Homologación médica: una cuestión a solucionar para no seguir fingiendo

La reciente noticia sobre algún hospital público de Cataluña denunciado por contar con médicos sin la especialidad homologada ha generado titulares, una supuesta indignación y declaraciones de rigor. Pero, seamos sinceros, más allá de la prensa intencionada, no es una sorpresa. Es, más bien, la constatación pública de una realidad que el sistema sanitario conoce desde hace años y que prefiere gestionar…  mirando para otro lado.

Hay colegios de médicos en los que hay una sección que cuenta con cientos de médicos especialistas sin título oficial (los llamados mestos) que trabajan en los servicios públicos de salud.

Podemos fingir un escándalo o podemos afrontar, de una vez, el problema estructural que hay detrás.

Porque lo que ocurre en determinados hospitales comarcales catalanes no es una excepción, sino la consecuencia directa de una legislación que no se puede cumplir tal y como está diseñada, unida a una planificación de recursos humanos poco realista y a un colapso administrativo en los procesos de homologación.

Vamos, la realidad que nadie quiere decir en voz alta.

El sistema sanitario público español parte de una premisa: para ejercer como especialista hay que tener la especialidad oficialmente reconocida. Eso es incuestionable.

Así, el marco legal español es claro en este punto: el ejercicio como médico especialista en el Sistema Nacional de Salud exige estar en posesión del título oficial de especialista con validez en España. Esta obligación se fundamenta en la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que establece que el desempeño de actividades propias de una especialidad sanitaria requiere la correspondiente formación y titulación oficial; en el Real Decreto 183/2008, que regula y define las especialidades en Ciencias de la Salud y el sistema de formación sanitaria especializada; y en el Real Decreto 459/2010, que condiciona el ejercicio profesional de los especialistas con títulos obtenidos en el extranjero al previo reconocimiento de sus títulos profesionales por el Ministerio de Sanidad.

El problema aparece cuando esa exigencia se traslada de forma uniforme a todos los territorios, a todos los hospitales y a todas las especialidades, sin tener en cuenta:

• La complejidad real de los centros
• Su capacidad docente y de supervisión
• El volumen asistencial
• El atractivo profesional que ofrecen

No se puede obligar a los médicos a trabajar en determinados hospitales donde no existe desarrollo profesional, ni masa crítica, ni itinerarios formativos razonables. Eso no funciona, por mucho que la norma lo exija, ni es algo que pueda suplirse sólo incrementando los sueldos.

El resultado es conocido: o se cierran servicios, con lo que implica desde el punto de vista del ruido político, o se incumple la norma de facto.

Y ¿qué ocurre? Que se incumple y aquí aparece una gran contradicción: el sistema público tolera lo que públicamente condena. Otra gran contradicción dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud de las que hay varias.

Se contrata a médicos 'generalistas' para cubrir funciones de especialista y se normaliza lo excepcional hasta que viene la prensa y destapa un escándalo que en realidad es rutina.

Todo el mundo lo sabe: direcciones médicas, gerencias, servicios de salud autonómicos y administraciones centrales. Pero nadie quiere asumir el coste político de decir que el modelo actual no es viable. Lo de siempre; falta unión y coraje.

Homologaciones de médicos especialistas

Y este problema estructural se agrava por otro más grande si cabe: el colapso de las homologaciones.

España necesita médicos de algunas especialidades y tiene médicos disponibles esperando, pero no somos capaces de homologarlos a tiempo.

En el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se acumulan decenas de miles de expedientes pendientes de homologación de títulos universitarios, muchos de ellos de Medicina, con retrasos que no se miden en meses, sino en años.

En el Ministerio de Sanidad, la homologación de títulos de especialista —más compleja y delicada— carece de datos públicos transparentes, pero el resultado práctico es el mismo: lentitud extrema, incertidumbre y frustración profesional.

Ante esta situación, el sistema tiene realmente dos opciones:

• Reorganizar los recursos asistenciales, centralizando determinadas especialidades en centros con mayor complejidad, volumen y capacidad docente, asumiendo que no todos los hospitales pueden ofrecer de todo (lo que sería absolutamente razonable y lo más lógico)
• Crear mecanismos transitorios, regulados y supervisados que permitan incorporar profesionales sin homologación definitiva, garantizando la seguridad clínica y evaluando su aptitud real

Todo lo demás es pedir un imposible y luego sorprenderse de que la ley no se cumpla.

Aquí es donde haría falta pasar del diagnóstico a la solución.

Descartada la primera opción - lo de centralizar determinadas especialidades-, hay que tratar de ir por la segunda opción y una alternativa sensata, realista y compatible con la seguridad del paciente sería implantar un sistema de rotaciones supervisadas de corta duración, con las siguientes características:

1. Comprobación y acreditación de los programas de formación de especialistas en los países de origen
2. Periodos definidos y limitados en el tiempo: rotaciones de 3 a 6 meses, prorrogables de forma excepcional, nunca indefinidas. En ese periodo, con una tutela real es tiempo suficiente para saber si un supuesto especialista tiene los conocimientos suficientes
3. Supervisión obligatoria por especialistas acreditados de forma remunerada. Cada médico en proceso de evaluación debería estar adscrito a un tutor especialista responsable, con funciones claras de supervisión clínica y formativa y cobrar por ello
4. Evaluación estructurada de la aptitud profesional. No se trata solo de 'cubrir huecos', sino de valorar competencias clínicas reales, capacidad de toma de decisiones, integración en equipos y adaptación al sistema
5. Vía rápida hacia la homologación o descarte. Tras el periodo supervisado, el sistema debería ser capaz de decir sí o no. Con datos, con informes clínicos, con responsabilidad

Este enfoque tiene varias virtudes claras:

• Protege al paciente, al garantizar supervisión real
• Reduce la hipocresía, sustituyendo el incumplimiento encubierto por un marco regulado
• Aprovecha talento disponible, sin rebajar estándares
• Da certidumbre a los profesionales, que hoy viven en un limbo administrativo
• Permite planificar, en lugar de improvisar
• Y, sobre todo, introduce algo que hoy falta: evaluación real de la aptitud, no solo revisión burocrática de papeles

El debate no va de bajar el nivel ni de 'regularizar irregularidades'. Va de reconocer que el modelo actual no responde a la realidad asistencial del país. Y presentar una solución que a lo mejor no es perfecta, pero es una solución real y posible.

Mientras sigamos fingiendo que todos los hospitales pueden funcionar igual, que las homologaciones pueden tardar años sin consecuencias y que la ley se cumple porque lo dice el Boletín Oficial del Estado (BOE), seguiremos atrapados en esta contradicción permanente.

Quizá ha llegado el momento de hacer algo más difícil, pero también más honesto: decir la verdad y tratar de hacer algo por una vez para solucionarlo.