futuro de la sanidad privada como complemento o competencia.

Abrazar el debate abierto significa aceptar que habrá posiciones erróneas o impopulares. Pero, como enseñó Bacon, del error bien discutido se extrae más luz que de la confusión del silencio cómplice. Por ejemplo, algunos defienden que el SNS debe ser gratuito universal sin ningún tipo de restricción; otros abogan por introducir copagos disuasorios para evitar el abuso. En la confusión actual, ambas posturas se demonizan mutuamente. En un debate abierto y bien moderado, se podría explorar evidencia internacional (como el caso de Suecia o Francia) y llegar a un consenso intermedio: copagos ligados a renta o conductas de riesgo, con exenciones claras. El error de unos (creer que todo copago es malo) y el error de otros (creer que resuelve todo) se disolverían al contrastarse con datos y deliberación pública.

Pero el debate no debe limitarse al qué, sino al cómo. El cambio necesario en la sanidad española del siglo XXI exige un nuevo contrato social. Ya no vale el paternalismo sanitario de los ochenta, donde el médico sabía y el paciente obedecía. Hoy los ciudadanos tienen acceso a información, quieren decidir sobre su salud, y exigen rendición de cuentas. Un debate abierto de opinión permitiría diseñar mecanismos de participación vinculante: consejos de salud locales con representación ciudadana, presupuestos participativos para inversiones sanitarias, plataformas digitales de deliberación sobre protocolos clínicos. También obligaría a replantear la formación de los profesionales, incorporando habilidades comunicativas y de trabajo en equipo interdisciplinar.

Ahora bien, ¿no es excesivamente optimista pensar que del debate surgirá el consenso? La historia reciente ofrece ejemplos contrarios: los debates sobre la ley del aborto, la eutanasia o la educación han derivado a menudo en bloques enfrentados. Sin embargo, la sanidad tiene una ventaja fundamental: afecta a todos por igual, trasciende ideologías y, en su núcleo duro (asistencia, equidad, calidad), existe un amplio suelo común. La pandemia lo demostró: cuando el sistema colapsó, saltaron por los aires muchas diferencias partidistas y se improvisaron acuerdos eficaces como las compras centralizadas de vacunas, por ejemplo. Ese espíritu de emergencia debería institucionalizarse en un foro permanente de consenso sanitario, similar al Pacto de Toledo para las pensiones, pero con revisión periódica y participación social activa.

Enfrentar la confusión actual requiere valentía política y madurez cívica. La valentía para convocar un proceso de deliberación sin cortapisas, donde se escuchen incluso las voces incómodas (por ejemplo, de profesionales que denuncian mala praxis institucional o de pacientes que han sufrido negligencia). La madurez para aceptar que el consenso no será total, pero que al menos delimitará un núcleo de cambios irreversibles: por ejemplo, la garantía de tiempos máximos de espera, la financiación suficiente vinculada a objetivos de salud, o la carrera profesional basada en méritos y no en antigüedad. De lo demás —los matices autonómicos o de gestión— se podrá disentir, pero ya sin la parálisis actual.

En conclusión, la sanidad española del siglo XXI no se reformará mediante decretos unilaterales ni mediante la inercia complaciente. Necesita un gran debate abierto de opinión que actúe como crisol de errores y aciertos. Como nos legó Bacon, es preferible partir de planteamientos erróneos pero discutidos que vivir en la confusión de quienes evitan el diálogo por miedo al desacuerdo. El SNS es demasiado importante para dejarlo en manos de la inercia o de la confrontación estéril. Abramos las compuertas de la deliberación ciudadana, profesional y política. Del choque de ideas, incluso del error, podremos forjar el consenso necesario para que nuestro sistema de salud siga siendo un faro de equidad y calidad en las décadas venideras. El cambio ya es inevitable; lo que está en juego es si llegará ordenadamente, por consenso, o caóticamente, por el desgaste de un modelo que ya no da más de sí. La elección, como siempre, es nuestra.