La independencia de la Agencia de Salud Pública y el clima antipolítico

Seguimos a vueltas con la independencia en la evaluación de la pandemia y ahora con la Agencia o Centro Estatal de Salud Pública.

Desde el final de la primera ola de la pandemia, la exigencia de asesores independientes primero y luego de una evaluación también independiente de la misma se convirtieron en una verdadera obsesión y objeto de una encendida polémica.

Quizá en el comienzo de todo haya estado la pretensión del gobierno de cualificar sus decisiones con el aval de la ciencia para dotarlas de mayor autoridad y de menor contestación ante decisiones impopulares en tiempos del populismo antipolítico. Algo que se ha demostrado al final como un esfuerzo inútil.

Así, el conocimiento público de los asesores, y no los resultados de su trabajo, se convirtió en el oscuro objeto de un deseo, casi morboso, de transparencia, alimentado quizá por las contradictorias declaraciones públicas del gobierno, sobre si había o no había un grupo concreto de expertos con nombres y apellidos en la trastienda de las decisiones. Todo ello zanjado al final, con una sucinta relación de los funcionarios componentes del CCAES, con la intención de grantizar la protección del anonimato de los expertos, cosa que que tampoco sirvió para amortiguar la polémica. Más tarde hemos ido conociendo a quienes individual o colectivamente habían sido reclamados de dentro y de fuera de España para asesorar al gobierno en los distintos ámbitos y en distintos momentos de la pandemia.

Sin casi solución de continuidad, surgieron a partir de entonces las peticiones reiteradas de otros grupos de expertos, publicadas en revistas científicas, para que se realizara una evaluación totalmente independiente sobre la gestión de la pandemia. Sin embargo tanto la gestión técnica como la política han sido a lo largo de la pandemia una materia compartida entre los equipos de salud pública y las direcciones del ministerio de sanidad y de las consejerías respectivas de las comunidades autónomas, sujetas al control político de los parlamentos respectivos.

Gestión de la Salud Pública

La exigencia relativa a la evaluación de la gestión técnica de la gestión de salud pública derivó finalmente en una consulta del ministro de sanidad al Consejo Interterritorial del SNS sobre la posible composición de la comisión. Sin embargo, de sus conclusiones nada se ha sabido hasta hoy.

El principal y más conocido precedente es la primera evaluación realizada por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado mes de mayo pasado, a medio camino de la pandemia, que ha sido realizada por un equipo de expertos, con la participación de gestores y la dirección de una expresidenta y una exprimera ministra de gobierno. Se trataba con ello de recoger las distintas experiencias y los distintos ámbitos de investigación, detección, análisis, valoración, respuesta y también de gestión política inherentes a cualquier crisis sanitaria o pandemia.

Sin embargo, en España también en esto, y no solo en las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, somos diferentes. Aquí, desde el principio, se ha pretendido excluir a los representantes políticos e incluso a expertos en salud pública provenientes del sector público o de la universidad, al considerarlos contaminados por su supuesta dependencia laboral o ideológica y que por tanto quedarían  excluidos a priori de una evaluación verdaderamente independiente. Una concepción inédita y tan radical de la independencia que ha generado las lógicas desconfianzas y discrepancias, no solo políticas sino también de los propios funcionarios de salud pública cuya labor aparecía cuestionada, lo que junto a las exigencias del día a día de la pandemia, han retrasado hasta ahora la puesta en marcha de un equipo pluridisciplinar para realizar la mencionada evaluación de la pandemia.

Centro Estatal de Salud Pública, ¿transparente e independiente?

Ahora, al cabo de más de veinte meses desde el comienzo de la pandemia y al borde de la normalidad con el final de la quinta ola, vuelve de nuevo el debate sobre la independencia, ésta vez en relación a la ubicación, composición y dirección de la futura Agencia o Centro Estatal de Salud Pública.

Este mismo criterio dogmático, con los mismos prejuicios sobre la política, los decisores públicos y sobre los funcionarios de salud pública vuelven a surgir ante las informaciones aparecidas sobre el diseño de la futura Agencia de Salud Pública, recientemente comprometida en el marco de las conclusiones de las resoluciones de la comisión parlamentaria sobre la covid19  presupuestada para 2022 en cinco millones de euros, pero todavía pendiente de desarrollo desde la aprobación de la ley general de salud pública de 2011.

Una posición maximalista de independencia absoluta que elude lo más real, los conflictos de interés, con la que de nuevo se corre el riesgo de bloquear también la puesta en marcha de la Agencia en los próximos meses o de que como mínimo el nuevo organismo nazca tocado en su credibilidad y autoridad técnica como consecuencia del clima tóxico de polarización y antipolítica. La alternativa del PP, como la ley de pandemias, va en esa dirección: la de plantear volver al todo para que al final no avance nada.

Porque no se entiende que una Agencia que intente ejercer funciones de monitoreo, detección, prevención, lucha contra las enfermedades y evaluación de las intervenciones, al tiempo que unificar los organismos hoy dispersos en distintos ministerios y asesorar a las administraciones central y autonómicas, que comparten competencias en materia de salud pública, no cuente además de un fuerte aparato de investigación, detección análisis y respuesta, con la participación activa y la experiencia de representantes del gobierno y de lascomunidadwes autónomas, si es que de verdad hablamos de articular un potente organismo de inteligencia, a parte de teórico, sobre todo operativo en materia de salud pública.

Ese es en definitiva el modelo de Agencia de nuestra legislación como "entidades de derecho público creadas por el gobierno, dotadas de personalidad jurídica pública facultadas para ejercer potestades administrativas" También en su defecto del órgano previsto en la ley de salud pública en su artículo 47 relativo al Centro Estatal de Salud Pública:
"El Centro Estatal de Salud Pública se adscribe al Ministerio de Sanidad, actuando bajo las directrices del centro directivo responsable de la salud pública. Tiene como objetivo el asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la Administración General del Estado y también, llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras Administraciones. Asimismo realizará el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud Pública y coordinará las acciones desarrolladas por los centros nacionales de salud pública".

¿Modelo americano o europeo?

Además, si la referencia hacia la que nos encaminamos son modelos como el CDC norteamericano, el Instituto Robert Koch o el más reciente ECDC europeo, como agencias federales, éstas forman parte de la estructura de los departamentos de salud de los respectivos gobiernos y cuentan con la participación de los estados federados para garantizar la coordinación. Así ocurre en Alemania, los Estados Unidos y en la Unión Europea y no por ello sus agencias han sido menos independientes.

Por eso, en sus consejos de dirección se encuentran, entre otros, los representantes de los gobiernos como ocurre en el ECDC europeo, así como de los organismos integrados en los mismos como ocurre en el CDC norteamericano con sus subdirecciones de salud laboral, vigilancia, infecciosas y no infecciosas. También el nombramiento de sus directores es en todos ellos bien competencia del consejo de dirección o directamente por parte del gobierno del Estado. En el caso del CDC el nombramiento recae en el propio presidente de los EEUU, incluso sin participación de las Cámaras de representantes. Son la demostración de que la autonomía es perfectamente compatible con la independencia y con la excelencia. La independencia que algunos preconizan no solo es una ficción, es además un prejuicio antipolítico.