Opinión

Jubilación Enfermera, una necesidad apremiante


Jorge Andrada, presidente del Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid
Firmas

23 diciembre 2022. 08.00H
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Los profesionales escuchamos con frecuencia que nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo. No en vano, y pese a las carencias manifiestas del mismo, ha sido capaz de hacer frente a la pandemia originada por la Covid-19, que ha condicionado nuestro modus vivendi en los últimos dos años y todavía continúa haciéndolo.

Durante este tiempo, se ha reconocido reiteradamente la labor que todos los profesionales sanitarios han desempeñado. Todos, sin excepción, han antepuesto su interés personal, familiar y profesional a cualquier otra circunstancia que no fuera la de salvar vidas. Sin embargo, poco o nada se habla del coste que ello ha supuesto, tanto en el campo profesional, laboral y retributivo, como en el ámbito de su propia salud, física y mental.

Centrados en la situación de la profesión Enfermera, ya en innumerables ocasiones he subrayado - y así continuaré hasta lograr que se atienda nuestra demanda- que las enfermeras y enfermeros han asumido enormes cargas de trabajo que ya venían siendo inaceptables. La pandemia no ha hecho más que evidenciar esta realidad con toda su crudeza.

A día de hoy, hay que volver a recordar que la situación de la profesión enfermera, no solo no ha mejorado, sino que tiene visos de empeorar hacia una dirección sin retorno si no se toman las medidas adecuadas en diferentes aspectos. En esta oportunidad voy a incidir en la jubilación de los profesionales.

"La situación de la profesión enfermera tiene visos de empeorar hacia una dirección sin retorno" 


Como primer acercamiento al tema, recordaré algo en lo que, desde el Colegio Oficial de Enfermería, venimos insistiendo: en el próximo lustro, solo en nuestra región, se jubilarán cerca de 5.000 enfermeras. Un problema que no solo sufrimos en la Comunidad de Madrid, sino que afecta a escala mundial, como advierte la propia Organización Mundial de la Salud.

Es cierto que en nuestra región se va incrementando lentamente el número de plazas para estudiar el Grado de Enfermería. Con ser una buena noticia, desde el CODEM hemos advertido también que no son suficientes, ni para cubrir las necesidades actuales, ni mucho menos, para hacer frente a las jubilaciones que se van a producir de forma inminente.

Esta es solo una parte del problema. En este escenario, seguimos arrastrando desde hace años una dotación insuficiente de enfermeras. Una realidad que repercute en la seguridad del paciente y la calidad asistencial, como también, en los profesionales de Enfermería. Una situación que está llevando a miles de compañeras y compañeros a plantearse la solicitud de jubilación anticipada. Una reivindicación que el CODEM apoya sin fisuras.

Es evidente que, si las condiciones laborales fueran las adecuadas, esta circunstancia no sería un clamor, como ha quedado constatado en las calles, donde las enfermeras han tenido que salir a reivindicar sus derechos, y en las Administraciones donde se han planteado soluciones que, hasta ahora, no han sido puestas en marcha.

La realidad es que en la Comunidad de Madrid continuamos teniendo un déficit de más de 9.000 enfermeras, solamente para llegar a la media europea, muchas más si de lo que hablamos es de la necesidad de cuidados de una población cada vez más envejecida, frágil y pluripatológica. Así no es posible garantizar la demandada y la necesaria continuidad asistencial. Un problema que podría solucionarse si se tramitara la Ley de Seguridad del Paciente. Ello garantizaría una dotación media de enfermeras y enfermeros, ya que con la dotación actual se está poniendo en riesgo la seguridad, tanto del paciente como de los profesionales. Ello merma su derecho a la protección de su salud, además de incrementar los costes para el sistema sanitario. Hablamos, por tanto, de garantizar la equidad y calidad del Sistema Sanitario.

"En la Comunidad de Madrid tenemos un déficit de más de 9.000 enfermeras solamente para llegar a la media europea"


Así pues, mientras todo esto está ocurriendo, las enfermeras y enfermeros exigen que se reconozca el derecho a solicitar la jubilación anticipada de manera voluntaria, sin merma de sus condiciones en cuanto a su pensión, pero aplicando un coeficiente reductor para su jubilación en virtud de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé que la edad mínima exigida para tener derecho a jubilación pueda ser rebajada en aquellas actividades que sean “de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad”. Unos requisitos que la profesión enfermera cumple claramente.

Las enfermeras trabajan durante más de 40 años en condiciones que se asimilan con los conceptos que recoge la ley antes mencionados. Una situación que no solo tiene consecuencias en la salud física, psicológica y emocional de las profesionales con el paso del tiempo, sino también en la atención y cuidados que reciben los ciudadanos, sean pacientes o no.

Además, el reconocimiento de este derecho, junto con la adecuación de la ratio a la que hacía mención, mejoraría la atención a los ciudadanos, puesto que la naturaleza y complejidad de los Cuidados Enfermeros requiere de un estado de permanente alerta y vigilancia, que se ven afectadas a causa de la evolución cronológica de las personas, como es natural. Ni qué decir tiene que reconocer el derecho de la profesión Enfermera a solicitar la jubilación anticipada facilitaría la contratación de nuevos profesionales, es decir, el relevo generacional que actualmente se impide ante la falta de contratación y la excesiva temporalidad.

En definitiva, una vez más, queda patente que la situación de la profesión Enfermera dista mucho de ser la adecuada, tanto para los propios profesionales, como para los ciudadanos. A día de hoy, las enfermeras y enfermeros soportan cargas de trabajo inasumibles que repercuten en su propia salud. Derechos tan elementales como la jubilación se ven condicionados por circunstancias ajenas a lo que debería ser el desarrollo propio de la profesión y su derecho a retirarse dignamente, sin que ello tenga repercusiones negativas para el sistema sanitario y para la sociedad. Ni mucho menos, para los propios profesionales.
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