La crisis que muchos intentan dar ya por saldada, pero que aún acompañará bastante tiempo a muchos sectores de la sociedad, se ha convertido en el mejor de los paraguas para eliminar y/o modificar determinados servicios bajo un análisis centrado exclusivamente en su aspecto económico, en lugar de en la valoración de su necesidad.
Como he comentado en otras colaboraciones, el sector farmacéutico no ha sido ajeno a la misma, y el motivo de este artículo no es otro que emitir una reflexión en torno a los cambios que en los últimos meses se están llevando a cabo en el mapa farmacéutico mediante distintas modificaciones legislativas que afectan a la ordenación de este servicio.
En este sentido, y bajo un prisma exclusivamente economicista,
la máxima aplicada está siendo que si el servicio no es rentable para el prestador simplemente no se presta, lo cual resulta perverso y contrario al principio perseguido con la ordenación farmacéutica, que no es otro que situar el servicio allí donde se entienda necesario, no donde en las actuales condiciones de retribución sea rentable.
Por contra, cabría entonces preguntarse:
Si el servicio debe estar allí, ¿cómo hacemos que un servicio que actualmente no es viable lo sea?
Como he comentado anteriormente, hemos de tener presente que el espíritu del modelo español de farmacia, y su propio origen, parten de un interés general que busca evitar la concentración en zonas rentables y hacer extensible el servicio allí donde se entienda necesario, llegando incluso en este objetivo a establecer una serie de restricciones que sólo resultan justificables según este interés general. Por tanto, y siempre dentro de un modelo regulado, al igual que una oficina de farmacia no debe abrirse por capricho de un alcalde, tampoco debería impedirse su apertura por un criterio económico.
Si me lo permiten, iré un paso más allá, ya que cuando uno observa la facturación media de las oficinas de farmacia y la compara con la de una farmacia ubicada en una pequeña población, cuyo titular trabaja solo, sin un horizonte profesional de mejora, y en una situación de clara precariedad personal y familiar que en muchas ocasiones genera incluso grandes dificultades para seguir prestando este servicio, lo primero que se le debería venir a la cabeza a un buen gestor es que
la distribución de los recursos públicos que las administraciones están destinando a costear esta prestación sanitaria de carácter privado e indudable interés público está siendo totalmente inadecuada, como también lo es que las medidas de control de gasto no lleven aparejada una evaluación de su efecto en el conjunto de la red, ya que esto nos daría un diagnóstico certero de que las medidas no pueden ser lineales. Porque, aunque algunos aún no quieran verlo, o no les interese exponerlo, todas las farmacias no son iguales y no se las puede tratar de la misma forma.
Cambio en las condiciones de retribución
El problema es bastante complejo y no puede tratarse en su integridad a nivel autonómico porque su marco competencial no alcanza a abordar, por ejemplo,
retribuir de otra forma a estas farmacias para que sus titulares cubran gastos y puedan obtener unos ingresos decentes, es decir, un abordaje a nivel nacional que llevaría implícita una concertación que respondiese a ese factor diferencial y a la esencia de éstas en el modelo, lo cual constituiría la garantía definitiva de viabilidad del propio sistema asistencial de carácter universal.
Se antoja por tanto imprescindible, al menos, reevaluar el sistema que tenemos, y estudiar cómo hacemos que los establecimientos que resulten esenciales para garantizar un acceso adecuado al mismo por parte de la población sean viables, todo ello sin perjuicio del legítimo interés de negocio que otros integrantes de nuestro sector puedan presentar.
Lo que está claro, es que, en las actuales condiciones, y con las modificaciones que se están estableciendo, se están dejando de abordar cuestiones de fondo que, en mi humilde opinión, resultan imprescindibles dentro de un sistema que, no debemos olvidarlo, ha sido regulado para que el servicio se preste allí donde se entiende necesario para la población.
Éste, y no otro, debe ser el objetivo de la planificación y cualquier modificación que se produzca debe evitar desvirtuar el espíritu que impulsó su desarrollo
so pena de perder toda su justificación.
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