Un hospital no es una autopista

La polémica en torno a la financiación que la Comunidad de Madrid destina a los hospitales gestionados por Quirón y Ribera Salud, así como las consecuencias de la libre elección de centro por parte de los madrileños -que la justicia tendrá que aclarar-, han vuelto a situar en el centro del debate la colaboración público-privada en el ámbito sanitario.

En su Plan de Infraestructuras 2004-2007, esta comunidad autónoma apostó por un modelo mixto de colaboración público-privada para construir ocho nuevos hospitales: Aranjuez, Arganda, Coslada, Majadahonda, Parla, Norte, Valdemoro y Vallecas. Este modelo combinaba la financiación privada para la construcción de las instalaciones y la externalización de los servicios no asistenciales (seguridad, limpieza, lavandería, etc.) con la gestión pública de los servicios asistenciales y diagnósticos -la conocida “bata blanca”-, que inicialmente tenían que quedar fuera de la concesión.

Aun así, en algunos centros, la gestión privada se extendió a los servicios asistenciales y diagnósticos. Es el llamado modelo Alzira, que, antes de Madrid, ya se había puesto en práctica en la Comunidad Valenciana y que, recientemente, ha estado en el punto de mira a raíz de los audios filtrados del Hospital de Torrejón de Ardoz, donde Ribera Salud gestiona la bata blanca.

El modelo Alzira se fundamenta en el hecho de que la empresa concesionaria pueda recuperar la inversión a través de la prestación de los servicios adjudicados y de la explotación de las zonas complementarias o espacios comerciales autorizados (aparcamiento, cafetería o restaurante, máquinas expendedoras, etc.). Se trata de una concesión de obra pública con una duración de 30 años, similar a la participación público-privada característica del Reino Unido, que adoptaron varios países europeos a finales del siglo pasado.

Una de las ventajas teóricas de este modelo es la transferencia al sector privado de los riesgos de construcción, disponibilidad y demanda. Un traspaso de riesgos que, por cierto, parece no producirse en el caso de la sanidad madrileña. Además, el modelo permite a los gobiernos cumplir las restricciones de déficit y endeudamiento público, y garantiza que, al acabar la concesión, la obra, bienes e instalaciones reviertan a la Administración.

En conjunto, la cooperación público-privada puede ser una buena alternativa a la financiación pública directa de las infraestructuras, porque permite acelerar la inversión y distribuir los elevados costes iniciales a lo largo de la vida útil de la obra. Además, si el modelo funciona correctamente, tendría que aportar valor al sector público y a la ciudadanía, gracias a una gestión privada más eficiente y a un mejor aprovechamiento de los recursos (value for money).

"Reducir la gestión de servicios sanitarios a un esquema concesional puede comprometer la calidad asistencial, la transparencia y la capacidad de la Administración para garantizar los derechos de la ciudadanía"

Esta fórmula es habitual en varios sectores: autopistas de peaje, puertos, gestión de aguas, tratamiento de residuos, etc. Ahora bien, su aplicación en la prestación de servicios sanitarios públicos, por la misma naturaleza de los servicios, es muy compleja, sobre todo en cuanto al control de la ejecución de la concesión, una vez adjudicada. Los indicadores, en este caso, son críticos.

Las características de los servicios sanitarios -la universalidad, la gratuidad, la equidad de acceso-, los bienes jurídicos en juego -la vida, la salud, la dignidad de las personas o el derecho a la intimidad- y la determinación de la cartera de servicios a cargo de la administración, que es la garante de los derechos de los ciudadanos, hace que el modelo de concesión no sea el más adecuado.

El modelo no es intrínsecamente malo. El problema surge en el momento de su aplicación, que puede verse distorsionada por múltiples factores. Por ejemplo, por el conflicto de intereses de los responsables de la administración por su vinculación, directa o indirecta, con la empresa concesionaria o por la falta de capacidad de la administración para llevar a cabo un control exhaustivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, que tiene una extrema complejidad.

Un hospital no es una autopista: no basta con pagar un canon anual y dar por cumplido el contrato. Reducir la gestión de servicios sanitarios a un esquema concesional puede comprometer la calidad asistencial, la transparencia y la capacidad de la Administración para garantizar los derechos de la ciudadanía. Por eso, aplicar ciertos modelos cuando está en juego la salud de las personas requiere una prudencia extrema y unos mecanismos de control mucho más exigentes.