Elecciones a la vista: una segunda oportunidad para la salud

Los datos publicados recientemente por el barómetro postelectoral (elecciones del 20-D), realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que fueron recogidos entre enero y marzo de 2016, no dejan de ser significativos para el sector sociosanitario, más aun cuando se aproxima una nueva contienda electoral en la que se espera que la sanidad ocupe un lugar propio en el discurso de los candidatos, que sea -al menos- proporcional a la preocupación que representa este asunto en los ciudadanos.

Y es que, no se entiende cómo siendo el sector sanitario la primera causa de preocupación para el 4,7 por ciento de los ciudadanos (solo por detrás del paro, la corrupción y la economía), la segunda causa para el 11 por ciento y el tercer problema para el 15,2 por ciento. Solamente el 0,3 por ciento de la población considera que el tema ha sido el más debatido durante la campaña electoral, que tuvo como punto final las elecciones generales celebradas el 20-D. Además, si tenemos en cuenta que el 31 por ciento de los ciudadanos que no acudió a las urnas ha alegado como justificación problemas de salud, queda claro que, en relación con el sector sanitario, mucho debe cambiar la postura de los candidatos que se postulen para dirigir España en esta campaña electoral que se avecina.

A partir de los datos expuestos, podemos decir que los ciudadanos demandan conocer qué planes e ideas concretas pretenden implementar nuestros políticos llegado el momento de tomar decisiones, ya que de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Española, los poderes públicos deben organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios para garantizar del derecho a la protección de la salud.

En este contexto, antes de decantarnos por alguna de las diferentes opciones políticas, los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo se organizará y tutelará la salud pública y cuáles serían las medidas concretas, o las prestaciones y servicios que entienden y proponen como necesarios los diferentes líderes, para satisfacer el derecho a la protección de la salud.

Intentando adelantarme un poco a la más que segura respuesta de los políticos frente a la solicitud que desde esta pequeña tribuna se les realiza, -que probablemente consista en dirigirnos hacia el contenido de sus diferentes programas electorales-, es necesario entonar un mea culpa por todas aquellas personas que no han tenido la disposición de leer dichos programas que tan importantes deberían ser para definir el voto ciudadano y, sin embargo, no lo son como consecuencia de su generalidad, vaguedad e indeterminación.

Son muchas las horas en campaña electoral que los diferentes candidatos ocupan de espacio televisivo, radiofónico, internet, prensa escrita y digital; pero la mayor parte del tiempo transcurre escuchándoles repetir sin cesar temas que, según las encuestas, tienen mucha menor relevancia que la sanidad. Razón suficiente para invitarles a que incorporen en sus discursos las formas específicas en que tutelarían y organizarían la salud pública, así como las acciones concretas para garantizar plenamente la protección de la salud.

Probablemente, en un único tema específico de índole sociosanitario, quedó clara la postura de todos los grupos políticos en la anterior campaña electoral, y es que no fueron pocas la veces que se aludió al Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y su relación con la universalidad de las prestaciones sanitarias.

Es precisamente lo anterior, es decir, especificar y dejar clara su posición en relación a temas concretos que se vinculan con la obligación de los poderes públicos de proteger el derecho a la salud, lo que debemos exigir con carácter previo a que nos pidan el voto en uno u otro sentido, ya que el obtener una exposición razonada sobre cada tema que nos preocupa para decidir nuestro voto, no solo es un derecho ciudadano, sino también una responsabilidad -también ciudadana- que está inexorablemente ligada con el sufragio.

Para finalizar, una vez analizada la responsabilidad reciproca de candidatos y electores en el sector sociosanitario, me gustaría sugerir a nuestros políticos algunos temas que considero de gran importancia para el conjunto de los votantes, sin pretender, ni mucho menos, que sean los únicos.

En este sentido, sería interesante escuchar las medidas concretas que cada partido político llevaría a cabo con el objetivo de garantizar el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna, en relación a asuntos concretos como: la racionalización del gasto sanitario, la financiación pública para las investigaciones, la equidad en el acceso a los tratamientos, las políticas públicas para prevenir epidemias trasfronterizas, la atención integral de la cronicidad, los sistemas de información integral a los pacientes, el diagnóstico temprano de las enfermedades raras, uniformidad en el calendario de vacunación,etc.

En definitiva, los candidatos tienen una segunda oportunidad para demostrarnos que su compromiso con la sanidad es mayúsculo y nosotros los votantes, para valorar las medidas que cada uno de ellos propone para hacer realidad este compromiso.