Los médicos que trabajamos para el Sistema Nacional de Salud (SNS) tenemos motivos para estar recelosos ante la proliferación de declaraciones y posicionamientos por parte de altos responsables de la administración sanitaria en favor de acabar con el régimen estatutario y dar paso… ¿a qué? Según ciertos gestores que tienen la virtud de hablar claro, a una laboralización a ultranza en la que puedan hacer y deshacer a su antojo con los recursos humanos a su cargo.
Por otra parte, el concepto de gestión clínica está siendo utilizado o interpretado desde diversos frentes (incluido el nuestro) como una posible puerta abierta a ese propósito.
El criterio de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) al respecto es muy claro. No vamos a transigir con ningún cambio en la relación laboral del médico que vaya en detrimento de nuestros derechos, aunque estamos dispuestos a hablar sobre todo lo demás. En otras palabras: apostamos por continuar con lo mejor del régimen estatutario, para, a partir de ese marco de derechos y obligaciones establecido por ley, encontrar fórmulas que nos permitan superar los defectos del sistema vigente, que también los tiene por más que en la actual situación de incertidumbre tengamos la comprensible tentación de pasarlos por alto haciendo bueno el dicho de “virgencita que me quede como estoy”.
Ciertamente, las circunstancias precarias en las que nos movemos, derivadas de una crisis económica que amenaza a los mismos fundamentos del Estado de Bienestar (del que la Sanidad es uno de sus soportes esenciales) no animan a ser ambiciosos. Sin embargo, también es cierto que los momentos de crisis pueden ser aprovechados para dar saltos que de otro modo no nos hubiéramos atrevido a dar.
Las bases del acuerdo del Foro de la Profesión Médica (del que forma parte CESM como aglutinante del sindicalismo profesional) con el Ministerio de Sanidad el pasado 30 de julio van en esa línea, o al menos así es como lo enfocamos nosotros. En ese pacto se defiende un modelo de sanidad pública con financiación suficiente y que estimule la participación del médico en su gestión como mejor vía para lograr que el coste-beneficio de la asistencia sea el más óptimo posible.
Se trata de dos objetivos (podrían refundirse en una sanidad pública administrada con criterios “clinicos”) que aprueban la inmensa mayoría de los médicos. Lo que genera suspicacias, por tanto, no es eso, sino el modo en que se intenta llevar a cabo. El acuerdo aludido contempla con ese fin el desarrollo de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), en las que los facultativos tendrán autonomía para gestionar los recursos.
Sobre este punto, yo comprendo las reticencias que observo entre bastantes compañeros, aunque tengo que insistir en que CESM sólo ve en ello una oportunidad para mejorar (nunca para empeorar) nuestra relación contractual. Quiere decirse que nos opondremos rotundamente a que las UGC pasen a ser utilizadas como un instrumento a disposición de quienes querrían vernos como mano de obra sujeta a sus intereses. De ahí que hayamos puesto la condición de que la adscripción a tales unidades sea voluntaria y sin pérdida de la condición estatutaria. Y de ahí también que no deseamos que tales unidades tengan personalidad jurídica propia, lo que conllevaría, si fuera así, el riesgo de que pudieran mostrarse arbitrarias a la hora de contratar a su personal.
Nuestro concepto de la UGC no tiene nada que ver con ello. El único alcance que le damos es que se trata de una oportunidad para que los médicos veamos convertida en realidad nuestro pretensión de realizar por nosotros mismos el papel que hoy ejercen un montón de burócratas de libre designación contra los que a menudo, y casi siempre con razón, despotricamos.
Pese a ello, somos muy conscientes de que habrá quien intente casar nuestras sanas intenciones con sus intereses, entre los que no figura en los primeros lugares el respeto a los derechos de los profesionales. Al igual que somos también conscientes de que el proceso de laboralización ha seguido una trayectoria ascendente en los últimos años, hasta el punto de que hoy uno de cada cinco médicos está se encuentra en esa situación.
Para tranquilidad de estos compañeros, así como de los que son estatutarios y temen perder su estabilidad laboral, hay que decir que el aludido acuerdo con Sanidad también recoge el compromiso por parte del Ministerio de propiciar, y llevar al Foro Profesional, un nuevo marco jurídico que deberá ser consensuado con nosotros y en el que queremos ver compatibilizado lo mejor del régimen estatutario (que es la estabilidad en el empleo y al acceso al mismo con criterios de igualdad, merito y competencia) con un espacio propio que permita autorregularnos profesionalmente y tener una interlocución directa con las administraciones sanitarias.
Los objetivos de esa negociación directa no pueden ser otros que los de asegurar y promover la calidad del empleo médico, favorecer nuestro protagonismo y liderazgo en la gestión de la asistencia y, en lo posible, saltar la barrera del rígido y desincentivador modelo retributivo actual para llegar otro que premie debidamente el esfuerzo e implicación en la sostenibilidad y eficiencia de la sanidad pública.
En suma: empleo estable, mayores niveles de estímulo profesional y sentirnos orgullosos de trabajar para una sanidad pública que sigue estando, pese a todo, muy bien considerada dentro y fuera de nuestras fronteras. Ésas son las premisas a las que ni podemos ni queremos renunciar.