Despedimos el año pasado con una noticia que, en mi opinión, pasó sin apenas repercusión, pero que representa, sin duda, un varapalo importante para todos los profesionales sanitarios no sólo por el precedente que crea, sino por la falta de reconocimiento que implica, ante el cual han permanecido impasibles una vez más, o al menos no han transcendido, las reacciones de las instituciones que los representan en nuestro país. Desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, en virtud de la aplicación de un decreto del 13 de marzo de 2007, se establece y como tal se ejecuta que todos “los puestos directivos y los cargos intermedios, sin excepción, deben dedicarse a la sanidad pública en exclusiva”.
La verdad es que la noticia no sólo llama la atención por lo injusta en sí misma, ya que impide el libre desarrollo de los profesionales más allá del ámbito del sector público al impedir o crear una incompatibilidad para que en su tiempo libre, es decir, fuera de su horario laboral legalmente establecido, puedan hacer lo que crean más conveniente.
La noticia llama la atención también porque, por ejemplo, trata a los jefes de servicio clínicos de cargos intermedios; estoy seguro de que esta denominación de los jefes de servicio se ajusta a lo que diga la normativa correspondiente, pero si es así, claramente es un error que hay que cambiar lo antes posible porque no se ajusta a la realidad del principio de necesidad de los cargos para poder llevar a buen puerto la finalidad del sistema sanitario. Sin lo que se denominan cargos superiores del sistema, seguro que los profesionales sanitarios pueden seguir curando, pero sin los cargos intermedios, los cargos superiores no pueden hacer nada. Así de simple. De ahí que en esto del sistema sanitario habría que invertir y reconocer a los profesionales por encima de cualquier gestor -y lo digo desde mi posición como director general de un grupo hospitalario-, sin quitar ninguna importancia a la labor que desempeñamos y cuyo papel y protagonismo debe limitarse a poner a disposición de los profesionales sanitarios los medios para que estos puedan realizar su labor de la mejor forma posible y con las condiciones laborales necesarias que permitan garantizar una coordinación adecuada en el funcionamiento de los servicios y una gestión eficiente; es decir, acorde con el sentido común.
Pero más allá de denominaciones o nombramientos, esta situación supone una injusticia manifiesta. Casi intolerable diría yo y dice muy poco de la memoria de algunos de nuestros representantes políticos. Siempre hemos presumido, y es verdad, de tener uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo a un coste muy razonable, pero si esto ha sido así es fundamentalmente porque nuestros profesionales han cobrado mucho menos que el resto de profesionales de los países que nos rodean y han trabajado con una calidad y un nivel de excelencia envidiables. En nuestro país el gasto sanitario público -no el total, porque el gasto sanitario privado en España es de los más altos- está por debajo de lo que gastan otros sistemas sanitarios de países de nuestro entorno y claramente ese par de puntos del PIB en nuestro país han sido restados de los salarios de nuestros profesionales sanitarios.
Es muy respetable que haya profesionales sanitarios solo en el sector público, protegidos bajo el régimen estatutario, que quieran centrar toda su carrera profesional en el mismo, pero también debe serlo el que haya profesionales que puedan además de hacer carrera docente o investigadora, o dirigir un servicio clínico en el sector público -sobre todo en provincias en donde la sanidad privada, por su falta de volumen, no permite el nivel de complejidad suficiente como para garantizar un desarrollo profesional completo-, que en su tiempo libre quieran complementar sus emolumentos sin tener que renunciar a lo primero que en nada es incompatible. Al final si les haces elegir, los profesionales, obviamente, renunciaran a lo que económicamente les suponga menos impacto, porque las familias se comprometen en gastos y hacen planificaciones en función de las posibilidades económicas -no docentes, ni investigadoras, ni en función de los cargos que ocupen en el sistema-, pero esto supondrá un empobrecimiento manifiesto del sector sanitario público, el cual, no sólo tendrá que ir renunciando a la capacidad de innovar tecnológicamente fruto de la situación económica, sino que irá perdiendo profesionales que se verán obligados absurdamente a elegir.
Esta falta de libertad sí que debería de haber supuesto movilizaciones y llamamientos a la rebeldía por parte de las instituciones representantes de los profesionales y de las que defienden la buena medicina. Las profesiones sanitarias son conceptualmente profesiones liberales y todo lo que sea bloquear esa libertad es ir en contra no sólo de la propia naturaleza y desarrollo de los propios profesionales, sino del más mínimo sentido común, porque sólo se resta y no se aporta además ningún valor.
A veces tengo la sensación de que sólo sabemos retroceder.