Hay que ver la que se ha montado porque a nuestro más que reconocido director de la ONT, Rafael Matesanz, se le ha ocurrido decir y argumentar con datos, que “hay que llamar la atención sobre la necesidad de racionalizar las unidades hospitalarias dedicadas al trasplante cardiaco”. En concreto, se ha atrevido a referirse a seis unidades hospitalarias las cuales, por sus bajos datos de actividad, no cumplen la actividad deseable y ha dicho que directamente eliminaría cuatro porque no cumplen con criterios de actividad tolerables.
En menos de 24 horas, como un relámpago, han salido a la palestra diferentes autoridades políticas autonómicas de las seis unidades referidas, para justificar el mantenimiento de la unidad correspondiente por motivos como su satisfacción con el rendimiento de la unidad, el compromiso de mantener la cartera de servicios e incluso, en una institución en la que se realizaron solo seis intervenciones en un año, la autoridad correspondiente ha dicho que lo importante es la supervivencia de las personas sometidas a la intervención. En este último caso, ya no vamos a hacer referencia al coste que ha supuesto cada uno de esos seis trasplantes, una vez que hay que mantener la estructura necesaria para poder acometer esta técnica altamente especializada y compleja 365 días al año; cuestión en estos momentos de gran importancia dada la situación económica de nuestro sistema sanitario público y a la que seguro también se refería el doctor Matesanz, pero imaginemos que por acción de la divina providencia, que en esta ciencia médica nuestra no es siempre previsible, hubieran fallecido 2 o 3 pacientes de haber mediado la mala fortuna; en ese caso no sé cómo habría que interpretar esta intervención ni la propia conveniencia del servicio. Sin duda que para no caer en el ámbito de la demagogia y el oportunismo político, habrá que hacer un seguimiento en los próximos años de los resultados obtenidos en esta y otras materias relacionadas con la salud.
Está claro que la Ley General de Sanidad del año 1986 supuso un avance en la accesibilidad de los ciudadanos de todo nuestro territorio al sistema sanitario y por ende supuso un paso importante en la consecución del Estado de bienestar de nuestra población. Pero también está claro, que los que se encargaron de desarrollar la Ley no lo hicieron con la intención de que se abordaran todos los procesos, con independencia de su complejidad, en todos los sitios.
Los resultados sanitarios por proceso deberían ser un criterio básico en la planificación de la oferta del sistema sanitario y éstos, al contrario de lo que dice la Ley que habla sólo de eficacia y efectividad en la asistencia sanitaria pública, deberían acompañarse indefectiblemente de los niveles de eficiencia razonable, para lo que obviamente se necesita no sólo unos resultados satisfactorios en términos de supervivencia y calidad, sino también bajo el parámetro del mínimo coste posible, para lo cual hay que contar siempre con una actividad mínima determinada.
La Ley General de Sanidad claramente se ha quedado obsoleta en algunos aspectos, dada la evolución que ha tenido la ciencia médica y la necesidad de priorizar el coste por encima de cuestiones de índole ideológica, pero más allá de lo que se pueda sacar de su interpretación, creo que no es de recibo que se pueda contradecir a la ligera, en un tema como la planificación de los trasplantes, a una autoridad mundial como el doctor Matesanz.
La sanidad pública, universal y gratuita, no debería ser incompatible con la racionalización y la planificación de los servicios. Al contrario para garantizar la mayor calidad y seguridad en la atención sanitaria a los pacientes y la equidad en el acceso, las prestaciones y en los resultados, es necesario que las opiniones de los profesionales imperen sobre los intereses políticos.
Llegará un día en el que la sociedad exigirá transparencia de verdad en los resultados y en ese caso no habrá opción para las opiniones baladís. Mientras tanto y a la espera de una reflexión en conciencia sobre ¿qué clase de sistema sanitario quieren poner las autoridades a disposición de la sociedad?, sólo nos queda la opción de esperar.