La actual
Junta Directiva del Icomem ha convocado una Asamblea el próximo día 27 de abril, para aprobar una propuesta de modificación de estatutos del colegio. La propuesta pretende otorgar un mayor control del colegio por la Junta Directiva, dejando pasar la oportunidad de incluir
cambios en los estatutos para hacer un colegio útil, transparente y participativo, que es lo que se necesita, para que los médicos sientan como propia la institución profesional, y no como algo lejano, ajeno a la problemática profesional y que no defiende sus intereses, aliándose en ocasiones con los políticos.
La desafección de los colegiados hacia el Colegio de Médicos de Madrid es evidente. El Icomem debe estar al servicio de las necesidades e inquietudes de los médicos, lo que es incompatible con convertirlo en una organización en la que se impide que haya un debate interno.
La Junta Directiva ha presentado una propuesta de
modificación del artículo 30 de los estatutos que vincula la composición de la Asamblea de Compromisarios (órgano de control a la Junta) a la candidatura de la Junta Directiva que resulte elegida, de manera que, si se aprueba esta reforma,
la Junta Directiva será controlada por los compromisarios que esta haya propuesto. Con esta propuesta se elimina la oportunidad de hacer un colegio de médicos participativo. Esta modificación es un
grave contrasentido y deja el Icomem en manos de la Junta Directiva, sin ningún control efectivo interno. Esta participación también se ve menoscabada si no se integran, en el Pleno y la Permanente, componentes de las candidaturas no ganadoras y que representan un número importante de médicos, como se ha propuesto y han rechazado.
El Icomem cuenta con un
presupuesto de 12.000.000 €, pero la Junta Directiva no ha querido incluir propuestas de modificación de estatutos que pretendían crear una Comisión de Control de cuentas, o que daban a la Asamblea de Compromisarios la
competencia de aprobar los contratos superiores a 50.000 €, y que estos sean hechos mediante concurso público, conociendo la Asamblea de compromisarios los candidatos, los requisitos y la licitación de estos. También han rechazado otras enmiendas, que atendiendo a que actualmente entre la Asesoría Jurídica y los asesores externos suponen unos gastos para el colegio de unos 500.000 €, en aras a la transparencia necesaria para la sostenibilidad y prestigio del colegio, pretendían que la Asamblea de compromisarios debiera conocer lo que perciba cada componente de la Asesoría jurídica por todos los conceptos vinculados con el Colegio de Médicos. Las propuestas también introducían la obligación de comunicar a la Asamblea si algún miembro de la Asesoría Jurídica forma parte directa, indirecta, o tenga vinculación con el gabinete externo contratado.
También han introducido en esta enmienda de estatutos, la
presencia telemática a la Asamblea y el voto telemático. ¿Porque no quieren que la Asamblea de Compromisarios tenga control sobre este mecanismo? Es preocupante de cara a las votaciones, máxime, cuando las ultimas Asambleas, con este método, han dejado muchas dudas al aparecer como asistentes, médicos que no se han conectado por vía telemática ni han asistido presencialmente.
Leyendo la memoria del año 2022, surge la duda de si la reforma de estatutos propuesta ha sido una oportunidad perdida o si es un paso adelante para tomar el control del Colegio y hacer patente el rechazo a la transparencia como modelo de gestión. En dicha memoria hay reflejados
gastos que resultan alarmantes en este contexto, entre otros los siguientes:
1.- La Junta Directiva tiene una asignación de 259.499 €, pero a pesar de ello también aparece un gasto de 638.800 € en concepto de actividades de la Junta.
¿Qué actividad cubre la asignación?
2.- El
gasto de la Asesoría Jurídica se ha disparado un 689% y el de los profesionales externos un 34%. La justificación son los procesos judiciales por “ciertos servicios”, así figura en la memoria, de asesores jurídicos. En total 486.626 €.
3.- En las provisiones aparecen
3.157.428 € para otras responsabilidades. Parece que las provisiones están motivadas por responsabilidades emanadas de procesos judiciales, derivados de no haber cumplido los contratos firmados antes de las elecciones la Junta Directiva, por lo que es inaceptable que las responsabilidades particulares las tengamos que pagar los médicos madrileños.
El camino emprendido por la actual Junta Directiva, solo nos lleva a un
mayor alejamiento de los médicos madrileños del Colegio de Médicos. Esta grave situación, solo puede resolverse con una mayor participación de los colegiados, y un voto en contra a las propuestas de modificación de los estatutos. La desafección se deriva de ciertos comportamientos y estos tienen que cambiar para que el Icomem tenga una estructura adecuada que le permitan cumplir sus objetivos, y actuar de forma democrática en interés de todos los colegiados y de los ciudadanos, estoy seguro de que llegara ese momento.
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