Asturias ha sido la última autonomía en apuntarse a la renovada moda de garantizar tiempos máximos de espera en los servicios públicos de salud. Cuando las listas se incrementan y los pacientes se acumulan por todos lados -y estamos en uno de esos momentos, tanto en los quirófanos, como en las consultas y en las pruebas-, las administraciones tratan de reaccionar poniendo un límite legal al tiempo de demora, más para posibilitar una
reclamación por parte del ciudadano, que para corregir las deficiencias asistenciales de su competencia. Pero también es cierto que cuando las esperas se alivian y las listas decrecen, la garantía legal no preocupa tanto: ni a las administraciones ni a los pacientes. Más allá de establecer un número máximo de días de demora, lo más conveniente parece hacer una
gestión óptima de las esperas, que siempre existirán, estableciendo prioridades razonables, con medios técnicos y humanos suficientes.
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