Hace unos días, la ministra Ana Mato y la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, dieron luz pública a las propuestas que desarrollan el acuerdo marco con la profesión farmacéutica en España sobre el Pacto por la Sanidad, Desarrollo Profesional y Gestión Clínica.
Aunque se va a cumplir un año del acuerdo marco y no hay ninguna evaluación conocida de los posibles avances e incumplimientos,
se puede señalar ya que no haber hecho realidad la universalización del derecho a la asistencia modificado en el Real Decreto Ley 16/2012 es uno de los grandes incumplimientos del acuerdo.
Señala la ministra que las propuestas presentadas hace unos días pretenden hacer posible el papel profesional del farmacéutico, ya que resulta esencial para garantizar el seguimiento farmacoterapéutico del paciente y, en especial, del paciente crónico y polimedicado, así como para el uso responsable de los medicamentos y su correcta utilización.
Y se incorporan en el documento una serie de puntos que, en muchos casos,
no pueden hacerse realidad sin el acuerdo de las comunidades autónomas, dado que son ellas las que tienen las competencias para ello.
Y en otros casos, como la gestión clínica o el seguimiento farmacoterapéutico, necesitan el acuerdo de los médicos e incluso de las enfermeras para su efectiva aplicación, dado que
afectan a competencias profesionales que requieren no sólo coordinación, sino respaldo normativo.
Por eso, he presentado una batería de preguntas al Gobierno para que la ministra nos asegure si todos y cada uno de los puntos firmados en el acuerdo entre Ministerio de Sanidad y Consejo de Farmacéuticos son competencia exclusiva del Ministerio o si, por el contrario,
invaden competencias de otras administraciones e, incluso, de otros departamentos del Gobierno, como es el caso del Ministerio de Educación.
También pregunto si ha acordado previamente el Gobierno con las autonomías aquellos puntos del acuerdo con el Consejo que son competencia de las administraciones autonómicas o si ha comentado previamente al menos con las autonomías dichos puntos.
De igual forma, pregunto a Mato si ha pactado con otras profesiones sanitarias la
forma en la que se va a poder hacer realidad el rol del farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico.
Este seguimiento, para ser efectivo, requiere una coordinación respetuosa con las competencias profesionales y probablemente, un marco normativo concreto.
Estas son cuestiones básicas que deben estar aseguradas para hacer posible
que los acuerdos no sean papel mojado ni utilicen políticamente a los farmacéuticos españoles y, por el contrario, hacer posible que se puedan cumplir sus objetivos en beneficio de los pacientes y de la profesión.
Yo echo en falta algunas cosas como que figure explícitamente el
mantenimiento de la farmacia económicamente comprometida y el mantenimiento del empleo de los adjuntos.
Y echo en falta que en una asistencia farmacéutica supuestamente universal y de calidad no se mencione al
paciente que a causa de copago y desfinanciacion sufre barreras de acceso, ya que bien queda excluido o bien queda dificultado el acceso al medicamento en muchas ocasiones. Algo que ven los farmacéuticos en sus farmacias todos los días.
Echo en falta este tipo de cuestiones y otras como la eliminación del Real Decreto Ley 5/2000 y los 8/2010 y 9/2011, que
fueron comprometidos por Ana Pastor como responsable de sanidad del PP en la campaña electoral de 2011 ante los presidentes provinciales de colegios en la sede del Consejo General.
Por eso, también he preguntado a Mato por qué esos compromisos no se han hecho realidad en el acuerdo que pomposamente ha presentado la ministra hace unos días junto a Carmen Peña.
No debe ser gratis políticamente incumplir los compromisos, sobre todo cuando no se dan explicaciones de nada de lo olvidado en la acción de Gobierno.
Espero que las respuestas de Mato, si se producen, despejen mis serias dudas de que este nuevo acuerdo no sea de nuevo papel mojado y que no tome el pelo a la profesión farmacéutica de España.
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