De nuevo hemos podido asistir a un ejemplo de mala utilización de la sanidad para fines políticos sin valorar el perjuicio o el efecto que puede tener para la sociedad. En esta ocasión, aunque últimamente no es novedad, el mensaje torticero viene de tierras gallegas, en concreto de la portavoz del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), que ha salido a la palestra para decir que la cesión de datos a la privada por parte del sistema sanitario público "es de dudosa legalidad".
De verdad que nuestros políticos tienen que hacer un acto de reflexión y un esfuerzo común para al menos no hacer el ridículo. Es posible que una parte importante de la población, por desconocimiento, no sea capaz de valorar las consecuencias que tiene el que la información de los pacientes del sistema sanitario público y el privado, del sanitario y el socio-sanitario, estén o no integrados.
Este es un claro ejemplo que nos muestra que, al igual que ocurre en todas las profesiones, al político que se dedica a un determinado área se le debería exigir un nivel de conocimiento mínimo, que evite tal o cual declaración por impericia y, si no es el caso, porque sí que es conocedor de la materia, al menos, como pasa en cualquier profesión, un mínimo nivel de ética al ejercer su labor: no todo puede valer.
El tratar de hacer política a costa de un tema tan importante como es el sistema sanitario o el tratar de alegar cuestiones menores –en esta ocasión en relación a la protección de datos-, teniendo en cuenta el efecto que tendría la unificación de la información clínica, tanto para el sistema sanitario en términos de eficiencia y, sobre todo, para los pacientes por razones de seguridad y comodidad, no debería pasar sin algún tipo de reprobación.
Los beneficios que esta medida tendría son absolutamente indiscutibles y están fuera de toda duda. No conozco ni un solo profesional de nuestro sector, con independencia de la rama a la que pertenezca y su ideología, que se oponga. La unificación de la información clínica no solo daría a los pacientes la posibilidad de manejar y controlar su información clínica, de la que son verdaderos propietarios según reza la Ley, sino que permitiría ahorros automáticos para las arcas públicas al aprovechar los resultados de las pruebas que se realizaran voluntariamente en el sector privado, evitando duplicidades e ineficiencias, permitiendo controlar la salud de la población en todos los ámbitos y en todos los entornos: desde el control ambulatorio de seguimiento de los tratamientos a la correcta coordinación entre los diferentes niveles asistenciales (primaria y especializada, por ejemplo), o la adaptación de los recursos a las necesidades sanitarias de la población a través de la coordinación con un sector socio-sanitario en el que más del 70% de la provisión es privada, etc.
Si no, ¿cómo va a garantizar la administración pública la salud de la población si no conoce la información clínica del 70% de los centros socio-sanitarios de nuestro país o de los más de 400 hospitales privados que existen?.
Además se da la circunstancia de que el sector privado, en realidad, no gana para sí mismo con la unificación de la información desde un punto de vista económico. Al revés, cuando desde instituciones como el IDIS venimos reclamando la necesidad de la unificación de la información, como punto de partida y pilar fundamental para tener un sistema eficiente, es única y exclusivamente por el beneficio y la comodidad de los ciudadanos y la sostenibilidad de nuestro sistema público. Que nuestro beneficio económico se viera mejorado si no se produjera esta unificación se cae por su propio peso, ya que cuantas más pruebas se hicieran en el sector privado aunque fuera a costa de repetirlas de manera injustificada, mucho más facturaríamos. Por tanto, lo de que con esta medida se pretende favorecer la privatización de la sanidad es otra falacia que no tiene otra intención más que confundir y meter miedo, puesto que los mayores beneficiados serían las arcas del sector público y los propios ciudadanos.
Finalmente, y para rematar, las declaraciones de la portavoz no solo son contrarias a la lógica más elemental, sino a cosillas de más enjundia, como por ejemplo la directiva sobre asistencia transfronteriza que acaba de entrar en vigor en los países de la UE y que aboga por un espacio sanitario único con independencia de si es privado o público. Además, la representante alega en su discurso cuestiones como que si "accede el sistema privado a la información del sistema público se rompe la cadena de custodia de la información", o que " la administración autonómica pública es la responsable de proteger la información sobre la enfermedad y la salud de los ciudadanos". No hace falta recordar que ya la Constitución consagra el derecho a la iniciativa privada en nuestro país, a la cual el ciudadano, en el caso de la salud, puede acudir cuando crea conveniente; o que, en realidad, el único que tiene que decidir sobre si da acceso a su historia clínica en la sanidad pública, o en el sector privado, es el propio paciente, como titular del derecho a la información, según Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y no la administración.
De verdad, que no puede valer todo, La sociedad civil o en realidad todos los que podemos aportar un granito de arena por nuestros conocimientos para tratar de tener un sistema sanitario lo mejor posible para los ciudadanos, con independencia de nuestra ideología, deberíamos plantar cara a tropelías de esta índole en nombre de una sociedad que no puede permitirse más demagogia en sanidad y menos en un momento en el que las reformas de calado deben afrontarse con responsabilidad y conciencia social.