Hacia un nuevo derecho social y sanitario: cuidados de larga duración

Lo planteado en este artículo es una cuestión fundamentalmente política y ética: ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una sociedad que abandona a sus mayores y sobrecarga a las mujeres con cuidados no remunerados, o una sociedad que asume colectivamente la responsabilidad de garantizar una vejez digna para todas las personas?

La respuesta socialdemócrata es clara: los cuidados son un derecho, no una mercancía; una responsabilidad colectiva, no una carga individual; una inversión social, no un gasto insostenible. Es hora de actuar en consecuencia.

Vivimos en una sociedad donde parece que está de moda reducir los impuestos sin más. Pero además en un país que jamás ha gravado las rentas del capital, sino las rentas del trabajo.

La situación social y demográfica de nuestro país nos aboca a tener que dar respuesta a lo que se han venido a denominar cuidados de larga duración. Pero además, por primera vez se apuesta por el primer apellido de la conocida como 'Ley de la Dependencia', la autonomía personal ¡Ya era hora! Y también, nos permite desdibujar los compartimentos estancos en los que hemos convertido la sanidad y los servicios sociales. Es una oportunidad única para pensar en las personas y sus necesidades de cuidados con el objetivo que viva la mayor parte de su vida de forma autónoma. Y eso es apostar por los derechos humanos en el sentido más amplio.

No habremos cumplido con la sociedad si los cuidados de larga duración no cumplen una serie de principios:

• Garantizar el acceso universal basado en las necesidades de la persona
• Promover que la persona pueda vivir en la comunidad la mayor parte del tiempo posible
• Asegurar la calidad en base a unos estándares conocidos y homogéneos
• Garantizar que sean asequibles y que estén asegurados ante situaciones catastróficas
• Apoyar a los cuidadores informales con respiro, formación y protección social y laboral

Así la Organización Mundial de la Salud define los cuidados de larga duración como “el sistema de actividades llevadas a cabo por cuidadores formales e informales para garantizar que las personas con pérdida de capacidad intrínseca puedan mantener un nivel de capacidad funcional acorde con sus derechos básicos, libertades fundamentales y dignidad humana”. Esto se recoge en el Pilar Europeo de los Derechos Sociales y debe tener reflejo en todos y cada uno de los países. Los cuidados de larga duración son la prueba de fuego del siglo XXI para el modelo social europeo y, particularmente, para la tradición de nuestro estado del bienestar.

Este reto supone una verdadera coordinación social y sanitaria, no existe el espacio sociosanitario. Debemos acabar con las duplicidades entre la protección social y la protección sanitaria y coordinarse realmente.

Además, los datos sobre financiación son claros en los últimos estudios publicados por organismos independientes; España en el momento actual invierte un 0,8% del producto interior bruto (PIB) al año. El objetivo es invertir un 2% del PIB de nuestro país para poder hacer frente al reto.

También la financiación debe ser estable, no como en el momento actual con fondos extraordinarios que se están ocupando de lo ordinario. El ejemplo lo tenemos en el Plan de choque para las listas de espera en la dependencia cuyos fondos provienen del Mecanismo de Recuperación de la Unión Europea y las Comunidades Autónomas no lo están sabiendo aprovechar. Debe estar incluido en el sistema de financiación autonómica.

El reto, no solamente es económico, es competencial entre administraciones.

Nadie puede prestar mejor los servicios de proximidad que los municipios, pero para ellos es una competencia impropia. Así es un reto social, económico, organizativo y competencial. Pero de este reto depende la dignidad humana y la vida humana.

Estudios recientes demuestran como la institucionalización de las personas de forma precoz incrementa la morbilidad y la mortalidad prematura.

Los cuidados de larga duración deben incluir servicios domiciliarios de alta intensidad, atención integrada y continuada, percibida así por las personas cuidadas, servicios de respiro familiar, profesionalización de los cuidados –el máximo es la figura del asistente personal-, tecnologías de apoyo como la teleasistencia avanzada, adaptación de las viviendas y apoyos comunitarios estables y de calidad.

El envejecimiento demográfico plantea uno de los mayores desafíos para las finanzas públicas y el estado del bienestar en España.

Con un incremento proyectado de los cuidados de larga duración, que pasarán del 0,8% al 2,0% del PIB entre 2025 y 2040, un examen de los modelos de financiación, la necesidad de articular un nuevo derecho social-sanitario y las ventajas de priorizar los cuidados comunitarios.

Salgamos de los compartimentos estancos sanitario y social y demos respuestas de continuidad en la atención a las personas en función de sus necesidades en cada momento, para promocionar su autonomía, eso es apostar claramente por los derechos humanos.