Se escuchaba en los pasillos, se discutía en los despachos y este martes, finalmente, se ha dado el
carpetazo definitivo a la Ley de Colegios Profesionales. Al menos durante la presente legislatura. La justificación oficiosa planteada por el Ministerio de Economía es que
prefieren esperar a los resultados de la revisión de la Comisión Europea sobre la directiva de cualificaciones profesionales antes de seguir avanzando con el texto. Es una buena excusa para mandar
el anteproyecto al cajón (para hacer compañía a la reforma del aborto) y tiene su lógica: para qué hacer una remodelación de las profesiones cuando justo ahora Europa está en proceso de redefinirlas. Sin embargo,
el argumento queda muy endeble cuando se conoce el dato de que dicha revisión europea se puso en marcha a finales de 2013. Si Economía la estuviera esperando realmente se habría ahorrado los innumerables borradores, las polémicas y las reuniones con los colegios que han sumido en la incertidumbre a los profesionales españoles durante los últimos años. Con este argumento debilitado, el principal motivo del aplazamiento se hace obvio:
estamos en año electoral, y levantar a un millón de profesionales en contra del partido ahora en el Gobierno no es, ni de lejos, una buena idea.
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