Un paso firme contra las agresiones a los profesionales sanitarios

El goteo casi a diario de agresiones en sanidad, algunas desgraciadamente con desenlace fatal (como ocurrió en 2009 con la médico murciana María Eugenia Moreno), exige dar un paso adelante decisivo para atajarlas y éste no es otro que considerar autoridad pública a los profesionales sanitarios y vehicular por la vía penal los procedimientos judiciales contra los agresores.

Esta medida disuasoria ya ha sido adoptada en Castilla y León y Aragón, y nuestro deseo es que se amplíe cuanto antes al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), incluido el ámbito de la sanidad privada.

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se lo estamos pidiendo así a la ministra de Sanidad. Le reclamamos, como hicimos por carta recientemente, el desarrollo de iniciativas legislativas por las que se otorgue a los profesionales sanitarios del SNS la consideración de autoridad pública cuando están en el ejercicio de sus funciones, así como la “presunción de veracidad” a la hora de valorar la gravedad de los hechos.

Se trata de elevar a norma lo que ya comienza a ser entendido de este modo por el estamento judicial. De hecho, los tribunales de Primera Instancia de numerosas ciudades, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo y en consonancia con los protocolos de las fiscalías provinciales y la Fiscalía General del Estado, han establecido que agredir a un médico del servicio público sanitario constituye un atentado contra la autoridad, lo que supone la posibilidad de que se condene al agresor a una pena de prisión (en virtud del articulo 550 y 551 del Código Penal) más la correspondiente pena de multa.

Siguiendo esta línea y cuando la agresión no fuera tan grave como para poder considerarse delito, algunos tribunales han entendido que se trata de faltas contra el orden público, aunque se echa en falta un protocolo común para la valoración homogénea de estos sucesos en todo el SNS, situación ésta última que también está en manos del Ministerio subsanar.

Creemos que el departamento dirigido por Ana Mato está en condiciones de atender lo que le plateamos, pues no en vano nos consta que se ha implicado a fondo en el grupo de trabajo constituido hace un año a instancias del Senado sobre Agresiones a Profesionales en el SNS, en el que coparticipamos las comunidades autónomas, los colegios médicos y las principales organizaciones sindicales.

Confiamos, en fin, que haga explícita esa voluntad de contribuir a atajar el problema impulsando un marco legal para todo el SNS que consagre la dignidad de los profesionales en el ejercicio de su labor y articule el procedimiento jurídico a seguir en todo el Estado. Si esto se hace así, y se transmite convenientemente a la opinión pública, seguramente no acabaremos con las situaciones dramáticas a las que nos referimos, pero sin duda serán mucho menos que las que se vienen registrando hasta ahora.

Que esto va a ser así (es decir, que el agravante de las penas disuadirá a muchos agresores de consumar sus execrables acciones) ya lo estamos viendo. Según los datos del Observatorio contra las agresiones de la Organización Médica Colegial, dados a conocer el pasado mes de marzo, los fenómenos de violencia se redujeron un 15% el pasado año, circunstancia ésta que cabe relacionar con la creciente percepción que tienen los potenciales agresores acerca de las consecuencias a las que se exponen si el juez que entienda del caso hace valer la creciente jurisprudencia al respecto.

Pues bien, lo que pedimos concretamente al Ministerio es que no fíe el desenlace de las demandas planteadas al buen criterio judicial que parece imponerse y que, de una vez por todas, asegure que el procedimiento a seguir será el mismo en todo el Estado.

Queremos insistir en el carácter punitivo de las agresiones porque en ningún caso pueden justificarse, aunque sea de modo indirecto, como cuando se alude a las circunstancias que pueden propiciarlas.

Otro día, y sin que ello suponga el menor atisbo de mostrarse comprensivos, hablaremos de aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares, y que también está en manos de la Administración sanitaria corregir, como la masificación de la asistencia provocada por el recorte en recursos humanos y técnicos, o la falta de dispositivos de seguridad en los centros y las consultas. Pero eso, ya digo, será objeto de otro análisis, enfocado con criterios preventivos.

Ahora he querido centrarme en el mensaje de afrontar firmemente, desde el plano jurídico, una lacra social contra la que debe haber, sí, tolerancia cero.