El
Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica (UGC) es, quizás, una de las normas más importantes para el sector sanitario que se apruebe en esta legislatura. Sin embargo,
desde su nacimiento, el decreto no ha estado exento de polémica. Primero entre médicos y enfermeros por el liderazgo de estas unidades y, ahora, entre las propias organizaciones sindicales a cuenta de su presupuesto. Por un lado, los sindicatos de clase (
CSI-F, CCOO y UGT) hablan directamente de herramientas que
“abrirán la privatización al sistema público” y han sacado todo su arsenal (como denunciarlas ante la Audiencia Nacional) para pararlas. Por otro, los profesionales (
CESM y Satse) tachan de
“populistas” a sus compañeros de negociaciones y dan una oportunidad de mejora al real decreto, especialmente, en aquello que se refiere al
liderazgo, los
incentivos y la
no libre designación de los cargos. Curiosa disputa la que mantienen los sindicatos teniendo en cuenta que
ambas partes rechazan de lleno el texto que Sanidad ha puesto sobre la mesa. Unos, por considerar que el sistema tiene otras prioridades a día de hoy, y otros, por ser insuficiente para potenciar el futuro de la profesión sanitaria.
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