Después del fracaso en el
intento de externalización en Madrid de varios hospitales de gestión directa
el concepto ‘sanidad pública’ ha pasado a engrosar los preprogramas electorales como algo muy poco definido, pero que
el político de a pie cree que vende muy bien. Este lunes la
presidenciable Susana Díaz ha anunciado incluso su intención de legislar al respecto con una ‘
Ley de Garantía y Sostenibilidad del sistema sanitario público’ que dice estará lista en 2016. Horas después el secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, ha reiterado la idea para su traslado al ámbito nacional. Pero más allá del negro sobre blanco de los discursos oficiales está la realidad.
¿En qué consiste este blindaje? ¿Qué pasa con las empresas públicas que gestionan desde hace años centros en Andalucía?
¿Se va a poner más dinero público encima de la mesa para sanidad? ¿Hay intención de acabar con los conciertos con la privada? La experiencia en el sector demuestra que
entre el dicho político y el hecho que detecta el usuario del Sistema Nacional de Salud va más que un trecho. Por eso estos anuncios sin un respaldo argumental detrás suenan a propaganda electoral sin más.
“Pública y de calidad” (faltaría más), reiteran los políticos sin dar pistas de cómo cristalizarlo.
El 24 de mayo está a la vuelta de la esquina y el
efecto Podemos ya se deja ver: por un lado la formación de
Pablo Iglesias comienza a cobrar peaje a quien necesita pactar; y por otro fuerza al resto de las formaciones a ser
más papistas que el Papa ante el temor de perder votos.
Y mientras, el debate profesional sobre la necesidad de la reforma del sistema sanitario español
descansa olvidado porque en época de elecciones no es políticamente correcto.
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