Durante dos años,
los políticos se han llenado la boca de elogios y admiración hacia las enfermeras. Unos halagos que, tras el periodo más duro de pandemia, hemos visto cómo
se han ido diluyendo conforme los dirigentes políticos tienen otros asuntos “calientes” sobre su mesa como la crisis energética o la inestabilidad en el plano internacional.
Los aplausos dejaron de sonar para convertirse en despidos y en una gran reducción de plantillas en muchas comunidades autónomas, que ha dejado a la sanidad herida de gravedad.
Y mientras tanto,
las enfermeras y enfermeros continúan trabajando sin descanso para dar los mejores cuidados a la población. A pesar de todo. Hemos llegado a un punto de no retorno, que los profesionales de enfermería no estamos dispuestos a tolerar. Además de la necesidad de mejorar las ratios de enfermera/paciente, el Gobierno tiene en su tejado
reconocer el trabajo de las enfermeras y concretar legalmente la enorme evolución que ha tenido la profesión en las últimas décadas.
Llevamos años reclamando
que se modifiquen varios puntos de dos leyes importantísimas para la sanidad, pero que continúan con un texto obsoleto y lejos de reconocer el trabajo que realizan a día de hoy las más de 330.000 enfermeras y enfermeros de España.
Poco más de un año nos separa del
final de la legislatura y esto no es otra cosa que una
cuestión de voluntad política. El Gobierno todavía está a tiempo de iniciar los trámites para que se modifiquen o se pongan en marcha algunos trámites legislativos imprescindibles para la profesión.
En primer lugar, es crucial
modificar el texto de la actual Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Todos los partidos políticos y no sólo los que gobiernan en este momento deben recordar que aquella redacción
ha quedado obsoleta, por el devenir de los tiempos y las realidades de atención y asistencia sanitaria, que se demanda tanto en la Atención Primaria de Salud como en la asistencia hospitalaria, donde los tratamientos son más complejos.
Es ya una urgencia que
se modifique la definición de la profesión enfermera que aparece en la LOPS para dar más detalle de nuestras funciones y poder adaptarla a las competencias actuales, incluyendo además las reconocidas en Directivas europeas.
Por otra parte, la
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios -coloquialmente, la “Ley del Medicamento”- también resulta ya anticuada. Creemos que, tras años de trabajo, debate entre profesiones y acuerdos políticos y sociales,
las enfermeras debemos aparecer como prescriptoras al mismo nivel que el resto de profesiones prescriptoras como son los médicos, dentistas y podólogos.
"Las enfermeras debemos aparecer como prescriptoras al mismo nivel que el resto de profesiones prescriptoras como son los médicos, dentistas y podólogos"
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Por otro lado, otra de nuestras peticiones actuales es que se desarrolle, de una vez por todas, lo previsto en la Disposición Transitoria 3ª de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para
que las enfermeras puedan optar a la categoría A1, en definitiva, optar al mismo nivel que el resto de Grados. Esta es una de nuestras grandes reivindicaciones y consideramos que debe llevarse a cabo de forma inmediata.
Es a todas luces injusto que las enfermeras y enfermeros no ostenten la misma categoría profesional que personas que han estudiado un grado universitario con los mismos créditos -como abogados, economistas, físicos, biólogos, psicólogos o periodistas, por ejemplo-, que actualmente están adscritos al grupo A1 con una titulación idéntica, lo que representa una evidente discriminación hacia una profesión mayoritariamente de mujeres. Lo que venimos a pedir es que todos pertenezcamos a un
único Grupo A, sin subgrupos.
No podemos seguir dando pasos atrás. Si tanto reconocían en los discursos el valor de las enfermeras como espina dorsal del sistema sanitario, tengan el valor de transformar las palabras en hechos. La enfermería
es una profesión formada y altamente capacitada y no vamos a tolerar más ninguneo por parte de las instituciones políticas. Los grupos parlamentarios nos tienen que escuchar y tienen que llevar estas reivindicaciones a las sesiones de debate. No podemos perder más tiempo con algo que debería ser de sentido común.
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