En 2010 tuve la oportunidad de impulsar un
acuerdo entre las compañías farmacéuticas Novartis y Rovi, con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para la instalación de una planta para la producción de vacunas en España, cuya sede habíamos previsto ubicar en
Granada.
Desgraciadamente la operación se frustró y tengo que decir que hoy lamento mucho que no tengamos en marcha ese proyecto que
habría sido un elemento de garantía para los españoles en momentos como este; el proyecto se fundamentaba en la seguridad de que estamos en un periodo de la historia en la que la posibilidad de
sufrir pandemias era casi una certeza.
La idea surgió a raíz de las
estrategias de preparación ante una pandemia de gripe aviar o un nuevo SARS o situaciones similares que valoramos en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud requerían fortalecer a nuestro país haciéndolo menos dependiente de este tipo de recursos preventivos tan importantes como son las vacunas;
más aún en situaciones de pandemia como ahora con la COVID-19.
Sería conveniente valorar la pertinencia de retomar ese frustrado proyecto para el futuro que
era una de las lecciones aprendidas tras la gestión de la pandemia de la Gripe A. Un proyecto que algunos frustraron de manera poco sensata. Un proyecto que hoy vuelve a cobrar vigencia. Yo apuesto por eso.
Proyectos de investigación frente al COVID-19
Y es que uno de los asuntos que más interés está concitando en relación a la lucha frente a las consecuencias del coronavirus COVID-19 se refiere a la articulación de
numerosos proyectos de investigación a nivel mundial en la búsqueda de una vacuna capaz de prevenir la infección, mediante la generación de una inmunidad efectiva en la población.
Hay puestas muchas esperanzas en la posibilidad de conseguir este objetivo y muchas reflexiones y consideraciones a realizar; los ojos del mundo están puestos en estas iniciativas y ello requiere asegurar el
máximo rigor en los ensayos clínicos tanto en la aplicación de los criterios y procedimientos éticos, como en la gestión y exigencia de las garantías metodológicas que las agencias reguladoras tienen obligación de vigilar y monitorizar.
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"Es una oportunidad para hacer realidad la orientación de las instituciones públicas y de las empresas concernidas hacia el interés general, contribuyendo a salvar vidas y normalizar la vida social y la actividad económica"
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Pienso que los esfuerzos en ese sentido merecen reconocimiento y aplauso al tiempo que un
intenso trabajo por parte de las autoridades y los promotores de las investigaciones para asegurar que, si hay éxito en las iniciativas, haya
acceso universal y equitativo.
Esto conlleva reclamar a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Unión Europea (UE) y a nuestras autoridades sanitarias nacionales un trabajo coordinado (que seguramente se estará realizando o eso espero) y que debe buscar hacer viable un
acceso equitativo a la eventual vacuna en el que ni el precio, ni el peso económico y político de un país o una región sean, en ningún caso, una barrera para ninguna persona ni para ningún país.
En el caso de España, además de haber impulsado iniciativas de investigación que puedan contribuir a disponer de la base científica que permita hacer viable encontrar las claves para tener una vacuna disponible,
el Gobierno debe trabajar con las compañías farmacéuticas que pudieran tener éxito en sus proyectos para garantizar el suministro de las dosis que fueran necesarias para nuestra población.
Esto es algo complementario con el trabajo y la exigencia en el ámbito de la UE y la OMS para asegurar que estos organismos juegan un papel esencial en la articulación de mecanismos que aseguren el acceso para todos de manera equitativa.
Un precio social para la vacuna contra el COVID-19
Conozco planteamientos de iniciativas públicas y también de algunas iniciativas publico-privadas que trabajan con ese enfoque. Incluso
hay iniciativas loables de empresas que se muestran dispuestas a asumir un precio social por cada dosis, en este periodo de pandemia.
Es una oportunidad para hacer realidad la orientación de las instituciones públicas y de las
empresas concernidas hacia el
interés general, contribuyendo a salvar vidas y normalizar la vida social y la actividad económica a nivel global.
Si hay éxito y se consigue una vacuna eficaz, será una contribución relevante en este sentido que habrá que asegurar se haga con
criterios de equidad y justicia social. Algo que estoy seguro que todos aplaudiremos.
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