En las últimas semanas hemos venido asistiendo a diversas informaciones relativas a posibles fraudes ligados a clínicas y franquicias que se dedican a la salud dental.
Estas situaciones afectan a miles de personas que estaban siendo tratadas de diferentes procesos dentales y que en muchos casos han adelantado el pago de
unos servicios de salud dental que han quedado suspendidos para los pacientes afectados.
También son
numerosos los profesionales de la salud dental que con estos casos hemos conocido
que ni están adecuadamente contratados, pagados y protegidos desde el punto de vista laboral y profesional. Franquicias que obligan a los profesionales a darse de alta como autónomos haciendo en la práctica un
uso fraudulento de la normativa laboral que deja desprotegidos y mal pagados a miles de profesionales que ven como, además de no poder disfrutar de mis derechos laborales esenciales, las políticas empresariales afectan y perjudican la calidad asistencial que merecen los pacientes.
Son numerosas las clínicas y franquicias de salud dental que han ido abriendo y ofertando servicios en todo el territorio nacional y
es cierto que estos casos pueden estar afectando la credibilidad de sus actividades de manera injusta.
Es
imprescindible por tanto actuar para asegurar la calidad asistencial, evitar abusos y
proteger tanto a los pacientes y ciudadanos
que contratan los servicios de salud dental, como a los profesionales que presentan la asistencia dental, de tal manera que el prestigio del sector quede salvaguardado sobe la base de garantías en todo el proceso y para todos los actores.
Por todo ello creo necesario que el Gobierno aborde junto con las Comunidades Autónomas y en colaboración con las organizaciones profesionales,
la elaboración de un plan de calidad en la salud dental en España.
Dicho deberá acometer las medidas necesarias para
asegurar la elaboración de un protocolo que permita desarrollar normas eficaces para acreditar y garantizar la calidad asistencial para todos los pacientes y ciudadanos.
También, ha de asegurar que la situación laboral de los profesionales que trabajan en las clínicas y franquicias dedicadas a la salud dental se desarrolla con total respeto a sus derechos laborales y que no se condiciona la calidad asistencial para los pacientes.
Es algo imprescindible para aseguradoras, franquicias, profesionales y pacientes.
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