Entre las autonomías que manifiestamente están en contra de su aplicación –
Canarias es la última que ha formalizado su rechazo mediante acciones legales- y las que dudan sobre su efectividad o la posibilidad técnica de llevarlo a cabo, no hay quien encuentre un servicio de salud decidido a implantar el copago hospitalario. Las distintas administraciones sanitarias no sólo tienen la sospecha de que es una medida socialmente
injusta, sino que además es electoralmente costosa. Y, claro está, se afanan en eludirla. Solo su autor intelectual, el Ministerio de Sanidad, parece convencido de sus virtudes como medida para corregir el desequilibrio económico, como justificó en su día el presidente Rajoy. Si esos mismos
desequilibrios, que ya no parecen tales, acaban de explicar el cambio de opinión del Gobierno en otros copagos, quizá sea cuestión de semanas que el hospitalario corra la misma suerte.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.