El mutualismo administrativo o cómo hacer de la necesidad virtud

En las próximas semanas se abre la negociación de nuevo para la renovación del concierto de las aseguradoras con las mutualidades del Estado: Muface, Isfas y Mugeju.

Es conocido e indiscutible por todo el mundo la infrafinanciación que lleva sufriendo en los últimos años el modelo y que ha condicionado pérdidas millonarias a las aseguradoras que siguen asistiendo a las dos de mayor tamaño, Muface e Isfas.

A esto, además, hay que añadir una presión importante sobre los hospitales y los profesionales para tratar de reducir las tarifas para asistir a los funcionarios, en ocasiones hasta estar facturando por debajo de los costes. Y todo por mantener un modelo que nadie quiere quitar, pero que tampoco nadie apuesta por financiarlo de verdad.

Y digo que es conocido este sistema de infrafinanciación por parte de los distintos gobiernos, los cuales aprovechan su posición de fuerza para tratar de exprimir más allá de lo razonable a quien sostiene el modelo – aseguradoras y hospitales privados- hasta el punto de poderse ver que en cualquier gráfica de financiación del sistema, cómo en los últimos 10 años ha subido el gasto per cápita anual en el Sistema Nacional de Salud un 50%, mientras que la financiación destinada al modelo de las mutualidades apenas lo hizo en un 30%.

Resultado de esto; que en el año 2023, la cápita media que invierte el Estado en el SNS al año es de 1.736 euros mientras que lo que invierte por sus funcionarios es de 1.030 euros al año. Además merece la pena hacer notar que la media de edad de los funcionarios no deja de subir de forma imparable siendo en la actualidad de 57 años lo que, como es obvio, encarece mucho más la atención por los costes derivados del envejecimiento progresivo y la policronicidad. Costes, por si alguien todavía tiene alguna duda, que son asumidos por las aseguradoras con las mismas coberturas del SNS ya sean atendidos en la provisión privada, o en la pública, en defecto de ésta.

Esta diferencia de más del 40% como no puede ser de otra forma conlleva que la siniestralidad por la atención de los funcionarios, es decir sólo en prestaciones y sin contar con los gastos de gestión, supera el 100% produciendo en el año 2022, según se ha publicado, unas pérdidas anuales de casi más de 150 millones de euros al año para las aseguradoras sin poder contabilizar el efecto de las reducciones en las tarifas sobre la provisión y los profesionales.

La verdad, es que cuando se negoció el actual concierto para los años 2022-2024 desde el Ministerio de Hacienda se le trató de dar un empujón alargando el contrato a tres años en vez de dos y dándole un empujón con una subida de un 10% para este periodo con tan mala suerte que según comenzó el año 2022 empezó, entre cosas, la guerra de Ucrania conllevando una subida general del IPC terrible y, en particular, para los centros hospitalarios en los costes de energía, en los contratos de mantenimiento o en los costes de los materiales sanitarios por el encarecimiento de la producción y de los transportes. Hasta tal punto tuvo tal impacto que sólo el primer año de los tres, el 2022 lo costes del modelo superaron el 10% que se destino para todo el trienio del convenio.

Y ahora estamos en una situación de prenegociación en donde parece que por primera vez el Gobierno sí ha dejado claramente dicho que su intención es renovar, el Ministerio de Sanidad dirigido por el partido socio del gobierno Sumar, en un atisbo de sentido común, ha dicho que sí (“aunque dentro de nuestro modelo actual es un sistema anacrónico, a día de hoy hay otras prioridades en el SNS”), antes que eliminar el modelo, ante la presión y el colapso del sistema sanitario público.

"En el momento actual la responsabilidad de afrontar el reto, está en el Ministerio de Transformación y de la Función Pública y no es una decisión fácil"

El problema, esta vez sí, viene desde la intención de renovación de los operadores sanitarios, aseguradoras y hospitales, que ya se han manifestado también abiertamente en varios foros, los primeros en el sentido en que si no se financia el modelo no irán al concierto -el riesgo reputacional que les pueda conllevar soportar una pérdida razonable, pero no de 200 millones a año-, y los segundos trasladando a las aseguradoras que o se abona las tarifas que compensen los costes o no se podra trabajar con estos asegurados.

Y aquí estamos ahora con las espadas en todo lo alto. En el momento actual la responsabilidad de afrontar el reto, está en el Ministerio de Transformación y de la Función Pública y no es una decisión fácil porque la no renovación del modelo por cualquier causa supondría,  primero un deterioro, aún mayor, brusco del acceso al sistema sanitario público que tendría que acoger de forma más o menos homogénea por nuestra geografía a casi 2 millones de ciudadanos que en el momento actual optan por la opción privada en un escenario de colapso inaceptable y, obviamente, un descalabro en la asistencia sanitaria privada de muchas provincias al ponerse en el alero la viabilidad de los hospitales privados en los mismos y con ello el equilibrio actual para colaborar con el sistema sanitario púbico de turno para poder afrontar la demanda de la población de la región.

Todo sin contar con el efecto empresarial que esto tendría sobre la economía de las provincias.

Así, a mí se me ocurren tres posibilidades:

1 – La que nadie quiere, ni el propio socio de gobierno que sabe que no es asumible actualmente, que es arriesgarse a que los operadores dejen de trabajar con el modelo porque las pérdidas son inasumibles presentando una oferta de renovación pírrica..

2 – Renovar el acuerdo incrementando la financiación del modelo como está, de una forma adecuada por ejemplo indexando la cápita a pagar a un 90% de la cápita que cuesta al ciudadano al SNS.

Y, dado que hay una mayoría social que si no esta en contra del modelo no se encuentra cómoda con el mismo, se me ocurre -de manera individual y sin hablar en representación de nadie- una tercera opción que además podría aliviar de golpe las listas de espera del SNS, se podría poner en marcha fácilmente y podría suponer hacer de esta cuestión una oportunidad para nuestro sistema sanitario público.

3 - Establecemos desde el Gobierno un contrato de prestación de servicios a 10 años con las aseguradoras, financiando el modelo adecuadamente e incorporando otros colectivos como funcionarios de las Comunidades Autónomas o de los ayuntamientos a fin de poder descargar las listas de espera del sistema público y durante ese periodo de 10 años la administración hace las inversiones necesarias para poder en ese momento absorber la demanda por la atención de todos esos colectivos traspasados de forma voluntaria al sector privado temporalmente. Si se han creado esas infraestructuras pues se cierra el modelo y se acabó la polémica.

Por último, me gustaría aclarar una afirmación sobre la dudosa eficiencia del modelo de los funcionarios que se destila desde sus detractores que es totalmente falsa y que además es perfectamente medible y comparable. Así, se podrá poner en duda lo que se quiera del modelo – incluyendo la legitimación de un derecho histórico adquirido por parte de los funcionarios si se quiere – pero hay dos cosas que son tan claras y objetivas como ciertas y que además son las principales cosas de las que adolece nuestro SNS: la eficiencia y sobre todo la productividad que por su importancia esta por encima de la primera.

Lo principal por encima de todo es dar servicio a los pacientes. Eso no se puede poner en duda.