En el buen saber y mejor decidir de Francisco Gerardo Martínez Tristán y sus 49 compañeros del Tribunal Superior de Justicia se dirime el futuro del modelo sanitario de la Comunidad de Madrid. Porque el fallo no sólo cerrará el desaforado debate sobre qué gestión es la adecuada para seis hospitales. Es muy posible que vaya más allá y termine por marcar las posteriores decisiones sanitarias en un servicio de salud como hay pocos en España, por su dimensión e influencia.
Martínez Tristán es el máximo responsable del derecho público en Madrid, lleva siete años al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero no por ello se salvará de una recusación política. En su perfil profesional, el PSOE entiende más relevante su matrimonio con una consejera de la Junta de Castilla-La Mancha, que gobierna el PP. Se supone que esto le podría hacer modificar su entender a favor de las tesis de la Consejería madrileña, pese a que estas no coinciden en nada con las de la castellano-manchega, que acaba de renunciar a un proyecto similar de externalización. En verdad, todo el proceso está siendo político. Importan poco las evidencias (pocas) sobre si es mejor la gestión privada que la pública, la nueva gestión o la clásica, la indirecta o la directa. Lo que está en juego es un discurso reformista frente a otro conservador, pese a que aparentemente, uno parezca el contrario y viceversa.
Al final, un juez va a decir cómo se tienen que gestionar los hospitales. ¿Qué sabrá Martínez Tristán de eso? ¿Acaso alguien le habrá explicado que llevamos años buscando fórmulas que mejoren la gestión clásica? ¿Es posible que sepa discernir lo que es un procedimiento concreto –cómo gestionar seis centros- de una enmienda a la totalidad –una supuesta política de sistemática privatización-? ¿Sabrá advertir que lo que realmente está en discusión es una u otra manera de entender la gestión sanitaria y, por extensión, los servicios públicos de la Comunidad de Madrid?
Sin recursos, sin politización, podríamos estar en situación de discutir y debatir sobre gestión. Martínez Tristán no tendría los ojos de la sanidad madrileña en su cogote y podríamos estar acumulando resultados y evidencias de lo que Sanitas, Ribera y hasta HIMA San Pablo tenían preparado para mejorar la gestión de los dichosos seis hospitales. Ahora es imposible ya no saberlo, si no siquiera intuirlo porque este año empleado en cavar y escindir ha alejado para siempre a Madrid de un consenso en la manera de gestionar que en otras autonomías sí se ha alcanzado.
No es probable que un juez sepa precisar lo que los gestores no han sido capaces en 30 años de Sistema Nacional de Salud. Sería un atrevimiento el que Martínez Tristán y sus compañeros fueran más allá de limitarse a juzgar el procedimiento usado para intentar externalizar. Nadie tiene certezas sobre si es mejor la gestión clásica o la nueva pero el consejero Fernández Lasquetty tenía un argumento sobre todos los demás: los votos, que es tanto como decir el derecho y también el deber de gobernar, adoptando las medidas que considere oportunas, aunque puedan no tener el respaldo de la evidencia, porque esta simplemente no se haya alcanzado aún.
Al Gobierno de la Comunidad de Madrid no le han dejado intentar mejorar la gestión. Puede que sea legítimo, que los controles políticos y judiciales están para ser utilizados en cuestiones como esta, pero la mayoría de ciudadanos madrileños puede que se pregunten por qué no se ha hecho nada en casi un año salvo litigar y confrontar pareceres irreconciliables. Unas posiciones que, sea lo que sea lo que determine el magistrado Martínez Tristán, seguirán a años luz, porque en Madrid la discusión sobre la gestión de los centros sanitarios no existe. Lo que está en juego es un duelo político, que no tiene nada que ver con aspirar a que los hospitales sean más eficientes y nos cuesten menos.